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Por Laura Vales
 “Para mí eran nada
más que inversores con los que podía hacer buenos negocios.
No sabía que los mexicanos estuvieran vinculados al cartel de Juárez,
ni que el dinero proviniera del narcotráfico. No tenía por
qué preguntar de dónde salían los fondos.” Este
fue, de acuerdo a fuentes judiciales, el argumento central que desplegó
ayer el empresario inmobiliario Nicolás Di Tullio al ser interrogado
en la causa que investiga el lavado de dinero del narcotráfico
mexicano. Di Tullio declaró durante más de seis horas y
se mantuvo en línea con la estrategia de Aldo Ducler y los directivos
de Mercado Abierto. Quedó detenido y dejó en los investigadores
la impresión de que varios puntos centrales quedaron sin explicación.
En la causa está probado que el cartel de Juárez lavó,
en operaciones de las que participó Di Tullio, cerca de doce millones
de dólares. Esos fondos ingresaron al país en 1997, a través
de dos cuentas que el empresario abrió en Mercado Abierto. Con
ese dinero se compraron campos, hoteles y casas en Mar del Plata y la
zona de la costa.
Todavía no se sabe cómo desembarcaron los mexicanos en la
Argentina y de qué manera armaron la red para el lavado de dinero.
La versión que ayer dió Di Tullio ante el secretario Sergio
Etchegaray y el fiscal Jorge Dahl Rocha es que los “inversores”
se contactaron primero con él (es decir, no con Ducler) y que ocurrió
casi de casualidad. El empresario aseguró que una persona entró
a su inmobiliaria en Mar del Plata como un cliente más, y que después
de un contacto inicial le mencionó que conocía a unos mexicanos
que estaban interesados en comprar campos. Di Tullio dice que no recuerda
más que el nombre de pila del hombre que llevó a las personas
con las que cerraría negocios por doce millones. Y aseguró
que fue él quien después los contactó con Mercado
Abierto y quien de la misma manera tuvo la idea de abrir las cuentas bancarias
a su nombre para recibir allí el dinero de los mexicanos.
“Nunca me interesó saber sobre el origen del dinero, ni sentí
desconfianza” dijo a los funcionarios judiciales.
También detalló cómo fue consiguiendo inversiones
para los mexicanos a través de su inmobiliaria, un negocio familiar
que supo de décadas prósperas pero que en los últimos
años venía tratando de reponerse de la quiebra. Para Di
Tullio será mucho más difícil de defender su rol
en las operaciones bancarias.
El detenido sostiene, por ejemplo, que desconocía los movimientos
y el manejo de todo el dinero que pasó por las dos cuentas de Mercado
Abierto en el Citibank de Nueva York, ya que se trataba de dinero que
no le pertenecía y que en realidad administraban los mexicanos.
Jura, entre otras cosas, que él se limitaba a “poner la firma”
cuando era necesario y que toda su ganancia consistía en una comisión
sobre la venta de los campos.
Los hombres designados por los jefes del Cartel de Juárez para
cuidar sus negocios en la Argentina fueron dos: Jorge Iñíguez,
un ex policía mexicano que terminó trabajando para el narcotráfico
y Jaime Martínez Ayón. Di Tullio admite haber tratado con
ellos, pero negó en cambio haber conocido a Amado Carrillo Fuentes,
el jefe del cartel a quien llamaban el Señor de los Cielos, de
quien se dice que murió en una operación de cirugía
estética para cambiar sus facciones.
También desmintió haber mantenido un encuentro en el exterior
con los mexicanos para definir cómo y de qué manera se lavaría
el dinero. El agente inmobiliario dijo que en los últimos veinte
años sólo salió del país dos veces, una para
visitar Italia, su país de origen, y otra para viajar a Montevideo
con permiso judicial.
En el expediente judicial dos testigos declararon que en realidad Di Tullio
y su socio Angel Salvia conocían el origen del dinero. Uno es un
testigo de identidad reservada; el segundo, un antiguo empleado delempresario
inmobiliario. En los tribunales anoche no descartan que ambos deban enfrentarse
ahora en un careo.
DENUNCIA
DEL DIPUTADO CORCHUELO
Dos amenazas de muerte
El diputado del PJ de Chubut,
José Corchuelo Blasco, y un empresario dueño de una radio
de Puerto Madryn denunciaron ayer haber recibido amenazas de muerte vinculadas
con sus declaraciones en contra del manejo del Banco del Chubut.
El martes, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas
(ARPA) denunció que en los contratos publicitarios con los medios
locales el banco incorporaba una cláusula en la que obligaban a
no difundir noticias cuestionando el desempeño de la entidad. Como
es lógico, ARPA consideró esa cláusula un “atentado
a la libertad de prensa”. Ayer, el propietario de LU 17 Radio Golfo
Nuevo de Puerto Madryn, Héctor Castro, le pidió a la justicia
que investigue una serie de amenazas de muerte por la difusión
pública de cuestiones vinculadas al banco. Por su parte, Corchuelo
Blasco también vinculó las amenazas telefónicas que
recibió en las últimas horas con sus declaraciones públicas
sobre la actitud de la entidad. “Estamos en manos de aquellos que
hacen uso de las oportunidades que el Estado tiene para beneficios personales
o de grupos”, sostuvo el legislador y añadió que “hay
manejos pocos claros en la provincia”.
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