|
Por Cristian Alarcón
 La experiencia mendocina de
reforma en el sistema de seguridad provincial podría, tal como
parecen estar las cosas a nivel nacional, ingresar en la antología
del “Aunque usted no lo crea”, de Ripley. Bajo un “concepto
contrario a las propuestas de mano dura y de tolerancia cero”, según
los propios funcionarios, se ha logrado, en los últimos tres años,
primero controlar el crecimiento del delito en Mendoza, y en lo que va
del 2001, según las estadísticas oficiales, disminuir la
criminalidad por primera vez en la historia. Nada de ello ha sido conseguido
a través del aumento de poderes de la policía, sino de una
reforma parecida a la iniciada por el ex ministro León Arslanian
en Buenos Aires, pero fracasada tras la presión de la corporación
policial y su vinculación con el poder político. Fueron
necesarios tres desaparecidos en democracia, una sanción de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haber logrado
justicia en esos casos –cuya responsabilidad siempre fue de la policía
provincial-, y el asesinato de Sebastián Bordón como extremo
del modelo represivo heredado de la dictadura, para que por fin Mendoza
iniciara una reforma de su sistema de seguridad. Fue después de
la huelga policial de octubre de 1988, cuando los agentes provinciales
se autoacuartelaron frente a la gobernación durante tres días.
El entonces gobernador Arturo Lafalla creó el Ministerio de Justicia
y Seguridad, estructurado en tres áreas; además de las que
le dan nombre, la de Relaciones con la Comunidad. “La concepción
fue que la seguridad no es un asunto sólo de la policía,
sino de la sociedad civil entera, aunque la responsabilidad es del Estado”,
explica a Página/12 Gabriel Conte, secretario de la tercera pata
del Ministerio, por la gestión aliancista que continuó lo
iniciado por el justicialismo.
Acompañando una reforma estructural de la policía –que
fue dividida en seis áreas y a la que se le quitó la figura
del jefe policial y se le puso una jefatura civil– el gobierno lanzó
un plan de canje de armas. Por cada arma que entrega un ciudadano, en
lugares como cámaras de comercio, uniones vecinales, o la propia
secretaría de Relaciones con la Comunidad, recibe un ticket por
el valor de 50 pesos que puede canjear por comida o medicamentos. Así
se recuperaron 2600 armas. A ello se le sumó un teléfono
de denuncias anónimas, el 0-800 22 ARMA, en el que se puede denunciar
la venta, tráfico y alquiler ilegal de armas de fuego. La policía
mendocina no está habilitada para revisar a cada peatón,
o cada auto que controla, pero dispone de detectores de armas. Si la persona
no accede a mostrar lo que lleva encima, puede ser detenido por averiguación
de antecedentes.
Este año, el Ministerio lanzó los denominados “rondines
por cuadrícula” para controlar la seguridad en el Gran Mendoza,
donde vive un millón de habitantes. “Sacamos a la policía
de las comisarías y la pusimos a vincularse con las entidades,
los comerciantes, las asociaciones, las escuelas, con la idea de que cada
patrullero tenga asignada una zona. Pero el afán no es que los
uniformados tomen la ciudad, sino que el policía esté al
alcance de la gente, que lo vean y que siempre sea el mismo”, explica
Conte. La superficie a controlar por cada rondín depende del “grado
de conflictividad de la zona”, evaluado de acuerdo a las estadísticas
sobre cantidad de delitos, cantidad de habitantes, densidad poblacional,
ubicación de escuelas, hospitales, comercios y bancos.
A la reforma de la política de seguridad mendocina, el gobierno
le suma la del Poder Judicial, que hacia fin de año pasará
a tener un sistema acusatorio, inspirado en el Pacto de San José
de Costa Rica, con fiscales y jueces de Garantía. Así, a
contramano de la política de emergencia que se auspicia a nivel
nacional, desde la misma Alianza el gobierno mendocino promociona sus
logros en materia de seguridad: “Según la estadística
policial y las encuestas de victimización, en el año 1998
el delito creció un 20 por ciento. En 1999, creció un diez
por ciento. En el 2000 creció un3 por ciento. En el primer cuatrimestre
de 2001 bajó un cuatro por ciento”, según los datos
repasados por Conte.
TORTURAS
Y MALOS TRATOS EN COMISARIAS BONAERENSES
Una advertencia de la Corte
Abusos sexuales, tormentos,
vejaciones, robos, todo ello en perjuicio de menores de edad, conforman
la espeluznante y detallada lista de denuncias contra policías
de la comisaría 1ª de Quilmes, según la investigación
que desarrolla un fiscal. Y que ahora la propia Suprema Corte de Justicia
bonaerense tomó en consideración: pidió la intervención
del gobernador Carlos Ruckauf, ya que los hechos “son reiteración
de los malos tratos infligidos en otras seccionales”. Además,
un juez ordenó la clausura de una comisaría de Berisso por
“no reunir las condiciones mínimas de higiene” para los
menores allí alojados.
“Los hechos vejatorios incluyen requisas inmotivadas mediante procedimientos
degradantes –destacó el presidente de la Suprema Corte de
la Provincia de Buenos Aires, Elías Laborde–; los menores
reciben palizas y son obligados a exhibir partes íntimas de su
cuerpo, orinar en botellas o pelearse sólo para agrado de un oficial
de policía.”
La investigación es efectuada por el fiscal Luis Armella, quien
se hizo presente en la Seccional 1ª de Quilmes. Según una
fuente policial, los efectivos incriminados continúan prestando
servicio en esa sede, aunque “afectados a otras funciones”.
El apellido de uno de los policías acusados es Fontanini, y “cuando
llega un preso nuevo lo hace desnudar en el pasillo, y a veces en el baño
le levanta los testículos, le hace abrir la cola y le grita ‘Quiero
ver tu agujero’”, según consta en la declaración
de uno de los menores. Según el testimonio del adolescente, el
policía “nos lleva al fondo, que es oscuro y no tiene luz,
pone en el piso lavandina y detergente y nos hace respirar eso, que nos
hace llorar y se nos caen los mocos”.
En el expediente consta que el personal policial “los hacía
correr desnudos y les pegaba patadas en la cola y les hacía hacer
flexiones con las manos en la nuca, tirándoles los colchones y
las cosas y luego los obligaba a ordenar todo. Cuando querían ir
al baño, no los dejaban, diciéndoles que para orinar lo
hicieran en una botella, y si querían defectar que lo hicieran
en una bolsa. Fontanini los hacía pelear entre ellos, turnándolos
de a uno mientras decía: ‘Ahora vos descansá y seguí
vos’”. Además, “les eran sustraídos los elementos
de higiene o de cualquier índole llevados por los familiares”.
Una vez, “el policía le sacó un juguete a un chico,
le pegó un cachetazo y le dijo que iba a quedar bien con su sobrino,
refiriéndose al juguete que le había quitado”. Por
otra parte, el juez Claudio Bernard clausuró la comisaría
4ª de Berisso, donde los calabozos se inundaban, carecían
de colchones y estaban infestados de cucarachas. Las condiciones “son
mucho más gravosas que las de la comisaría 3ª de Los
Hornos”, desde la que habían sido trasladados los chicos tras
su clausura, por similares motivos, hace una semana.
Ante estos hechos, la Suprema Corte envió copias de las denuncias
a Ramón Verón, ministro de Seguridad bonaerense; a Irma
Lima, titular del Consejo del Menor provincial, y dispuso “llevar
la problemática expuesta a consideración del señor
gobernador Carlos Ruckauf”. En los últimos cinco meses hubo
más de 400 denuncias por torturas a niños en comisarías
e institutos bonaerenses.
|
