“La democracia peligra
como ideal de la sociedad argentina” porque “donde gobierna
el hambre reina el desprecio y la miserabilidad que fácilmente
pueden culminar en la anarquía”, dice el documento que ayer
difundió la Unión Industrial Argentina, como si no hubiera
tenido nada que ver con la política que generó esa situación
al apoyar al gobierno de Carlos Menem cuando las implementó. Y
agrega en ese trabajo: “La perspectiva de una Argentina hambrienta
es inaceptable”. Semejante pronunciamiento, tal vez el más
duro realizado por la Unión en la última década,
fue bien recibido por la Iglesia, a través del presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Estanislao Karlic. Pero
mereció una rápida contestación de parte del secretario
general de la Presidencia, Nicolás Gallo, quien lo calificó
de “lamentable” porque “se ponen a criticar como si fuesen
de otro planeta”. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
salió a mediar. Dijo que el Gobierno recibirá la propuesta
de reactivación “muy esperanzado” y prometió a
los empresarios una cena para hoy con el Presidente para discutirla.
El documento de la UIA es de un alto tono crítico a la situación
social del país. Y se inscribe dentro de la nuevo perfil, más
cercano a los asociaciones intermedias y al empresariado nacional volcado
al mercado interno, que quiere imprimirle la nueva cúpula de la
entidad, liderada por su presidente, el ex empresario textil Jose Ignacio
de Mendiguren, y por el vice, el papelero Héctor Massuh. La Unión
tiene una fuerte inserción entre las cámaras empresarias
del interior del país, que en los últimos años estuvieron
relegadas en el juego interno de poder. En tal sentido no es casual que
el documento defina la crisis destacando tres aspectos: “cierre de
empresas, desnacionalización, desempleo”.
“El tiempo para llevar a cabo las iniciativas imprescindibles se
está agotando y la impaciencia social ya desborda actos cuya violencia
y fuerza transgresora están dictadas por la desesperación”,
afirma. Esos “pasos indispensables”, según la entidad
fabril, son tres:
u “Poner fin al hambre en la Argentina”. “Nuestro país
puede y debe luchar por la eliminación gradual de la pobreza, pero
no puede aceptar que haya hambre entre su gente”, advierte. La propuesta
de la UIA es otorgar un subsidio a los jefes de familia desocupados, el
que podría ser financiado con la restitución de aportes
patronales a las empresas de servicios públicos privatizados.
u El segundo paso apunta directamente a transparentar la Justicia legada
por el menemismo, que por cierto la UIA fue uno de sus principales soportes
al comienzo de la década pasada. “Una justicia envilecida
autoriza, con su propia corrupción, la corrupción de todo”,
asegura, y dice que “sanearla es vital, hacerlo es posible e impostergable”.
u Finalmente, afirma que “se debe disminuir drásticamente
los costos económicos del ejercicio de la política”
para “ajustar los gastos a una realidad en la cual los privilegios
y el derroche lindan con la peor irresponsabilidad”.
El pronunciamiento, en especial en la parte referida al tema social, fue
duramente respondido por Gallo, uno de los hombres de más confianza
del Presidente. “Yo hubiera preferido que el empresariado nacional
le comunicara al gobierno que han armado con sus empresas industriales,
con sus productos remanentes, sobre todo alimenticios, una red solidaria
en vez de ponerse a criticar como si fueran de otro planeta”, disparó.
Mendiguren optó por eludir el reproche. “Gallo debe haber
dado su opinión en base a trascendidos, sin conocer el documento”,
expresó. Pero, por las dudas, aclaró, que la declaración
“no es golpista” y que “no se refiere a que está
en peligro la democracia sino la esencia de la democracia, que es asegurar
un mínimo de bienestar a la gente”.
Colombo, en tanto, sintonizó un canal totalmente distinto al de
Gallo. Confirmó que habrá una reunión con el Presidente
para discutir la propuesta. Y dijo que “esto suma en el interés,
no solamente de lograr consensos y políticas de estado, sino en
el rearmado de una política económica nacional y de un empresariado
nacional”.
GRANDES
CONSTRUCTORAS CRITICAN A CARLOS BASTOS
Extranjeras versus nacionales
La reacción de la Cámara
Argentina de la Construcción, por las modificaciones introducidas
en el régimen de participación de las firmas extranjeras
en el Plan de Infraestructura, motivó que tanto el ministro de
Infraestructura, Carlos Bastos, como el secretario general de la Presidencia,
Nicolás Gallo, salieran a cruzar las críticas. El argumento
unánime fue que las concesiones realizadas a las empresas “locales
de capital extranjero” no se originan en la voluntad del Gobierno,
sino en convenios internacionales preexistentes. Desde el bloque de legisladores
justicialistas se reclamó al Ejecutivo que expliquen de qué
convenios se trata y por qué se suprimió el tope al costo
que deberán pagar los usuarios por las nuevas obras.
Bastos negó que los cambios introducidos al decreto vayan “en
contra de las empresas nacionales sino que apuntan a prevenir posibles
situaciones conflictivas”. Para el ministro “algunos legisladores
advirtieron que podían existir procesos de impugnación de
empresas internacionales de países con los que la Argentina tiene
acuerdos de reciprocidad en el tratamiento de inversiones”. Por su
parte, Gallo, consideró que “cualquiera que sea el origen
de las empresas, los trabajadores argentinos tendrán empleo, se
comprará hierro, cemento, arena y ladrillos nacionales, y se reactivará
la industria de la construcción y asociadas”, justificó.
Ambos funcionarios sintetizaron así los dos cuestiones centrales
de la puja desatada: cuál será el grado de preferencia que
tendrán las firmas locales y cuál es la verdadera subordinación
a los tratados de “protección y promoción de las inversiones”
firmados entre los años 1991 y 1995.
El diputado frepasita Ricardo Vago, secretario de la Comisión de
Obras Públicas de la Cámara, explicó a Página/12
que no debe confundirse la cuestión de la preferencia para las
empresas nacionales, pues “las obras de menos de 45 millones continúan
reservadas para las empresas locales”. Las diferencias surgen con
las licitaciones superiores a este monto, en las que ya no podrá
regir la posibilidad, para las empresas locales de capital nacional, de
igualar los ofertas cuyos precios no superen el 10 por ciento de los propios.
El objetivo de la medida es “no discriminar a las firmas locales
de capital extranjero”. El legislador atribuyó la reacción
de la CAC a “su sistema de representación poco democrático”.
Aunque la CAC agrupa a los dos tipos de empresas citadas, las mismas están
representadas en función de su patrimonio, lo que discrimina a
favor de Techint o Roggio por sobre las subsidiarias de firmas extranjeras,
como Sade (Suecia), Impregilo (Italia) o Dycasa (España). Y es
precisamente con estos países, entre otros, con los que existen
tratados de protección de inversiones. Taxativamente, estos convenios
establecen que no se puede dar a las inversiones del país con el
que existe el tratado un “trato menos favorable” que a las inversiones
locales. Si esto ocurre existen severos efectos económicos. Vago
graficó la situación con la reciente legislación
de “Compre Nacional” de la Ciudad de Buenos Aires, que luego
de la invocación, por parte del Embajador de Estados Unidos de
un tratado binacional, debieron introducirse modificaciones contemplativas.
Desde el bloque de legisladores Justicialista se decidió pedir
al ministro Bastos que explique “de que convenios se trata”
y además por qué se eliminó la cláusula que
establecía que “la contraprestación por parte de los
usuarios debía tener un límite fijado por el costo de la
obra”.
OPINION
Por Alfredo E. Allende *
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Exprimir más
el limón
Cuántos legisladores hubiéramos votado el Plan de
Infraestructura de haber sabido que se le quitarían, por
decreto, la capacidad para las firmas nacionales de mejorar la oferta
cuando lo ofrecido por las de otros países no superase el
10 por ciento de lo propuesto por aquellas?
Y si a ello se le agrega que las empresas no radicadas van a poder
controlar a las locales porque podrán tener el 51 por ciento
de la participación accionaria, ¿qué sentido
han tenido las preocupaciones de los legisladores por dotar a los
empresarios nacionales de la posibilidad de una actuación
fundamental en las obras que el país requiere, luego del
derrumbe empresarial sufrido desde hace una década?
Siento vergüenza, como miembro del Congreso.
Los poderes entregados al gobierno central están destinados
a agilizar y perfeccionar cursos de acción destinados al
desarrollo nacional y llenar vacíos; no para enmendar drásticamente
de plano lo realizado, luego de meses de análisis y estudio
en el Congreso.
Si, por lo menos, la alteración tuviera la finalidad de apoyar
el trabajo local, si en cambio del 10 por ciento de diferencia mencionado
se lo hubiera elevado a un 15 por ciento, no se estaría desnaturalizando
la filosofía de una ley sobre la que se puso la esperanza
de una reactivación vital en el área de las construcciones
en general. Se hubiese estimulado el impulso básico de la
norma.
Pero se hizo lo contrario, cuando todos sabemos que las empresas
extranjeras tienen acceso a créditos internacionales bajos
y que las empresas locales no gozan de una política estratégica
que haga al desenvolvimiento de sus potencialidades.
Siempre favorecer a los que ya están favorecidos por el vínculo
que los liga a los grandes centros concentrados de financiamiento.
Siempre favorecer a los poderosos aún para emprendimientos
menores, como son los que puede emprender la Argentina hoy día.
Ni las migajas para la industria local.
Bellezas del liberalismo ahora neoliberalizado, o sea monopolistafinanciero;
el mismo que nos canjea deuda con el autogeneroso propósito
de subir sus tasas de intereses. Deuda que aumentará en la
medida que se desnacionalizan sus obras de infraestructura con las
remesas de beneficios que se enviarán al exterior.
Hay que exprimir un poco más al limón argentino.
* Diputado UCR-Alianza.
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