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 El Ministerio de Defensa informó
anoche que tres oficiales retirados del Ejército fueron separados
de sus cargos por “haber preparado y leído en el Instituto
de Obras Sociales del Ejército (IOSE) un documento que no reflejaba
en sus contenidos los lineamientos establecidos en la política
institucional de Defensa y del Ejército”. “El Ejército
de Hoy, tras largos años de preservar la paz y contribuir al progreso
de la Nación, tubo (sic) nuevamente que emplear las armas para
combatir exitosamente la agresión artera e inhumana de un enemigo
interno al servicio del más despótico de los imperialismos,
el marxismo internacional que a través de acciones terroristas
sin límites trató de sojuzgar a nuestra sociedad”,
leyeron en el IOSE para conmemorar el Día del Ejército con
la misma línea argumental que justificaba el terrorismo de Estado.
La denuncia del diputado Alfredo Bravo hizo público el texto y
Defensa optó por castigar a los oficiales de menor jerarquía.
“Cesaron en sus funciones el teniente coronel retirado Sydney Edgard
Page, responsable del contenido de dicho documento y el coronel retirado
Ricardo Alberto Patrone, secretario general del IOSE”, detalló
el comunicado oficial que llamativamente informa que “también
fue sancionado un oficial superior retirado por no haber controlado esa
acción” pero mantiene en el anonimato al responsable.
En el Edificio Libertador explicaban que el director general del IOSE,
que se desempeña también como director de Bienestar del
Ejército, general de División Alfredo José Noberasco,
no es responsable porque no tiene el manejo directo de la obra social.
En rigor, Noberasco es un oficial en actividad y hubiera sido más
conflictivo para la jefatura de Ricardo Brinzoni tomar una decisión
que implique ese pase a retiro.
“Nosotros no teníamos idea de ese discurso”, repetían
los colaboradores de Brinzoni. Lo mismo decían cuando se descubrió
que el abogado de Brinzoni y el de los más de 600 oficiales que
presentaron recursos de hábeas data ante los organismos defensores
de los derechos humanos era el apoderado del partido nazi en la Argentina,
Torres Bande.
El diputado socialista Alfredo Bravo denunció el contenido del
discurso que se reprodujo en las dependencias del IOSE y lo calificó
como “una afrenta a la memoria de las miles de víctimas de
la dictadura militar y una ofensa a la ciudadanía que reclama Verdad
y Justicia”. Los diputados Bravo, Jorge Rivas, Oscar González,
Héctor Polino, Juan Domingo Zacarías, Fernando Canteros
y Marcela Bordenave advirtieron que “entendemos que no se trata de
un error o un descuido de quienes redactaron y autorizaron la difusión
de este mensaje sino que forma parte de los continuos intentos, promovidos
por Brinzoni, de eludir las responsabilidades de esa fuerza en el terrorismo
de Estado”. Los legisladores presentaron un pedido de informes al
Ejecutivo para que responda sobre las responsabilidades del Ejecutivo.
Ayer Jaunarena le informó al titular de la Cámara, Rafael
Pascual la separación de los responsables inmediatos.
REPUDIO
AL TERROR EN ITALIA
Respaldo a Hebe
Las repercusiones por la agresión
que sufrió el viernes pasado la hija de Hebe de Bonafini llegaron
hasta Milán, en donde ayer un grupo de defensores de los derechos
humanos se concentró frente al Consulado argentino para repudiar
el vandálico hecho. De la protesta también participaron
la actriz italiana Ottavia Píccolo y dirigentes del Partido Ecologista
Los Verdes.
El viernes 25, dos desconocidos ingresaron a la casa de la titular de
la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en La Plata, y torturaron
a su hija Alejandra. Después del ataque, Hebe de Bonafini aseguró
que el objetivo de los individuos podría haber sido secuestrarla
a ella. Los organismos de derechos humanos repudiaron el ataque, y la
protesta de ayer fue una de las primeras realizadas en el exterior con
ese motivo.
Los manifestantes se agolparon frente a las puertas del consulado argentino
en Milán, para denunciar lo que calificaron como un “intento
de intimidación” a los organismos de derechos humanos. Después
de la protesta, Píccolo y los directivos “verdes” fueron
recibidos por el cónsul Carlos Argañaraz.
Píccolo protagonizó recientemente en Roma la obra Buenos
Aires no se acaba nunca, inspirada en Le irregolari, de Massimo Carlotto,
que es un monólogo sobre los desaparecidos. El autor de la obra
es sobrino de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
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OPINION
Por Horacio Verbitsky
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Luces y sombras
El ministro de Defensa Horacio Jaunarena separó de sus cargos
a los responsables del mensaje leído en el día del
Ejército en dependencias de la Obra Social castrense. El
comunicado oficial califica el texto de “polémico mensaje”
y afirma que no refleja “los lineamientos establecidos en la
política institucional del Ejército”. Aquel texto
decía que el Ejército había empleado las armas
“para combatir exitosamente la agresión artera e inhumana
de un enemigo interno al servicio del más despótico
de los imperialismos, el marxismo internacional que a través
de acciones terroristas sin límites trató de sojuzgar
a nuestra sociedad”. El informe sobre las sanciones, distribuido
ayer por la oficina de prensa del ministerio dice que “también
fue sancionado un oficial superior retirado, por no haber controlado
esa acción”. Fuentes oficiosas dijeron que se trataba
de un general retirado, vicedirector de la Obra Social del Ejército,
a quien Jaunarena le impuso un arresto disciplinario. Pero ante
una consulta formal de este diario el ministerio se negó
a difundir los nombres de “los oficiales superiores sancionados”,
lo cual indica que han sido más de uno. El Director del Instituto
es el general de división en actividad Alfredo José
Noberasco. El mismo sigilo usó el Ejército para la
presunta sanción que, según trascendidos, el Estado
Mayor habría impuesto al responsable directo por la contratación
del abogado nazi Juan Enrique Torres Bande y que según esas
fuentes sería el coronel Dalmiro Sosa Mendoza. Las sanciones
secretas por actos públicos de servidores del Estado constituyen
una innovación pintoresca del gobierno radical, más
bien impropia de una República.
El pedido de informes al Poder Ejecutivo presentado por el presidente
de la Comisión de derechos humanos de la Cámara de
Diputados, Alfredo Bravo junto con otros legisladores decía
que “el Ejército de hoy no puede ni debe ser el mismo
que se amparó en las sombras para cometer crímenes
que repugnan la conciencia individual”. Por eso, Jaunarena
comunicó la cesantía de Page y Patrone al presidente
de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual.
En el discurso pronunciado el martes en Palomar, el Jefe de Estado
Mayor, Ricardo Brinzoni dijo que el Ejército fue “partícipe,
como las demás instituciones, como todos los argentinos,
con luces y con sombras, de la historia de la República”,
conceptos que más tarde repitió en conferencia de
prensa el presidente Fernando De la Rúa. Con algo más
de sutileza, ese mensaje también intenta reivindicar el período
1976-1983 como uno más dentro de la continuidad histórica
del Ejército, como si la dictadura militar no hubiera constituido
un período negro, en el que se cometieron miles de crímenes
contra la humanidad. Llamar sombras a ese período tenebroso
es de una absoluta ligereza. La maniobra se completa con la pretensión
de que “las demás instituciones” y “todos
los argentinos” comparten ese claroscuro irresponsable.
Pobre servicio se les hace con esa estrategia a los oficiales que
iniciaron su carrera luego de aquellos hechos, y a quienes de este
modo se intenta contaminar. Es comprensible que Brinzoni, quien
deberá responder ante la justicia por su participación
en la masacre de Margarita Belén pretenda protegerse con
un escudo humano. Pero carece de toda lógica que se plieguen
a ella el ministro de Defensa y el presidente de la Nación.
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