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Por Carlos Rodríguez
 La Cámara de Diputados
le dio media sanción al proyecto que amplía las facultades
de la Policía Federal y las fuerzas de seguridad (Gendarmería
y Prefectura), que podrán realizar, sin orden judicial previa,
requisas de personas y vehículos, secuestros de elementos vinculados
con un delito flagrante “dando inmediato aviso al órgano judicial
competente” y requerir del sospechoso, en el lugar del hecho, “noticias
e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar
la inmediata continuación de las investigaciones”. Del mismo
modo, podrá disponer la incomunicación del detenido durante
diez horas (ahora son seis) y demorar hasta cinco días (ahora son
tres) prorrogables a diez (ahora el máximo es cinco) el plazo para
elevar el sumario al juez. Ante la oposición de la Alianza, de
otros bloques y de diputados de su propia bancada, el peronismo desistió
del propósito de autorizar que el procedimiento policial pudiera
realizarse sin la presencia de testigos civiles. Por eso, seguirá
siendo obligatoria la presencia de dos testigos.
En el debate previo a la aprobación, fue notable la diferencia,
en el énfasis, de los que hablaron en favor del proyecto, entre
ellos los aliancistas Julio Tejerina y Marcelo Stubrin, y el peronista
Dámaso Larraburu, quienes en todo momento optaron por la mesura,
en un esfuerzo por dejar en claro que las medidas obedecen a “la
creciente inseguridad” y al “reclamo de la sociedad”, pero
todo bajo un “control permanente” que impida los ya clásicos
“excesos policiales”. Como contrapartida, fue virulento el ataque
formulado por los opositores, entre los que figuraron en primera línea
la ex aliancista Elisa Carrió, los socialistas Jorge Rivas y Alfredo
Bravo, y Ramón Torres Molina, del Frente para el Cambio.
Tejerina sostuvo que “ocho de cada diez personas” que viven
en el área metropolitana tienen “miedo de ser asaltados”
y que en los últimos meses fueron asesinados 33 policías,
la mayoría en la provincia de Buenos Aires. “¿Quién
quiere seguir de esta manera?”, reflexionó el legislador,
quien es vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal,
que impulsó el proyecto porque servirá para “acotar
los niveles de inseguridad”. En el mismo tono medido, Stubrin dijo
que se apunta a darle instrumentos a la policía para favorecer
“el esclarecimiento de los delitos cometidos para bajar los índices
de impunidad”, pero a la vez “reglamentar el procedimiento policial”
para impedir las irregularidades.
Torres Molina sostuvo, en cambio, que la iniciativa “no va a servir
para disminuir los delitos” y puso como ejemplo la situación
en la provincia de Buenos Aires: “Allí se aprobaron 40 leyes
para endurecer las penas y se impulsó la derogación de la
ley del 2 por 1, pero los delitos han sufrido un drástico incremento”,
como precisó en su exposición el diputado Tejerina (ver
aparte). Por ese motivo, Torres Molina impulsó que el Código
de Procedimientos que se busca reformar “siga como está”
porque en su opinión los cambios “llevan implícitos
un reclamo de ley y orden, la ideología de la seguridad que ya
ha fracasado en el país”.
Todos los críticos reclamaron “un plan global en materia de
política criminal y no medidas aisladas que sólo sirven
para darle más poder a una policía siempre bajo sospecha”.
Elisa Carrió orientó su exposición al reclamo de
medidas socioeconómicas tendientes a frenar “la violencia
estructural que genera la violencia social”. En ese sentido estimó
que “el 80 por ciento de los que hoy cometen delitos son víctimas
de esa violencia estructural que se vuelven victimarios”.
Carrió recalcó que se ha desencadenado “una guerra
entre pobres”, entre “una policía, cuyos integrantes
son pobres, que debe reprimir a otros pobres” que delinquen o que
protestan por la desocupación. En ese marco “aparecen como
víctimas de los robos y de la violencia los comerciantes, o los
pobres que tienen alguna cobertura social” que les permite la subsistencia”.
Ellos son victimizados “por los excluidos que carecen de un mínimo
contrato social y para quienes guardar respeto por las leyes nosignifica
absolutamente nada”. La disidente Carrió apuntó que
“en ningún caso son víctimas del delito los ricos que
vendieron el país”.
Alfredo Bravo interrumpió varias veces la exposición del
aliancista Tejerina para pedirle datos sobre “los casos comprobados
de corrupción policial” y Jorge Rivas, en un exaltado discurso,
sostuvo que el proyecto “no va a impedir el delito y sólo
servirá para darle más facultades a una policía a
la cual el Parlamento no ha sabido democratizar”. Llegó a
decir que endurecer las normas “es apelar a las mismas soluciones
que ensayaron sin éxito las dictaduras militares”.
La parte más irónica e incisiva del debate pasó por
las menciones que Torres Molina hizo, durante su intervención,
sobre la oposición que esgrimió en contra del endurecimiento
de las normas, a comienzos de los 90, un “destacado constitucionalista”
que resultó ser el hoy presidente Fernando de la Rúa, firmando
del proyecto que ayer fue aprobado por la Cámara Baja y que ahora
sería corroborado por el Senado.
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Un veto al dos por
uno
El presidente Fernando de la Rúa vetó el artículo
de la ley que modificó el “dos por uno”, por medio
del cual el Consejo de la Magistratura debía realizar un
seguimiento de los jueces que demoraban más de dos años
en resolver la situación procesal de un detenido. El artículo
había sido elaborado por la Cámara de Diputados, al
sancionar la nueva ley 24.390 que establece los plazos de prisión
preventiva, pero fue eliminado luego por el Senado. Finalmente,
Diputados lo ratificó, con los dos tercios de los votos.
El artículo también había sido cuestionado
por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
Ahora, la Cámara baja podrá insistir con el artículo,
pero deberá volver a reunir los dos tercios de las adhesiones.
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Las
razones de los diputados
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María del Carmen Falbo (PJ)
“Yo me opuse a la modificación del artículo
que dejaba sin efecto la presencia de los dos testigos, porque todos
conocemos la historia argentina y sabemos cómo actúa
la policía cuando tiene todo el poder de su lado. También
tengo conciencia de que no todo se va a solucionar dándole
más facultades a las fuerzas de seguridad sin darle trabajo,
dignidad y respeto al pueblo. Sin embargo, creo que lo que se ha votado
puede servir para prevenir y esclarecer los delitos. De todos modos,
es necesario también mejorar la preparación y el entrenamiento
de los agentes de la policía. Y en todo momento tenemos que
recordar el pasado de excesos que llevamos encima y por eso controlar
en todo momento el accionar de la policía.
Eduardo Di Cola (PJ)
“Yo creo que la permanente sensación de inseguridad
que vivimos es producto de la ineficiencia de la conducción
política y operativa de las fuerzas de seguridad. Ni el secretario
de Seguridad, Enrique Mathov, ni el jefe de la Policía Federal,
Rubén Santos, cuentan hoy con la legitimidad necesaria como
para reencauzar la situación, por eso sería necesario
que ellos presentaran la renuncia al cargo. Tengo serias discrepancias
con mi bloque respecto de la aprobación de este proyecto
y creo que es necesario que se discutan a fondo nuevas políticas
en materia de seguridad, pero si insistimos en mantener a una cúpula
ineficaz, estamos abriendo las puertas a situaciones que pueden
ser incontrolables”.
Julio Alberto Tejerina (Alianza)
“Darle mayores facultades a la policía es una necesidad
frente al imparable aumento del delito, tanto en la Capital Federal
como en el Gran Buenos Aires. La seguridad es un tema del Estado
y hay que buscar soluciones cuando las estadísticas nos dicen
que el delito creció en la Capital Federal de 61.203 hechos
en 1990 a 199.500 en la Capital Federal, mientras que en el mismo
período, el aumento en la provincia de Buenos Aires fue de
117.000 a más de 300.000 casos. Es cierto que todo el problema
no pasa solamente por cambiar la legislación sino que también
es necesario encontrar soluciones para la pobreza y la marginación
social. Lo único que pido es que esto no se tome como un
intento por llegar a la tolerancia cero.”
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La
respuesta de tres especialistas
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1
El aumento de facultades a la Policía Federal ¿contribuirá
a disminuir el delito?
2 La posibilidad de interrogar y hacer requisas ¿pueden
constituir un riesgo para las garantías individuales?
3 ¿Qué alternativas propone al aumento de facultades
policiales? |
Alberto Binder *.
1 Se trata de las típicas políticas reóticas
para engañar a la población y ocultar algo más
grave: la incapacidad para realizar transformaciones de fondo. Hace
seis años que se habla de la transferencia de la Policía
Federal a la ciudad, que es la primera condición para que se
puedan desarrollar políticas de seguridad. Se responde, en
cambio, con recetas gastadas, que no han servido más que para
favorecer abusos policiales.
2 El riesgo existe, más aún con la Policía Federal,
porque la participación de los fiscales en la ciudad se rige
aún con criterios obsoletos y su control sobre la investigación
es limitado.
3 La primera propuesta es el traspaso de la Superintendencia de Seguridad
Metropolitana de la Federal, que permita reorganizar la seguridad
en el circuito urbano. En segundo lugar, reorganizar el ministerio
público federal, por un lado, y que la ciudad cuente con un
equipo de fiscales con recursos para investigar. A partir de ahí
se pueden diseñar políticas de seguridad de acuerdo
con la demanda de la sociedad y coordinar acciones con la provincia
de Buenos Aires.
* Director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
Mariano Ciafardini *.
1 Las atribuciones que votaron en Diputados pueden ser operativas
para evitar nulidades de causas. Pero más útil para
ese fin sería una mayor presencia de los fiscales en los
procedimientos. Eso se lograría dándole un gran impulso
al proyecto de descentralización de fiscalías en barrios,
como en Saavedra, propuesto por la procuración. Para bajar
el delito es necesario implementar políticas de prevención,
que no tienen nada que ver con darle facultades a la policía
para interrogar y hacer requisas.
2 Con el proyecto enviado por el Ejecutivo no existe ese riesgo.
La posibilidad de que se “planten” pruebas ya existe en
la actualidad, sin esas atribuciones.
3 El delito contra la propiedad con uso de armas, en la ciudad de
Buenos Aires, va a bajar, por el plan de prevención que están
llevando a cabo en forma conjunta la Nación y el Gobierno
de la Ciudad. Este programa se basa en una combinación de
mayor vigilancia y presencia policial con políticas de acción
social, más el control de su aplicación por parte
de las organizaciones vecinales.
* Secretario de Política Criminal
Alejandra Vallespir *.
1 No va a disminuir la cantidad de delitos, sino todo lo contrario,
va a contribuir a su aumento. Muchísimas causas son anuladas
porque la instrucción policial está mal hecho o, directamente,
porque están inventadas las causas, por la necesidad que
tiene la policía de hacer estadísticas. El problema
es que se les dan atribuciones sin que se los pueda controlar.
2 El riesgo para las garantías individuales existe. Basta
recordar los escritos que llegaban a los juzgados con las declaraciones
espontáneas de los detenidos, que aparecían con signos
de golpes y torturas. Que el interrogatorio sea en el lugar del
hecho no disminuye ese riesgo. En el caso de las requisas, pueden
servir de instrumento para plantar pruebas.
3 Hay una serie compleja de variables a la hora de hablar de seguridad.
El origen del delito está en la falta de futuro para los
adolescentes y los índices de pobreza. El delito debe combatirse
con un sistema educativo que funcione, con un sistema en el que
los jóvenes puedan armar un proyecto a largo plazo y en el
que sea posible conseguir un empleo digno.
* Directora de la Consultoría para el Abordaje de la Problemática
Penal, UBA
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