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Por Carlos Rodríguez
 Aunque subsisten diferencias
entre la Alianza y el peronismo, la Cámara de Diputados tratará,
en la apertura de la sesión de hoy, el proyecto que le otorga mayores
facultades a la Policía Federal, dándole la posibilidad
de interrogar a sospechosos en el lugar del hecho, requisar ropas, efectos
personales y vehículos. Ayer, en una reunión de la Comisión
de Legislación Penal, fracasó el intento por lograr un dictamen
consensuado al prevalecer las diferencias sobre la posibilidad de que
las actas del procedimiento puedan ser firmadas únicamente por
la policía, sin intervención de testigos civiles. La Procuración
General, a través de los fiscales Maximiliano Rusconi y Daniel
Rafecas, expuso sus objeciones al aspecto más controvertido de
la iniciativa. Esto coincidió con la difusión del informe
anual 2000 de Amnistía Internacional (ver aparte) que denunció
la existencia en la Argentina de “informes de torturas y malos tratos”
por parte de la policía, así como 80 muertes que supondrían
“un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza” por parte
de la institución.
Los fiscales Rusconi y Rafecas expusieron ayer ante los miembros de la
comisión legislativa una síntesis del informe de la Procuración,
cuyos aspectos salientes fueron publicados ayer por Página/12,
sobre 55 casos en los cuales personal de la Policía Federal adulteró
pruebas para incriminar a inocentes. Los fiscales resaltaron que las irregularidades
invalidaron el 45 por ciento de los casos analizados. Los hechos quedaron
al desnudo “precisamente por la presencia de testigos que pusieron
en evidencia el accionar policial”. Esa alternativa será desechada
de triunfar la postura del Justicialismo, que deja todo en exclusivas
manos policiales.
La visión opuesta a la de la Procuración estuvo a cargo
del fiscal de la Cámara de Casación Raúl Plee, quien
argumentó que “no es lo mismo hablar de un procedimiento a
las cuatro de la tarde, en Buenos Aires, donde es fácil conseguir
testigos, que en Orán, Salta, en la frontera”. Dijo que “aunque
suene esquizofrénico” escuchar a fiscales que opinan distinto,
él consideraba que la policía debe actuar aunque no haya
testigos. Según Plee, si lo hubiera hecho en el trágico
intento de asalto en Aguas Argentinas, donde murió un policía,
se hubiera evitado esa muerte.
El presidente de la comisión, el peronista Dámaso Larraburu,
consideró que “es impunidad” dejar en libertad a alguien
supuestamente sorprendido in fraganti por la sola inexistencia de testigos
no policiales. “O es justicia”, replicó el aliancista
Marcelo Stubrin, ubicado en el otro extremo de la larga mesa de deliberaciones.
Larraburu eligió un curioso ejemplo para revitalizar el valor de
las requisas: “Yo vivo en Bahía Blanca y nunca me molesta
que un pasante de la Universidad del Sur me revise los bolsos de arriba
a abajo para buscar posibles productos contaminantes”. Para Stubrin,
la diferencia con la requisa policial es “absoluta y total”.
Larraburu insistió: “Yo quiero que la policía revise”,
algo que nadie parece poner en discusión en caso de que haya testigos.
En la discusión intervino la diputada peronista Norma Godoy, quien
poco aportó al tema, pero abrió otra polémica de
manera inexplicable porque cuestionó a los fiscales. “Se les
dio más poder, pero actúan bastante mal”, sostuvo y
su única referencia concreta estuvo dirigida al fiscal Norberto
Quantín, quien la involucró en la investigación del
caso de presunta sustracción de la niña Rocío Cigarreta.
La intervención de Godoy sirvió para unir a los fiscales:
los tres defendieron a Quantín.
El diputado Ramón Torres Molina, del Frente para el Cambio, quien
posiblemente planteará hoy una postura diferente a la de peronistas
y aliancistas, cuestionó el otorgamiento de mayores facultades
a la policía recordando el temor popular que lleva a que “el
60 por ciento de los delitos no sean denunciados” por desconfianza
hacia los uniformados. También cuestionó las deficiencias
del Poder Judicial, dado que llegan a sentencia “sólo el 0,5
por ciento de las causas” y por todo eso interpretó que la
solución “no pasa por cambiar las normas”. Puntualizó
al respectoque “la provincia de Buenos Aires tiene el Código
de Procedimientos más moderno, pero el delito sigue creciendo”.
La peronista María del Carmen Falbo cuestionó la ausencia
de testigos, argumentando: “¿Quién le paga un año
o más de prisión a una persona inocente?”, en alusión
a los procedimientos truchos denunciados en el informe de la Procuración.
Aunque hay consenso para un dictamen consensuado y aunque existan disidencias
dentro del propio peronismo, hoy se votarán las mayores facultades
policiales, que seguramente exigirán la presencia de por lo menos
un testigo. El peronismo, de no lograr consenso, retirará esa molesta
cláusula.
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La denuncia de Amnistía
Torturas y malos tratos a detenidos en comisarías, homicidios
provocados por balas policiales, represión de protestas y
condiciones degradantes de detención en las cárceles
forman parte del informe sobre derechos humanos en la Argentina,
para el 2000, que presentó ayer la organización Amnistía
Internacional.
Según la entidad, durante el año pasado siguió
recibiendo “informes de homicidios a manos de la policía
y de torturas y malos tratos en comisarías”. “Más
de 80 personas murieron a manos de la policía en circunstancias
que sugieren un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza”,
agrega el informe. Y agrega que “aunque se presentaron cargos
por torturas contra algunos agentes, se desconoce el resultado de
las la mayoría de las denuncias”.
La presentación de Amnistía cita como ejemplos los
casos de dos estudiantes universitarios torturados por la policía
en Misiones; el de la activista travesti Vanesa Ledesma, muerta
en una comisaría de Córdoba, y el de Aníbal
Verón, asesinado por disparos presuntamente realizados por
la policía de Salta durante un corte de ruta, en General
Mosconi, entre otros.
El informe condena además “las penosas condiciones de
reclusión, el hacinamiento y los malos tratos a los reclusos
por parte de los guardias de las prisiones”. También
se denunció que “los abogados que trabajaban en casos
de derechos humanos sufrieron acoso y amenazas de muerte”.
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Sin acecho ni merodeo
El proyecto para introducir en el Código de Convivencia
porteño las figuras del “acecho” y el “merodeo”
murió antes de nacer. La iniciativa, impulsada por el diputado
delarruista Jorge Enríquez, fue rechazada ayer por el gobierno
porteño, en la reunión de gabinete, donde la iniciativa
fue calificada como “oportunista” y “un producto
de miopía política”. Enríquez, vicepresidente
primero de la Legislatura, no asistió a la reunión,
en contra de su costumbre.
También expresó su rechazo el bloque de la Alianza
(con la previsible excepción de Enríquez y de Fernando
Caeiro, que apoyó su proyecto). En una durísima declaración,
los diputados calificaron como “censurable” que se utilicen
hechos como los crímenes de dos policías en Once,
“con fines meramente políticos, jugando con el fundado
miedo a la población”. “Limitar el problema de
la seguridad ciudadana a la cuestión policial presupone una
mirada miope y simplista –afirmaron–. Y pretender abordar
el problema de la seguridad desde una norma destinada a regular
la convivencia contribuye a la confusión”.
El jefe del bloque radical, Cristian Caram, calificó de inconstitucionales
las figuras del acecho y el merodeo, y afirmó que “para
trabajar en serio contra el delito se necesita más policía
en la calle y no demagogia efectista”.
Por su parte, la titular de la Comisión de Justicia de la
Legislatura, Martha Oyhanarte (Acción por la República),
quien también se opone al proyecto, informó que en
esa comisión no se trata ningún proyecto para reformar
el Código.
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