|
Por
Felipe Yapur
 Los
senadores de cualquier bloque, sub-bloque o provincia están de
acuerdo con debatir y dar media sanción a la ley de Reforma Política.
Al menos así lo expresan públicamente. El problema es sentarlos
a todos en el recinto. Prueba de ello fueron las dos sesiones que pasaron:
en la primera no hubo quórum y en la del miércoles pasado
apenas lograron aprobar en general el proyecto y en particular 10 artículos,
los menos conflictivos, del centenar que están propuestos. Resta
aprobar los puntos polémicos como la eliminación de las
listas sábana y el financiamiento de partidos y campañas.
Una tarea difícil para el oficialismo, que reanudará el
lunes las negociaciones.
El proceso de aprobación de la ley será complicado. Por
eso es poco probable que el miércoles haya media sanción
y se tenga que esperar algunos días más. Todavía
resta mucho por conversar. Fuentes del bloque opositor sostienen que no
sólo hay que negociar los artículos polémicos, “también
hay que hablar sobre las designaciones del resto del directorio del Banco
Central”. También advierten que no quieren que el gobierno
nombre solo a los que faltan: “Nosotros también queremos participar”.
Todo un anticipo de lo que los hombres de Fernando de la Rúa tienen
por delante antes de poder contar con la reforma política tan deseada
y anunciada.
Más allá de las negociaciones, es inocultable la resistencia
que la norma genera en todos los bloques. Por caso, no hay un dictamen
único sino cuatro. Y aunque Carlos Corach y José Carbonell
son autores de dos proyectos, es en el bloque justicialista donde existe
mayor resistencia. O, mejor dicho, más se expresa: en el radicalismo
también hay problemas.
Formalmente se dice que el senador representa su provincia, pero muy a
menudo el legislador es un dependiente de su gobernador, lo que se nota
en el rumbo de las decisiones que toma. En el PJ, por caso, el rechazo
de sus integrantes a la reforma política está íntimamente
relacionado con el disgusto que la ley provoca a los gobernadores, que
la consideran más que inoportuna. Sobre todo por las limitaciones
que prevé a las campañas electorales y, fundamentalmente,
al financiamiento privado.
Pero aquí también juegan las diferencias internas. A José
Luis Gioja, quien el martes acordó junto a otros miembros de su
bloque con los ministros Domingo Cavallo y Chrystian Colombo una salida
rápida a la ley, le cuesta disciplinar a su bloque. Sus principales
opositores son los legisladores que responden al entrerriano Augusto Alasino,
que le cuestionan “el haberse cortado solo” y su excesiva dependencia
del menemista Eduardo Bauzá a la hora de las decisiones. Entonces,
aprovechan este tema conflictivo para erosionar su conducción.
Entre los radicales el escenario no es muy diferente, pero su papel de
oficialismo los obliga a medir sus opiniones en público. Apáticos
en el recinto, escuchan los discursos sin inmutarse, con la excepción
de Luis Molinari Romero y Pedro Villarroel, que si bien comulgan con la
UCR, representan al Frente Cívico y Social de Catamarca. Los demás,
silencio y cuando un artículo no es de su gusto: mutis por el foro.
Las repentinas ausencias del recinto tienen su lógica. La reforma
política presenta dos complicaciones de orden reglamentario. Al
no contar con un dictamen único la Cámara alta sesiona en
comisión. Esto significa que los dictámenes se relativizan
y la aprobación de los artículos exige una mayoría
calificada, que en números significa 37 votos afirmativos. En la
sesión del 16 de mayo sólo había en el recinto 35
senadores. En la del 23, cuando se aprestaban a votar la modificación
a las listas sábanas, había 37 presentes. El número
mágico, pero que encerraba un peligro: un único voto negativo
haría caer el artículo. El titular del cuerpo, el radical
Mario Losada, consciente de ello y visiblemente nervioso no sólo
por no saber cómo votaría el PJ, sino también por
lo que harían sus correligionarios, prefirió pasar a cuarto
intermedio hasta el próximomiércoles seguro de que en una
semana se puede torcer alguna voluntad díscola.
|
Plata,
internas y listas
Los dos puntos
de la reforma política que generan mayores conflictos entre
los senadores son la eliminación de las listas sábanas
y el financiamiento de la política. El proyecto plantea la
aplicación de un sistema mixto para los distritos donde se
eligen más de quince diputados nacionales, como Capital Federal,
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para reemplazar las sábanas.
En voz alta nadie se queja. Pero en los pasillos la cosa cambia
y se escucha el rechazo, especialmente de los representantes de
las provincias afectadas por el sistema que impulsa Carlos Corach.
La modificación prevé que los electores podrán
elegir a sus representantes por mitades, entre el actual sistema
de representación, el D’Hont, y –aquí la
novedad– por circunscripción. Es un poco difícil,
pero Corach jura que es la mejor forma de responder al reclamo popular.
De aprobarse, el nuevo sistema regiría recién a partir
del 2003.
El financiamiento tiene mayores resistencias, no sólo de
los senadores sino también de los gobernadores que objetan
el acortamiento de las campañas políticas y aun más
las limitaciones al financiamiento a los partidos políticos.
El dinero para los partidos llegará por dos canales: estatal
y privado. Como en la actualidad pero mucho más acotado porque
el aporte privado será del dos por ciento de los gastos permitidos
por ley.
Pero es posible que el miércoles, cuando vuelvan a sesionar,
los senadores tengan un tercer elemento de conflicto: la propuesta
de algunos radicales de que las internas abiertas no sean sólo
para presidente y vice, sino también para senadores y diputados
nacionales.
|
OPINION
Por
Juan Abal Medina (h.)*
¿Lo
mismo por menos plata?
|
|
En los primeros
años noventa, cuando gran parte de nuestro país se
sentía a las puertas del primer mundo y los dirigentes oficialistas
lucían sus mansiones y autos de lujo despreocupadamente en
las revistas, Chacho Alvarez desde su banca de diputado impugnaba
el vaciamiento de la política y la creciente corrupción.
La propuesta central de la fuerza política creada por Alvarez
–el Frente Grande– era sin dudas la de reformar la política
con la intención de convertirla en un ámbito capaz
de transformar la realidad. En aquella época, ese planteo
era sistemáticamente ridiculizado por el resto del espectro
político que lo consideraba ingenuo, secundario o peligroso.
Casi diez años después, parece ser que el conjunto
de la sociedad se ha convencido de la urgente exigencia de reformar
la política. Por supuesto que mientras tanto ocurrieron muchas
cosas, como el hartazgo moral de la sociedad con el menemismo, las
promesas de la Alianza, la progresiva claridad sobre los grandes
negociados de la década pasada y, fundamentalmente, la renuncia
de Alvarez al Senado. Hoy en día, tanto referentes de distinto
signo político –De la Sota, Ruckauf, Mestre, De la Rúa–
como numerosos medios señalan la necesidad de emprender tal
acción y proponen diferentes modalidades para llevarlo a
cabo.
Sin embargo, que todos hablen de reforma política no significa
que estén refiriéndose a lo mismo. Así la mayoría
de las propuestas actuales se central en criterios economicistas
de reducción del costo directo de la actividad política,
es decir, de los sueldos, el número de representantes o cámaras
y sus presupuestos.
Es importante reconocer que reducir el gasto en la política
es sólo una de las cuestiones de una reforma, importante
sí, pero sólo si viene acompañada de otras
que le den sentido. Si no reconociéramos este aspecto caeríamos
en la falacia de sostener por omisión que legislaturas como
la de Santiago del Estero son modelos a imitar por el resto del
país. Usando algunos ejemplos elementales podemos decir que
el Senado con sus 72 miembros no es mejor que la Cámara de
Diputados aunque ésta la cuadruplica en tamaño. Asimismo,
una reducción en los sueldos de alguna legislatura provincial
no impide en nada que los mismos legisladores recurran a otros métodos
(fondos en negro o venta de votos) para mantener o incluso incrementar
sus ingresos.
Si partimos de la base de que la política funciona mal lo
importante es trabajar para que funcione mejor y no simplemente
para que siga siendo mala pero más barata. Es imprescindible
ubicar el centro de la discusión en la calidad y no sólo
en el costo del andamiaje institucional de la actividad política.
Control ciudadano, capacitación de la dirigencia, eficiencia
en la tarea legislativa, nuevos mecanismos de selección de
las candidaturas son algunas de las tareas pendientes.
Como viene sosteniendo Alvarez con sus palabras y sus hechos, la
corrupción en política no es un simple problema moral
de los políticos sino que se refiere a la capacidad de la
política de actuar con autonomía y libertad de los
intereses económicos de cara a toda la sociedad.
* Director
Ejecutivo del INAP.
|
OPINION
Por
Daniel Zovatto G.*
¿De
verdad, o saludo a la bandera?
|
|
Qué
duda cabe de que el tema del financiamiento de los partidos políticos
y de las campañas electorales es clave para la salud y la
calidad de la democracia. ¿Cómo explicar entonces
que 18 años después del retorno de la democracia y
a 7 de la nueva Constitución sigamos con un deficiente marco
regulatorio, con bajísimos niveles de transparencia y con
una práctica basada en el “pacto de silencio”?
Admitámoslo, es una situación vergonzosa que demanda,
de cara a la gravedad de la actual crisis política y de la
creciente demanda ciudadana, una respuesta rápida, integral
y eficaz.
No es un tema nuevo, pero en la actualidad presenta características
muy especiales respecto del pasado, debido entre otras razones a
la nueva manera de hacer política, crecientemente apoyada
en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión,
lo cual ha disparado exponencialmente los gastos electorales. Diversas
investigaciones estiman que en 1999 los partidos gastaron más
de 260 millones de pesos en las campañas nacionales, provinciales
y locales.
La necesidad de los partidos de contar con más recursos,
tanto públicos como privados, llevó a una progresiva
relación patológica entre dinero y política,
que trajo un alto descrédito de los partidos y puso la política
bajo sospecha. Entre los principales vicios cabe destacar: la creación
de empleos inexistentes; el desvío de servicios (empleados
que en lugar de sus funciones se dedican a trabajos políticos);
la compra de votos para internas abiertas (grupos organizados que
se alquilan para votar en más de un partido); el cohecho
anticipado (recepción de dinero por personas o empresas que
esperan beneficios o privilegios ilícitos); el cohecho stricto
sensu (retornos por parte de contratistas en acción); la
defraudación a la administración pública (lo
mismo de arriba pero con sobreprecios), etc.
De ahí la urgencia de la reforma, que debería girar
en torno a seis objetivos centrales: fortalecer el sistema de partidos
y contribuir a mejorar la calidad de la política; disminuir
la demanda de dinero controlando los disparadores del gasto electoral;
lograr mayor niveles de transparencia y publicidad tanto en materia
de ingresos como de egresos; asegurar las mejores condiciones de
equidad posible en la contienda electoral; disminuir los más
que se pueda el tráfico de influencias, la corrupción
y el ingreso a la política de dinero del crimen organizado
y el narcotráfico; y colocar la administración de
los recursos públicos y el control del funcionamiento del
sistema en manos de un órgano idóneo, eficaz e independiente
del poder político.
Más concretamente, los objetivos específicos:
- Reducir la necesidad e influencia del dinero (acortando campañas,
haciéndolas más austeras mediante la fijación
de topes a los gastos electorales e imponiendo límites a
las contribuciones individiduales);
- Promover condiciones más equitativas en la competencia
electoral, incluido el espinoso y fundamental tema del acceso a
los medios de comunicación, especialmente a la televisión;
- Mejorar el uso del dinero público invirtiéndolo
en actividades más productivas para la democracia (capacitación
y formación de cuadrosfortalecimiento de los partidos) y
no derrochándolo en campañas estériles;
- Propiciar mayores niveles de publicidad y transparencia, tanto
en materia del origen (acabando con las contribuciones anónimas)
como en lo que hace al destino y uso de los fondos públicos
y privados.
Pero es preciso ir más allá de las reformas electorales,
evitando caer en ese típico mal latinoamericano de pretender
solucionar todos nuestros problemas a punta de “leyes de papel”.
La reforma será poco efectiva si la misma no es acompañada
por otros dos cambios adicionales.
El primero es el fortalecimiento de los mecanismos de control, verdadero
talón de Aquiles del sistema. Es imprescindible el establecimiento
de un órgano de control políticamente independiente,
integrado por profesionales idóneos, dotado de los recursos
financieros y técnicos necesarios para llevar a cabo su labor.
Importa asimismo endurecer y volver eficaz elsistema de sanciones,
incluida la pérdida del cargo y la pena de prisión
en casos de violación de la ley: por más que se mejoren
todos los aspectos legales mencionados si no hay un eficaz sistema
de control y sanciones, terminará siendo un “saludo
a la bandera”.
La segunda pasa por demandar un cambio en la manera de hacer política,
es decir en la actitud, los valores y el comportamiento de los políticos.
En otras palabras, una nueva convergencia entre ética y política.
Resumiendo, la frustración acumulada durante estas casi dos
décadas evidencia que la reforma del financiamiento de la
política es un asunto demasiado serio para dejarla únicamente
en manos de los políticos. Requiere una ciudadanía
activa y organizada, y medios de comunicación vigilantes,
factores claves para garantizar que el proceso reformador no termine
siendo víctima del status quo ni del gatopardismo.
* El autor,
argentino radicado en Costa Rica y Suecia, es experto laboral y
trabaja como Senior Executive para International IDEA.
|
OPINION
Por
Rosendo Fraga *
El
ñoqui como pecado
|
|
No es fácil
hacer un cálculo sobre el costo de la política. Para
una aproximación se puede tomar la estructura de cargos electivos,
que en la Argentina alcanza a 16.508 cargos. De ellos, el 2 por
ciento son nacionales, el 8 por ciento provinciales y el 90 por
ciento municipales. Un cálculo aproximado puede partir de
que hay cinco personas en promedio trabajando en el sector público
por cada cargo electivo. Ello implicaría un total de 99.048
de personas que trabajan en el sector público en función
de la estructura política. Entre este personal, se encuentran
los tan mentados “ñoquis”. Teniendo en cuenta el
promedio salarial que cobran los legisladores y su personal a cargo
–secretarios, auxiliares, ayudantes, etc.– puede estimarse
en un total de salarios de aproximadamente 2 mil millones de dólares
al año. Esta cifra equivale aproximadamente al 2,4 por ciento
del gasto público total, incluyendo el gasto público
nacional, provincial y municipal. Este sería el costo salarial
que implica para el Estado el sostenimiento de la estructura político–electiva.
Frente al costo que implica pagar uno o dos pesos por voto, para
financiar los partidos –podríamos hablar en este caso
de 10 o 20 millones al año–, es evidente que el costo
salarial es muchísimo más alto. Un cálculo
aproximado muestra que las campañas presidenciales de los
partidos mayoritarios, de acuerdo con las cifras de 1999, pueden
haber implicado un costo de entre 120 y 150 millones de pesos. Un
cálculo aproximado sobre el costo de las campañas
legislativas realizadas al margen de la elección presidencial
y de las internas puede alcanzar entre 50 y 60 millones más.
Es decir que las cifras que se gastan en campañas es aproximadamente
el 10 por ciento del costo salarial, y el costo estatal directo
del Estado para sostener los partidos es de aproximadamente el 1
por ciento del costo salarial estatal. En general, este número,
como porcentaje del PBI o como porcentaje del presupuesto nacional,
es menor al del promedio de los países desarrollados, sin
que pueda realizarse una comparación consistente con un promedio
de los países de América latina, aunque claramente
es superior a Chile y Uruguay. Las cifras mencionadas podrían
disminuirse a la mitad, sin alterar el funcionamiento real y efectivo
del sistema político. Un ejemplo de ello ha sido la Legislatura
de Formosa, que redujo en un 30 por ciento sus recursos, sin que
ello afecte en modo alguno su funcionamiento. Las medidas propuestas
por Ricardo López Murphy contemplaban bajas específicas
de este gasto político, una de las situaciones que contribuyeron
a su renuncia. La percepción de la población y de
la dirigencia política respecto de este problema es muy diferente.
El ñoqui es un pecado venial para el político, mientras
que para una persona común es la más grave de las
corrupciones. Es que cuando en un país con salario promedio
de 550 pesos y 15 por ciento de desempleo, alguien ve que un amigo,
un vecino o un pariente gana tres o cuatro veces más sin
ir a trabajar, ello produce un efecto moral devastador y eso es
lo que debe advertir la clase política.
* Director
del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
|
|
