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Por
Victoria Ginzberg
 En
la noche del 12 de diciembre de 1976 la guardia llamó a algunos
presos y les indicó que se prepararan para un futuro traslado.
Luego fueron convocados en forma individual, pero esta vez para ser torturados
en el comedor de la alcaidía policial. Al abandonar el lugar, los
autos se dirigieron por la Ruta 11 en dirección a Formosa. En un
camino lateral, a las 4.30 de la madrugada, los 22 detenidos fueron ejecutados.
Estaban fuertemente maniatados y físicamente debilitados a raíz
de la tortura. Así fue llevada a cabo la Masacre de Margarita Belén,
que se pretendió encubrir bajo la figura de un “enfrentamiento
con delincuentes subversivos”. El Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) pidió ayer al juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky,
que abriera una investigación penal para el esclarecimiento de
esta matanza. En la presentación se solicitó la anulación
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, requisito para poder
castigar a los acusados, entre ellos, el jefe del Ejército, Ricardo
Brinzoni, quien en ese momento era secretario de la intervención
del Chaco.
Hace veinte días Brinzoni admitió en declaraciones al diario
Norte que la Masacre de Margarita Belén “no fue un enfrentamiento,
fue un fusilamiento encubierto de detenidos que estaban en la cárcel
U-7”. “A pesar de ocupar un alto cargo político y ser
miembro del Ejército, Brinzoni no denunció estos hechos,
de los que demuestra tener conocimiento. Por el contrario, ningún
funcionario de la gobernación inició actuaciones para determinar
lo ocurrido”, afirma el escrito del CELS. Para demostrar que la Gobernación
del Chaco estaba involucrada en la llamada “lucha contra la Subversión”,
el organismo de derechos humanos cita en la presentación judicial
declaraciones del entonces interventor, general Antonio Facundo Serrano.
“El enemigo así calificado –delincuente subversivo–
es enemigo del ser argentino, de la esencia nacional, del pueblo chaqueño
y naturalmente del gobierno chaqueño. En consecuencia, y por ello,
tendrá la firme respuesta que como enemigo se merece. Sepa también
el pueblo chaqueño que nuestro gobierno, que es el gobierno de
las Fuerzas Armadas, no descansa ni descansará hasta terminar con
este enemigo”, expresó Serrano en mayo de 1976.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, entregó la demanda al
magistrado chaqueño ayer. Fue acompañado por la diputada
Elisa Carrió (UCR-ARI), el dirigente justicialista Adán
Pedrini, la abogada María José Guembe, sobrevivientes de
la masacre, familiares de las víctimas y representantes de organismos
de derechos humanos, centrales sindicales, cámaras empresariales
locales y militantes de organizaciones sociales. Todos ellos caminaron
por las calles de Resistencia hasta los Tribunales. Las veredas quedaron
marcadas por la leyenda “Cárcel a los Asesinos” y “Brinzoni
Genocida”.
La denuncia abarca a unos treinta acusados entre personal del Ejército,
de la policía chaqueña, autoridades de la intervención
y funcionarios judiciales y administrativos. Todos están imputados
de homicidio agravado, desaparición forzada y torturas y el CELS
pidió que se los cite a declaración indagatoria.
Entre los autores materiales de los asesinatos figuran los tenientes Alberto
Martínez Segon y Luis Pateta, del grupo de Artillería 7;
los capitanes Toso y Carnero, del destacamento de Inteligencia 124 y los
policías Gabino Manader y Cardozo. Como autores mediatos o instigadores
fueron señalados, entre otros, el general Cristino Nicolaides,
entonces comandante de la VII Brigada, el ex interventor Serrano, el ex
ministro de Gobierno José Zucconi y Brinzoni. También fueron
imputados los integrantes del Poder Judicial que se presentaron en el
lugar de la masacre con el fin de darle apariencia de legalidad al procedimiento.
El fiscal del juzgado donde se radicó la querella, Carlos Flores
Leyes, es uno de ellos. En 1976 era secretario del juzgado federal de
Resistencia. Flores Leyes seapartaría de las actuaciones y sería
reemplazado por el fiscal subrogante, Jorge Auat, quien hace dos semanas
pidió que Brinzoni sea llamado como testigo en la causa en el que
se investiga la Verdad sobre lo ocurrido en Margarita Belén. A
diferencia de la demanda presentada ayer, aquella no tiene efectos penales.
Para abrir esta querella, el magistrado deberá decidir si considera
inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como
lo hizo en marzo el juez federal Gabriel Cavallo para el caso de la desaparición
del matrimonio Poblete. En el escrito, el CELS señala que los asesinatos
perpetrados en Margarita Belén constituyen “actos de genocidio”
y “crímenes de lesa humanidad” y como tales son “imprescriptibles”
e “inadmistiables”.
La masacre del 13 de diciembre de 1976 fue tenida en cuenta por la Cámara
Federal para condenar a los ex Comandantes. En la causa 13 se probó
que el fusilamiento “se produjo como consecuencia del accionar de
los miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad encargadas de su custodia”.
Además, en el escrito entregado a Skidelsky se menciona que un
par de días antes de la ejecución de los detenidos, el interventor
del Chaco, junto a otros oficiales, sobrevoló en un helicóptero
oficial la zona donde se produjo la masacre y que “días antes
del hecho, el capitán Schenone ordenó al personal del cementerio
municipal cavar varias fosas”.
Mediante un comunicado, el organismo de derechos humanos señaló
que su intención de esclarecer lo ocurrido en Margarita Belén
“no es un hecho nuevo”. En 1984 Emilio Mignone y Augusto Conte,
ex presidentes del CELS, patrocinaron a familiares de las víctimas
en una denuncia contra los responsables de la masacre, en ocasión
de su ascenso. La ley de Obediencia Debida no permitió juzgar a
la mayoría de los involucrados, entre ellos a Brinzoni, que en
ese momento era capitán.
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Mentiras
de represores
Como consecuencia
de las investigaciones realizadas desde el retorno de la democracia
se conocen los nombres de 17 personas que fueron fusiladas en Margarita
Belén, dos de ellas mujeres. Otras cinco personas identificadas
como víctimas de la matanza continúan desaparecidas.
“Quienes participaron de la ejecución habrían
realizado un pacto por el cual todos los integrantes de la comisión
debían efectuar disparos sobre los prisioneros para evitar
arrepentimientos posteriores”, dice el escrito del CELS. Para
ejemplificar las diferentes circunstancias por las que pasaron las
víctimas, en la presentación judicial se detallan
tres casos: * Patricio Blas Tierno fue detenido en mayo de 1976
por el Ejército en Resistencia. El 21 de diciembre de 1976
el ministerio de Interior informó a sus padres que Patricio
estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero el
31 se les informó que su hijo había muerto el 13 de
diciembre en un presunto “enfrentamiento con delincuentes subversivo”
cuando era trasladado a Formosa. El cuerpo de Patricio, totalmente
desnudo y embarrado, fue entregado a sus familiares.
u Fernando Peirola fue detenido en noviembre de 1976 junto a su
esposa María Julia Morresi. Autoridades militares les dijeron
a sus padres que su hijo se había fugado durante un enfrentamiento
armado cuando era trasladado a Formosa. Fernando continúa
desaparecido.
u Carlos Zamudio fue detenido en Misiones en septiembre de 1976
y llevado luego a Resistencia, de donde era oriundo. El Ejército
le dijo a su mujer que se había fugado en Margarita Belén,
aunque después le dijeron que había muerto en un enfrentamiento
en Misiones. Posteriormente le aseguran que falleció en el
“enfrentamiento” de Margarita Belén. Cuando solicitó
la entrega del cuerpo, le contestaron que lo habían inhumado
en Misiones. Finalmente le dieron un cajón herméticamente
cerrado y le ordenaron no abrirlo.
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OPINION
Por
Marta O. de Vásquez *
Un
recuerdo del dolor
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En la “Semana
Internacional del Detenido–Desaparecido”, Fedefam recuerda
con dolor a tantas víctimas de la desaparición forzada,
delito de lesa humanidad. En nuestro continente alcanzan a más
de 100 mil personas, mientras que todavía 69 países
en el mundo sufren este terrible flagelo.
El terrorismo aplicado desde los Estados ha causado miles de desapariciones,
dejando en todos los países la terrible secuela de la impunidad
y miles de familiares afectados con la pérdida de sus seres
queridos que esperan permanentemente e infructuosamente saber de
ellos cómo, dónde y por qué se los llevaron,
quién dio la orden, quién la ejecutó y cuál
fue su destino final.
Denunciamos con honda preocupación las violaciones que países
hermanos siguen sufriendo, como Colombia, donde aumentan las víctimas
día a día con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos
y desplazamientos de pueblos enteros. Existe una persecución
alarmante contra los defensores de derechos humanos en Guatemala,
México, Honduras y Colombia.
Por eso, Fedefam reclama a todos los gobiernos que den finalmente
una respuesta a nuestro pedido de Verdad y Justicia.
* Presidente
de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares
de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).
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