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Por
Cristian Alarcón
 Con
los penales federales saturados, el sistema de salud en crisis, los guardias
formados con planes de estudio medievales, y una población cuyo
crecimiento se triplicó en lo que va del año, el secretario
de Política Penitenciaria, Alvaro Ruiz Moreno, está a punto
de poner en marcha una serie de reformas que van desde la construcción
de cuatro nuevas cárceles hasta la creación de un instituto
universitario para guardias. “Nosotros desnudamos la realidad en
toda su crudeza. En las cárceles hay drogas, hay sida, y hay relaciones
que contagian sida y enfermedades de toda índole”, dijo Ruiz
Moreno, en una entrevista con Página/12, antes de anunciar que
su gestión repartirá gratuitamente preservativos en las
cárceles. “Sincerando la realidad es que podemos desarrollar
un plan estratégico”, argumentó.
El funcionario niega los altos costos de la remodelación de su
despacho –denunciado por un semanario– y muestra, eso sí,
su nuevo hobby, una colección de facas, púas y hasta una
boleadora carcelaria. Las requisas que se han hecho en las cárceles
federales, donde se alojan siete mil de los 43 mil detenidos que hay en
todo el país, dejaron este botín oficioso que ahora se expone
tras una vitrina en su despacho. No debe haber símbolo más
cabal de la alta conflictividad y tensión que se vive en los penales
argentinos. Ruiz Moreno, que muestra su recién terminado Documento
Base del Plan de Gestión de Política Penitenciaria 2001,
rodeado de asesores, está listo, dice, tras cinco meses de silencio,
a reconocer que “la situación es descarnada”. “Hicimos
un estudio de diagnóstico y nos encontramos con enormes déficits
–admitió–. Se vive en condiciones de hacinamiento que
no dan cumplimiento a la Constitución.”
–La derogación del dos por uno, apoyada por el Gobierno, va
a causar un aumento fuerte de la población carcelaria –le
planteó este diario.
–Esa situación es real y la vamos a enfrentar a través
de un programa que ya iniciamos de construcción de cárceles
nuevas con el cual pretendemos ponernos al día. Además de
que ya reforzamos la seguridad en todos los penales, recordamos el sangriento
motín que hubo cuando (el intendente Luis) Patti propuso eliminarlo.
No sólo la levadura que implica para el sistema penitenciario la
derogación de una ley que acorta las condenas es lo que empuja
al gobierno a construir más cárceles. El aumento de la pobreza
y la profundización de la crisis económica en curso son
motivos suficientes para la preocupación oficial. Las estadísticas
del Ministerio de Justicia marcan la tendencia: durante los cuatro primeros
meses del 2001 se triplicó la cantidad de presos federales que
se sumaron a las cárceles. Entre enero y abril del año pasado
fueron detenidas más de cien personas acusadas de narcotráfico
o contrabando. Este año ya son más de 350. “En materia
de criminalidad, el crecimiento de la pobreza es directamente proporcional
a la cantidad de ilícitos que se cometen; en el caso de los delitos
federales no es diferente a los comunes y su relación con las consecuencias
de esta crisis”, admite Ruiz Moreno.
Esos índices se repiten a lo largo del país, pero no hay
zona más caliente que las fronteras norte, tanto con Bolivia como
Paraguay. Por eso el gran cuello de botella del SPF está en Salta
y Jujuy. Hace dos semanas se supo que la Gendarmería Nacional tuvo
la demasiado pragmática idea de crear celdas en contenedores, tal
como los que existen en el puerto de Buenos Aires, pero en Salta, para
desagotar de esa manera la saturada cárcel provincial. Ruiz Moreno
negó la autorización para que esas celdas sean inauguradas.
–¿Qué alternativa ofrecen ustedes?
–Pensamos trasladar a presos a otras cárceles, en el resto
del país.
Hasta que podamos poner en marcha la cárcel de Güemes y la
de Coronda.
En Güemes, Salta, se construirán 25 mil metros cuadrados.
El complejo tendrá capacidad para 300 varones y 208 mujeres. Es
el lugar en el que más espacio para ellas se previó: la
tendencia indica que sigue creciendo lacantidad de mujeres y menores apresados
por delitos de narcotráfico. “Las mulas son casi todas de
la zona”, indica el funcionario. Coronda, en el litoral-centro, donde
aún no existe un penal federal, tendrá espacio para 256
varones y 48 mujeres. Como aumenta también la cantidad de jóvenes
adultos que caen por ese delito, en Marcos Paz se construirán dos
nuevos módulos con capacidad para 128 internos cada uno. Pensada
sólo para condenados, la futura cárcel de Mercedes, albergará
a 864 hombres y 312 mujeres. En total, los proyectos de cárceles
suman más de 2200 plazas e implican una inversión de más
de 85 millones de pesos.
–¿Bajo qué concepto están diseñadas las
próximas cárceles?
–Ideamos una política de desarrollo arquitectónico
que posibilite el cumplimiento de lo que manda la ley, que es el proceso
de rehabilitación y tratamiento. La arquitectura penitenciaria
tiene como fundamental misión tener dimensión humana, de
modo tal que se pueda hacer el tratamiento en forma personalizada, pequeños
grupos no mayores de 30, agrupados a su vez en minicárceles de
no más de 300, y articulados con otros establecimientos de lo que
son complejos penitenciarios.
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