La más diplomática
de las soluciones parece ser la vía judicial por la que se verán
obligados a transitar querellantes y defensores del caso Pinochet. También
la más odiosa para quienes temen ver frustradas las expectativas
de que los crímenes del pinochetismo sean juzgados en su responsable
número uno. Ayer el fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Raúl Rocha, formuló el pedido que puede convertir en meramente
simbólico todo lo actuado desde que el ex dictador volvió
a su patria: un sobreseimiento temporario por motivos de salud. Algo que
parece cortado a la medida de la sensibilidad del desaforado senador vitalicio,
de su familia, sus defensores y de las susceptibles Fuerzas Armadas chilenas.
Pinochet se encuentra procesado como encubridor de 18 secuestros y 57
homicidios calificados cometidos por la Caravana de la Muerte
a fines de 1973 en distintas ciudades del norte de Chile.
El fiscal había sido instruido de presentar un informe sobre si
Pinochet puede enfrentar el juicio. Y en un documento de siete carillas
concluyó limpiamente que no. Se funda para ello en las pericias
neurológicas que determinaron que padece de demencia leve
a moderada y en las médicas que prueban que sufre de problemas
cardíacos, dentales, diabetes e hipertensión arterial. El
derecho a la vida, consagrado por el artículo 19 de la Constitución
chilena, debe primar, según la argumentación jurídica
del fiscal. El otro principio jurídico que se vería vulnerado,
estima, es el debido proceso, también como consecuencia de los
exámenes, según el artículo 42 bis del Código
de Procedimiento Penal. Diez días atrás, en declaraciones
al diario online El mostrador, Rocha había declarado que este
concepto de demencia está totalmente obsoleto
La redacción del informe fue pedido a Rocha en abril pasado por
el tribunal santiaguino ante la petición de sobreseimiento presentada
por la defensa del ex dictador. La cual se mostró ayer entendiblemente
satisfecha. Pablo Rodríguez Grez, jefe del equipo de la defensa,
se apuró a augurar un pronto fin al proceso contra su cliente.
Lo que procede en este caso es el sobreseimiento temporal del general
Pinochet en razón al debido proceso y porque no está en
condiciones de salud de poder enfrentar una defensa en términos
de poder reconstituir los hechos en los que se le atribuye participación,
explicó Rodríguez, casi recitando los términos del
informe de la fiscalía. Y concluyó, triunfalista, yo
creo que está bueno que la venganza en este país termine
y que se le deje tranquilo.
La respuesta de los abogados querellantes no fue menos nítida.
Una vez más el ex dictador está por sobre la ley,
opinó Hugo Gutiérrez. Recordó que hay muchos reos
que se encuentran con enfermedades terminales en las cárceles y
no valido para ellos el argumento del debido proceso.
Sin embargo, Gutiérrez se mostró confiado en que los jueces
que tendrán que fallar respecto al sobreseimiento o no del ex dictador
desestimarán el informe del fiscal. Es que éste sólo
tiene un carácter consultivo, y no vinculante, para los jueces
que verán la petición de sobreseimiento. Gutiérrez
fue rotundo, al esperar que será rechazado completamente
por el tribunal al que le corresponda conocerlo.
La rapidez del informe del fiscal parece una respuesta a la misma Corte
de Apelaciones de Santiago, que el lunes exigió el inmediato fichaje
policial de Pinochet, el que debe ser realizado por la Cuarta Fiscalía
Militar de Santiago en coordinación con el Registro Civil de Identificación.
El mismo lunes, el retirado general acudió al Hospital Militar
de Santiago tras haber sufrido una crisis de hipertensión arterial.
Luego de someterlo a diversos exámenes, los médicos le recomendaron
reposo.
Si la Corte de Apelaciones rechaza la petición de sobreseimiento
de la defensa y entonces rechaza lo recomendado por el fiscal Rocha, será
la Quinta Sala del mismo tribunal la que estará en condiciones
de decidir si acoge o no la petición de dejar sin efecto el auto
de procesamiento contrael ex dictador. Y esto sin perjuicio de los eventuales
recursos que la defensa de éste pueda interponer ante la Corte
Suprema para reclamar por el no ha lugar al sobreseimiento.
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