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Por Eduardo Videla
 La defensora del pueblo porteño,
Alicia Oliveira, pedirá que se declare la inconstitucionalidad
de la Ley de Inmigración, sancionada durante la última dictadura
militar y aún vigente, en virtud de la cual el Poder Ejecutivo
dispuso la expulsión de una ciudadana dominicana, madre de una
niña nacida en Argentina. La deportación fue frenada merced
a una acción iniciada por la Defensoría, aunque sólo
por 48 horas: ese es el plazo que la Dirección Nacional de Migraciones
le dio a la mujer para que presente los documentos de su hija y acredite
los “medios de vida lícitos de que disponga”.
Altagracia Jaquez Paniagua de 29 años, había sido detenida
el martes a la madrugada, en Constitución, y ya estaba todo listo
para su deportación, el mismo día a la noche, en un vuelo
de American Airlines, cuando prosperó un recurso de hábeas
corpus interpuesto por Alicia Oliveira. La defensora del pueblo argumentó
que la mujer no podía ser expulsada ya que es madre de una beba
de dos meses, nacida en Argentina.
Ante la presentación judicial, el organismo dispuso “suspender”
la ejecución de la medida y disponer su “libertad provisional,
bajo caución juratoria”. Mediante una resolución firmada
por el director de Asuntos Jurídicos, Carlos Balcarce, “se
intima a la extranjera para que dentro de un plazo perentorio de 48 horas
acredite el vínculo invocado (con su hija) y medios lícitos
de que disponga”. La mujer recuperó la libertad pero el fantasma
de la deportación sigue vigente.
–El hecho de tener un hijo argentino ¿no le garantiza la permanencia
en el país? –le preguntó este diario a Balcarce.
–No necesariamente. La ley exige para otorgar la residencia otros
requisitos, como que tenga un medio de vida lícito y que no tenga
causas penales.
–En el caso de que se concrete la deportación ¿también
se expulsa a la hija?
–No. Un argentino no puede ser expulsado. La mujer puede irse con
su hijo o no.
“La mujer no pudo obtener el DNI de su hija, Milagros, porque Migraciones
tenía retenida su documentación”, dijo Oliveira a Página/12.
Una nueva gestión de la Defensoría permitió, de todas
formas, obtener el documento. Más difícil es la cuestión
de justificar un ingreso: Paniagua no tiene trabajo fijo y en sus antecedentes
figura el ejercicio de la prostitución, una actividad que la ley
de inmigración contempla como causal de rechazo de la residencia.
Oliveira, con el patrocinio del abogado Diego Morales, pedirá la
inconstitucionalidad de la ley 22.439. “La Constitución equipara
los extranjeros a los nativos en el ejercicio de sus derechos civiles
y tratándose de medidas privativas de la libertad, estas deben
ser adoptadas por un juez y no por un órgano administrativo, como
establece la ley”, se argumenta en la representación.
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