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Por Cledis Candelaresi
 En un gesto casi impostado,
el Ministerio de Trabajo intentó ayer equilibrar los tantos. En
la misma jornada que formuló ante la Justicia Laboral la presentación
para quitarle la personería gremial a la Asociación del
Personal Técnico Aeronáutico (APTA), también instruyó
un sumario para sancionar a Aerolíneas Argentinas por el atraso
en el pago de haberes. Se trata de un primer y tardío paso administrativo,
cuyo corolario, en el peor de los casos, podría ser la imposición
a la empresa de una multa de hasta 6 millones de pesos.
Tanto una como la otra son, en rigor, herramientas de disuasión
para que el personal de mantenimiento admita extender su jornada de trabajo
y el recorte de su salario, entre otras modificaciones convencionales,
y para que la Sepi afronte una de sus obligaciones ineludibles como accionista,
como el pago de sueldos. Pero en el medio de una situación tan
incierta, los que se previó como un amague puede resultar en ambos
casos una sanción auténtica, si los tribunales convalidan
la decisión oficial.
Apenas puso un pie en Buenos Aires, la ministra Patricia Bullrich consumó
su amenaza de arremeter contra el sindicato que conduce Ricardo Cirielli,
el que hasta ahora se opuso con más tenacidad a firmar un acuerdo
con la Sepi que avale el ajuste previsto en el Plan Director.
A través de la resolución 260, Bullrich instruyó
ayer al departamento jurídico para que denuncie a la Asociación
del Personal Técnico Aeronáutico ante la Justicia, a fin
de que ésta la prive de su personería. Para fundar su solicitud,
el ministerio argumentó que Cirielli alentó medidas de fuerza
que no fueron convalidadas por una asamblea del sector y también
lo acusó de desoír una orden de Trabajo para que garantice
la prestación mínima del servicio.
Según una norma de Transporte, la mitad de los vuelos locales y
de los internacionales es la proporción considerada como servicio
público esencial, que los técnicos se habrían negado
a prestar cuando instrumentaron su último paro en respuesta a los
despidos ordenados por Aerolíneas.
Pero aquella resolución ministerial, primer paso de la presentación
judicial, también incluye argumentos netamente políticos
en sus considerandos. En ellos, Trabajo culpa al gremio de Cirielli de
poner en peligro la estabilidad laboral de los casi siete mil trabajadores
de la empresa con su instransigencia, no aceptando el ajuste que ya admitieron
cinco de los siete gremios del sector.
Bullrich hizo públicamente causa común con la Sepi, advirtiendo
que Aerolíneas tiene las horas contadas si Apta no avala el Plan
Director. Como si la resistencia gremial justificara la renuencia de los
accionistas a aportar fondos frescos para mantener operativa la empresa.
Ayer, sin embargo, realizó un tímido gesto que atenúa
esa preferencia.
Trabajo también instruyó un sumario contra Aerolíneas
por no pagar las remuneraciones correspondientes al mes de abril, medida
que el Gobierno había eludido hasta ahora para no perturbar las
negociaciones. Según la legislación vigente, la empresa
incurrió en una falta grave (porque superó los siete días
de atraso) y, por consiguiente, le corresponde una multa que oscila entre
los 250 y los 1000 pesos por trabajador. Si esta pena se hace efectiva
y su monto deberá ser resuelto por el juez al que le competa el
trámite.
Los fondos para el pago de sueldos fueron prometidos por el Estado, que
se comprometió a adelantar 16 millones correspondientes a dos cuotas
de la última capitalización realizada por Aerolíneas.
Este pago se habría hecho a través de un documento del Tesoro
fechado el 1º de junio, que la empresa no habría podido hacer
efectivo descontándolo en un banco. La realidad es que la Sepi
podría adelantar ella mismo ese dinero que recuperará casi
de inmediato. Pero los españoles no dejaron pasar esta ocasión
para intentar torcer el brazo al gremio rebelde.
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Presión para
que afloje
Hacia afuera, el mensaje fue contundente: los siete gremios aeronáuticos
se encontraban con representantes de las tres centrales obreras
para evaluar la situación de Aerolíneas, reclamar
el urgente pago de los salarios atrasados y condenar la intención
de Patricia Bullrich de intentar sacarle la personería jurídica
a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico
(APTA), el gremio que se niega a rubricar el Plan Director propuesto
por los españoles dueños de Aerolíneas. Hacia
adentro, no obstante, los sindicalistas debatieron sobre la actitud
del sindicato rebelde. Incluso, fuentes de los sindicatos dijeron
a este diario que la intención era “convencer a Cirielli
de deponer su actitud rebelde”. Los gremialistas volverán
a encontrarse esta mañana.
Advertido sobre las recomendaciones que le harían sus colegas,
Cirielli faltó a la cita y, en cambio, envió a emisarios
suyos. El pedido para que la CGT oficial intente convencer a los
rebeldes surgió anteayer durante un extenso encuentro mantenido
entre Rodolfo Daer y Chrystian Colombo. Por otra parte, y ante una
consulta de este diario, uno de los sindicalistas explicó
que la estrategia de los seis gremios que aceptan firmar el Plan
Director es “evitar la quiebra de Aerolíneas, que la
SEPI cumpla y capitalice la compañía en 350 millones
y, con ese dinero, aguantar un tiempo, hasta que la empresa sea
adquirida por otro operador. Los españoles se quieren ir.
Que sea de la mejor manera. Nosotros entendemos que es acordando
ahora, salir de la emergencia, y buscar la solución de fondo
después. De eso queremos convencerlo a Cirielli”, resumió
la fuente.
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“Catastrófico”
La Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
advirtió que una eventual quiebra de Aerolíneas Argentinas
tendría un “efecto catastrófico” entre las
agencias de turismo. “Las agencias de turismo están
muy preocupadas” señaló una fuente de la asociación,
la que además solicitó al Gobierno Nacional que la
mantenga informada “acerca de las gestiones para la salvaguardia
de la empresa”. Actualmente, algunas agencias de turismo tratan
de no vender boletos o paquetes que incluyan aéreos con Aerolíneas
Argentinas debido a la incertidumbre que provoca el conflicto. Si
el pasajero quiere volar con Aerolíneas se lo informa que
si la empresa cesa sus operaciones, se le endosará el pasaje
a otra compañía aérea.
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DENUNCIA
A LA SEPI POR EVASION
Todos a la Justicia por AA
La Corte Suprema de Justicia
de la Nación rechazó intervenir directamente en una denuncia
por el presunto “vaciamiento financiero” de Aerolíneas
Argentinas. El máximo tribunal, por unanimidad, dispuso remitir
a la justicia en lo Criminal Federal la denuncia presentada hace una semana
por el abogado y militante del Partido Justicialista Juan Carlos Ortiz
Almonacid.
Paralelamente, ayer se realizaron varios allanamientos en las oficinas
de Aerolíneas y Austral, ordenados por un juez que investiga la
denuncia. Y el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, confirmó su
denuncia contra la SEPI, la empresa estatal española controlante
de Aerolíneas, por evasión impositiva.
Ayer por la mañana, Agentes de la División Defraudaciones
y Estafas de la Policía Federal allanaron oficinas internas de
Austral en el aeroparque y se llevaron documentación, pasajes y
constancias de esta empresa y de Aerolíneas. El procedimiento se
produjo en cumplimiento de una orden del juzgado en lo criminal de instrucción
39 a cargo de Ernesto Botto, que investiga la denuncia por “vaciamiento”.
Por su parte, Mondino, amplió su denuncia contra la SEPI por evasión.
Según explicó el ombudsman, en la documentación que
entregó al fiscal “figuran dos intimaciones de la AFIP a Aerolíneas
por 11 millones de dólares, producto de la evasión de aportes
patronales”.
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