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 Uno de los caballitos de batalla
de la reforma política era la eliminación de las listas
sábana. Todos los legisladores estaban, en principio, de acuerdo
con ello. Pero no era tan así. Ayer, el oficialismo presentó
una propuesta diametralmente opuesta a la que se discutía. Tras
varias horas de debate, los senadores decidieron mantener el sistema cuestionado
ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Al cierre de esta edición,
el cuerpo suspendía una vez más la sesión cuando
se encontraban discutiendo las elecciones internas abiertas. En un salón
contiguo, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, se aprestaba a exponer
ante los senadores la situación que atraviesa Aerolíneas
Argentinas.
Los senadores llegaron al recinto y tras conseguir el quórum, se
dedicaron de lleno al tratamiento de los dictámenes de la reforma
política. El punto que había quedado pendiente de la semana
pasada no era un tema menor: las listas sábanas. El proyecto que
promovía Carlos Corach se aplicaría en los distritos electorales
importantes, donde por la cantidad de electores se eligen más de
15 diputados nacionales. En esos distritos, Capital Federal, Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe, se votaría por mitades. Una se regiría
por sistema D’Hont y el otro por circunscripción, que deberían
ser implementadas por las legislaturas provinciales.
Corach necesitó algo más de una hora para explicar las bondades
de su proyecto que poco antes del comienzo de la sesión sufrió
un embate imprevisto. Ocurrió que una veintena de diputadas de
diferentes partidos -incluso del PJ– habían llegado al Senado
para advertirles a los integrantes de ese cuerpo que el proyecto menemista
escondía la eliminación del cupo femenino. Pero todo indicaba
que, más allá de la intención de las legisladores,
la eliminación de las listas sábanas no se iba a concretar.
Al menos así lo dejaron trascender senadores radicales.
Y ello se vislumbró cuando el radical cordobés, Luis Molinari
Romero, presentó en el recinto un proyecto alternativo: el voto
por preferencia. Es decir, el votante podría destacar en la boleta
electoral su preferencia por tal o cual candidato. Antes argumentó
sobre las falencias del proyecto de Corach. Primero dijo que la determinación
de las circunscripciones puede dar lugar a la desaparición de la
representación de un partido y para ello recordó lo que
sucedió en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones
de 1954. “El peronismo con el 52 por ciento de los votos se quedó
con el 92 por ciento de las bancas”, recordó el radical cordobés.
“Fue un error de (Juan Domingo) Perón”, se justificó
Corach. Poco después, Molinari le adjudicó un error de apreciación
e interpretación de la Constitución Nacional que estipula
un sistema electoral uniforme y único. El menemista, en tanto,
se desesperaba en su banca, quien exigía a sus colegas de bancada
la urgente provisión de un ejemplar de la Carta Magna.
El ex ministro del Interior alegó que el sistema propuesto por
los radicales había fracasado en la Capital Federal durante los
comicios realizados entre el ‘58 y el ‘62. Mientras, el radical
y el menemista se replicaban, desde las bancas no se notaba demasiado
entusiasmo por defender la propuesta de uno u otro senador. El delarruista
José María García Arecha proponía que los
discursos sean cortos. “No se olviden que invitamos a la ministra
Bullrich para que hable del conflicto aéreo”, advertía
desde el fondo del recinto.
La peronista cordobesa Silvia Raijer decía que el proyecto no era
muy preciso a la hora de respetar el cupo femenino y ofrecía una
redacción alternativa. “Bueno, bueno. Lo acepto”, le
respondió un Corach visiblemente nervioso. Luego llegó el
turno de Augusto Alasino. “Hay que hacerle modificaciones”,
advertía mientras los radicales lo observaban contranquilidad.
La salida la propuso el titular del bloque del PJ, José Luis Gioja,
quien planteó posponer el debate de este tema para otra sesión.
Así se acordó de palabra. Nada indica que pueda llegar a
concretarse.
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OPINION
Por Martín Hourest *
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Cartógrafos del poder
Una política más austera es sin duda un objetivo
loable. Hacer política con gestos de austeridad es deleznable.
La danza en torno a la reducción de salarios de legisladores
y funcionarios oculta el problema central, que es la pobreza de
la representación política, entendida como poner en
presencia, en actos y en políticas la voluntad y necesidades
de la gente y para no caer en el consejo de Madison, sustraer a
los representantes de “las pasiones desordenadas e ilusiones
efímeras” del pueblo.
Es éticamente reprobable y socialmente ineficaz que la actividad
política y las funciones en el Estado se conviertan en vías
para el enriquecimiento personal. O que los partidos se transformen
en agencias de colocación de personal. Pero es políticamente
falso suponer que una reforma política pasa centralmente
por una reducción salarial.
La política se hace austera en términos absolutos
y relativos cuando produce hechos y no sólo gestos que encubren
la continuidad profunda de estrategias de dominación. Gastar
menos para hacer lo mismo sigue siendo una estafa.
La reforma del financiamiento de la actividad política, primer
paso necesario, debe ser entendida como un subtema de una reforma
política integral, que enriquezca al sistema político,
dotándolo de efectiva representación.
Para ello, la puesta en funcionamiento de institutos como la Consulta
e Iniciativa Popular y el Presupuesto Participativo servirán
para democratizar de manera concurrente a la sociedad, a los partidos
y al Estado.
Si el Presidente, los gobernadores, los senadores y los diputados
están tan ansiosos por “relegitimar” la actividad
política, bien podrían sancionar leyes que convoquen
a consulta popular sobre la asignación de un seguro de empleo
y formación para los jefes de hogar y una asignación
por hijo que haga que ninguna familia quede bajo la línea
de pobreza. Sin tendencia a la igualación de oportunidades
la democracia se enferma y se emparenta a la estadística.
Esto implicará para el sistema político, que observa
graciosamente la rotación de los ganadores electorales y
la fijación estructural de los perdedores sociales, replantear
la relación que mantiene con los capitales más concentrados,
rompiendo la subordinación intelectual que lo une a las políticas
de oferta, ajuste y endiosamiento del mercado y la subordinación
material de los partidos necesitados de acceder a los recursos del
Estado o de las empresas para alimentar estructuras que, se supone,
construyen política.
Los políticos deben dejar de convertirse en cartógrafos
del poder (descriptores de imposibilidades) y administradores eficaces
de argumentos para explicar por qué no se hace lo que se
dice y por qué no se dice lo que se hace. Deben demostrar
que los partidos no son denunciantes de la impunidad en los ajenos
y suministradores de impunidad en los propios: esto es, no aplicar
sanciones y convalidar funcionarios corruptos que especulan con
la manipulación de planes de emergencia laboral, tráfico
de influencias o desvían, en beneficio propio o de sus organizaciones,
fondos públicos.
Una verdadera reforma política, que asegure la calidad de
la ciudadanía debe romper tres cárceles: la que somete
la política a la economía vulgar, la que somete a
los Estados a los mercados y la que somete a la gente al destino.
Una democracia de alternativas sociales y no de alternancias cómplices.
* Ex subsecretario del Ministerio del Interior.
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