Mientras sus defensores batallan en Tribunales para tratar de mejorar su pésima situación judicial, Antonio Erman González se acomoda en su celda del Escuadrón Buenos Aires para pasar un largo rato encarcelado. Los abogados del ex ministro menemista apelaron ayer la prisión preventiva que le dictó el juez en lo penal económico Julio Speroni por presunto contrabando agravado de material bélico y la negativa del magistrado a otorgarle el beneficio de la excarcelación. En uno de los escritos presentados aseguraron que “los embarques de pólvora debieron ser supervisados por la Aduana”, que en ese momento estaba a cargo del actual ministro de Economía Domingo Cavallo. Y acusaron a Speroni de “confundir temporalmente la vigencia de las restricciones de venta respecto de la República de Croacia”. Ahora tiene la palabra la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
Fuentes judiciales especulan con que difícilmente los camaristas Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos permitan la liberación de Erman porque fueron ellos quienes le señalaron el camino a Speroni cuando le ordenaron que indagara a los ex funcionarios de Menem imputados en la causa. En las dos presentaciones que realizaron ayer los abogados Fernando Archimbal y Carlos Froment cuestionaron las decisiones que tomó días atrás el magistrado y pidieron a la Cámara que revoque las resoluciones y ponga en libertad a González. En los fundamentos de su presentación, que tiene alrededor de 40 carillas, los abogados reseñaron que las exportaciones de armamento a Croacia se realizaron al amparo de los decretos 1697 y 2283, los dos de 1991. “Lo que ocurrió con posterioridad no es atribuible a quien aparece refrendándolos, sino que debe buscarse la persona que no los cumplió como estaba dispuesto”, remarcaron. Los decretos autorizaban la venta de armas a Panamá, país que carecía de fuerzas militares propias y que habría sido utilizado como pantalla para enviar el material bélico a Croacia.
Los defensores negaron que González tuviera conocimiento del envío de pólvora, ya que el material no figuraba en los decretos que firmó su defendido. Afirmaron que los embarques debieron ser supervisados por los agentes de la Dirección General de Aduanas, a cargo en ese momento del actual ministro de Economía Domingo Cavallo. Y agregaron que los elementos verificados debieron ser detallados en actas porque si hubo omisiones ello “no puede ser puesto a cargo del ex ministro, ya que carecía de toda posibilidad de control o dominio” sobre el hecho.
También rechazaron supuestas vinculaciones entre González y el ex interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga. Según los abogados, los embarques a Croacia se produjeron luego del alejamiento de González del Ministerio de Defensas. Esto “permitiría sospechar que fue en ese momento que los controles que se ejercían” sobre Sarlenga “pudieron resultar más débiles, permitiéndole concretar las irregularidades que se denuncian”, escribieron los letrados. La documentación que permitía la salida del país “fue indebidamente controlada por el personal de la Aduana” y “resulta imposible para el ministro verificar si se efectúa una exportación en exceso, después de haber abandonado el cargo”, resumieron.
En el recurso contra la denegación de Speroni al pedido de excarcelación presentado la semana pasada cuando González fue detenido y trasladado al Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería. Los abogados reseñaron que, en el caso del también procesado general Antonio Angel Vicario, a pesar de la oposición del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación decidió anular el fallo que se opuso a la libertad del militar. Todavía está pendiente que el juez federal Jorge Urso resuelva su situación procesal, tras indagarlo en la causa madre como presunto partícipe de una asociación ilícita que vendió armas a Croacia y Ecuador en forma ilegal. El poliministro podría ser procesado como organizador de la banda, con prisión preventiva.

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