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 A
pesar de que Patricia Bullrich llegó a España con pruebas
de que el gobierno argentino está cumpliendo los compromisos asumidos
con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ayer no consiguió
arrancarle a los directivos del holding hispano la promesa de que aportarán
los fondos frescos que Aerolíneas Argentinas necesita para seguir
operando. La negociación entre la ministra de Trabajo, el titular
de la SEPI, Pedro Ferreras, y Ricardo Cirielli, secretario general del
gremio de técnicos aeronáuticos, continuará hoy,
en una jornada que se supone decisiva. Los españoles redoblaron
la presión sobre ese gremio y el de aeronavegantes para que admitan
reformular sus condiciones de trabajo y la rebaja de salarios, anteponiendo
este acuerdo a cualquier otra negociación.
El encuentro de ayer fue duro. Ferreras arremetió contra el ex
ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, a quien acusó
de no haber honrado los compromisos del acta firmada en octubre pasado.
Sin embargo, la administración de Fernando de la Rúa está
haciendo todos los esfuerzos posibles para satisfacer los requerimientos
de los españoles, que van desde aportar los millones correspondientes
a su capitalización hasta rebajar las tasas aeroportuarias.
Bullrich viajó a Madrid con el decreto 698 recién firmado.
Esta norma libera el servicio de rampas que hasta ahora prestaba en forma
exclusiva la estatal Intercargo, permitiendo que cada empresa pueda autoprestárselo.
Al mismo tiempo, redujo las tasas que cobra la Fuerza Aérea por
mantener la seguridad en los aeropuertos. Y, básicamente, modifica
las normas referidas al tiempo de trabajo, vacaciones, condiciones y adiestramiento
de los tripulantes adecuándolas a las pautas norteamericanas.
En buen romance, esa adaptación significa que todo el personal
de cabina y tierra –no sólo de Aerolíneas sino del
resto de las compañías–, tendrá menos tiempo
de descanso y de entrenamiento. Este cambio de norma, acorde con uno de
los puntos exigidos por los españoles en el plan que presentaron
para la compañía, alborotó el frente gremial.
Los pilotos, hasta ahora los más proclives a aceptar las condiciones
impuestas desde España, dijeron que impugnarán el decreto
porque no se ajusta a derecho. Mientras que la diputada y secretaria general
de las azafatas, Alicia Castro, reclamó ayer al Presidente que
anule el artículo 6, que flexibiliza las condiciones del personal
ya que van “en perjuicio de la seguridad aérea”.
Para Ferreras, sin embargo, estos puntos no son suficientes para cerrar
un acuerdo con el gobierno argentino en torno a Aerolíneas. La
SEPI, socia mayoritaria de la compañía aérea, insiste
en que aún falta que el Estado adelante 8 millones de dólares
pendientes de la capitalización comprometida en octubre y que se
reduzcan frecuencias asignadas a otras compañías aéreas
a favor de Aerolíneas, entre otras pretensiones.
Aunque por sobre todas las cosas, los directivos de la SEPI subrayan la
necesidad de que los siete gremios involucrados firmen el acuerdo que
hasta hoy rubricaron sólo cinco admitiendo flexibilizar sus condiciones
de trabajo y rebajar sus salarios a cambio de estabilidad por dos años.
La presencia de Cirielli, titular del gremio más renuente a celebrarlo,
es significativa: el sindicalista se sienta junto a Bullrich y a Ferreras
para buscar alguna fórmula que permita destrabar la situación.
En declaraciones a Página/12, Bullrich admitió que la empresa
está desfinanciada y que si la SEPI no realiza un nuevo aporte
de capital, “en diez días la compañía dejará
de funcionar”. Pero al menos hasta anoche, la ministra no había
conseguido ningún compromiso de los españoles, por ahora
más interesados en que tanto los gremios como el propio Estado
argentino se avengan a respetar cada punto del Plan Director. Domingo
Cavallo, ayer también en Madrid, insistió con el criterio
de que Aerolíneas es una empresa privada y que, por lo tanto, el
gobierno no tendrá una intervención más directa.
En las próximas horas se sumará a la delegación argentina
un grupo multipartidario de diputados, integrado por Alicia Castro, Alberto
Natale, José Vitar, Gustavo Gutiérrez y Alejandro Nieva.
Los legisladores integran una comisión especial votada por la Cámara
para analizar “la crisis económica y financiera” que
atraviesa Aerolíneas y promover reuniones con sus pares del parlamento
español para recabar información referida a la actuación
de la SEPI, entre otros objetivos. La gran duda es si esa comitiva llegará
a tiempo para negociar algo: si no hay algún acuerdo hoy, Bullrich
y Cirielli podrían emprender el regreso después del encuentro
matutino.
Refriega
en Ezeiza
La
agudización del conflicto por Aerolíneas Argentinas
y la intransigencia demostrada en España por los negociadores
de la SEPI volvió a tensionar al máximo la relación
con los gremios aeronáuticos. Con los ánimos exacerbados
por la duración del conflicto y la persistente demora en el
cobro de sus salarios de abril, los integrantes de la Asociación
del Personal Aeronáutico decidieron trasladarse de Aeroparque
a Ezeiza para impedir las operaciones de Iberia. El primer objetivo
fue impedir que los pasajeros aborden el vuelo de la aerolínea
española que debía partir a las 22 de anoche con destino
a Madrid. La decisión de los trabajadores motivó una
creciente tensión a medida que se aproximaba la hora de embarque,
tensión que terminó en forcejeos y golpes por parte
de la Policía Aeronáutica hacia los manifestantes. El
titular de APA, Ariel Basteiro, explicó que “se decidió
empezar con acciones gremiales con toda nuestra fuerza en función
de demostrar el incumplimiento de la SEPI y del gobierno argentino
en pagar nuestros salarios”. Junto a la intención de impedir
las partidas y aterrizajes de los vuelos de Iberia, no se descartaron
“más movilizaciones a la embajada de España y al
Ministerio de Economía”, señaló Basteiro. |
Sueldos,
sin novedades
Hasta
anoche aún no había certeza de cuándo los trabajadores
de Aerolíneas cobrarían sus salarios de abril, que el
Estado se comprometió a cubrir con 16 millones de pesos correspondientes
a dos cuotas de la última capitalización realizada por
la compañía. El Banco Nación, que intervendrá
en la operación, ayer aún no disponía de los
recursos para concretarla y aunque fuentes de la entidad descartaron
ante Página/12 que hubiera alguna dificultad operativa para
realizar el trámite –desechando la versión de que
habían surgido dificultades con una garantía especial
que habría requerido el Nación–, lo cierto que
el dinero para pagar los sueldos aún no está disponible.
El no pago de salarios es un factor de irritación poderoso,
en el que se inspiró una medida de protesta organizada ayer
por el personal administrativo nucleado en APA. La Asociación
Argentina de Aeronavegantes, uno de los gremios que aún no
firmó un acuerdo general para aceptar flexibilización
y reducción salarial, también condiciona la posibilidad
de dirimir sus diferencias con la empresa en un arbitraje si las remuneraciones
quedan pendientes. En este contexto, la sospecha de siempre cobra
más cuerpo: los españoles buscarían responsabilizar
a los gremios de un eventual cierre de la compañía. |
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