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 “Parece imposible decir
que un presidente democrático pueda compartir el lugar con aquellos
que fueron causantes del genocidio, de la desaparición de 30 mil
compañeros”, dijo la diputada Marcela Bordenave. Poco después,
Laura Bonaparte, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, agregó:
“Los militares no sólo están de más en los palcos,
sino que están de más como institución en la República
Argentina”. Las palabras se escucharon en el anexo de la Cámara
de Diputados, donde se presentó la revista Punto y Seguido, editada
por la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid. También
participaron del evento, que coordinó el diputado Alfredo Bravo,
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora;
Norma Slepoy, de la Asociación Ciudadana por la Justicia Universal;
el abogado Carlos Slepoy, la diputada Elisa Carrió y el periodista
José María Pasquini Durán.
“Tenemos un gobierno militarista que esta semana nos humilló
poniendo a los genocidas en un palco. Contra eso también tenemos
que luchar porque no se hace peligrar la democracia cuando se pide justicia”,
afirmó Cortiñas. En la presentación de la revista
Punto y Seguido no sólo se coló con razón la reciente
participación del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y del ministro
de Interior de la última dictadura Albano Harguindeguy en el acto
oficial del Día del Ejército. Las consecuencias del modelo
económico expresadas en la exclusión social y la actualidad,
encarnada en el conflicto de Aerolíneas Argentinas también
estuvieron presentes. Pero, ayer, sobre todo, los panelistas se refirieron
a la búsqueda de verdad y justicia que se manifiesta en el juicio
por genocidio, terrorismo y torturas contra los represores argentinos
que lleva adelante el juez Baltasar Garzón. Es que la revista que
congregó al público que colmó el auditorio del anexo
de la Cámara de Diputados está entrelazada con ese proceso.
“La aparición de una revista de esta naturaleza es la representación
gráfica de la dimensión universal que tienen los derechos
humanos”, dijo Pasquini Durán. El periodista comparó
las dos caras –la española y la argentina– de la revista
Punto y Seguido con las dos caras de Aerolíneas Argentinas: la
empresa española y los trabajadores que lo único que tienen
es principios y coraje.
“La historia demuestra que las civilizaciones avanzaron con principio
y coraje. Cuando la historia escriba estos años a estas muchachas
(por las Madres de Plaza de Mayo) las presentará como las Madres
que crearon nuestra civilización con principios y coraje”,
afirmó Pasquini Durán. Carrió también se refirió
a las Madres, que “instituyeron una práctica política
nacida del dolor”. La diputada expresó que “sólo
va a haber justicia y condena cuando llegue la verdad pero no sólo
la verdad del pasado, sino en todos los lugares”.
Luego de las exposiciones del resto de los invitados a presentar la revista,
Slepoy, director de Punto y Seguido y abogado de la Asociación
Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid recalcó que el juicio
contra los militares argentinos en España no hubiera sido posible
sin las Abuelas, las Madres y todas las organizaciones de derechos humanos.
“Los juicios en el exterior son procesos conseguidos por la sociedad
argentina que ha golpeado la puerta tratando de abrir los caminos de Justicia”,
aseguró.
OTROS
43 MILITARES IMPUTADOS POR EL JUEZ GARZON
Harguindeguy, en la lista
El juez español Baltasar
Garzón amplió la imputación de 43 militares y policías
argentinos por los delitos de terrorismo, genocidio y torturas cometidos
en el centro clandestino de detención “La Cacha” durante
la última dictadura. En cuanto el magistrado obtenga los datos
de filiación de los represores emitirá las órdenes
de captura internacional.
Entre las personas que fueron imputadas por las violaciones a los derechos
humanos en “La Cacha” figuran Jorge Olivera Rovere, Juan Bautista
Sasiaiñ, Adolfo Sigwald, Carlos Guillermo Suárez Mason,
Santiago Omar Riveros, Roque Carlos Presti y Aldo José Barufaldi.
Entre ellos, hay militares que ya figuran en la causa que lleva adelante
Garzón. Pero también hay nuevos implicados, como el ex ministro
de Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. El martes, Harguindeguy
compartió la tribuna junto a otro represor con pedido de captura
internacional, Leopoldo Fortunato Galtieri, en la ceremonia que presidió
Fernando de la Rúa en el Día del Ejército.
El centro clandestino “La Cacha” estuvo ubicado a 300 metros
de la cárcel de Olmos, en el partido de La Plata, en lo que habían
sido las instalaciones de “LS Radio Provincia”. Su nombre fue
tomado del personaje infantil la bruja Cachavacha, que tenía el
poder de hacer desaparecer gente, y dependía del Comando de la
Zona 1 a cargo del Primer Cuerpo del Ejército.
Garzón amplió la querella a los responsables de “La
Cacha” en base a un escrito presentado por la Acusación Popular
en el que se estima que entre 1976 y 1978 unas 3500 personas “fueron
torturadas y sometidas a condiciones inhumanas de vida”, y se aportaron
datos de 151 de esos detenidos, de los cuales 89 están desaparecidos.
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OPINION
Por Memoria Abierta *
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Obscenidades
La presencia en la celebración del Día del Ejército
Argentino de conocidos e impunes personeros del terrorismo de Estado
junto a las más altas autoridades nacionales ofende profundamente
a la sociedad argentina que los repudia y a la comunidad internacional
que los persigue por sus crímenes contra la humanidad.
En este país devastado por los grupos económicos que
la dictadura supo prohijar, ante un pueblo cada vez más pobre,
más marginal y más desesperado, el presidente de la
Nación no ha vacilado en exhibirse con quienes en aras de
lograr estos fines implementaron todas las atrocidades imaginables
e impensadas para exterminar a los opositores, torturarlos, encarcelarlos,
“desaparecerlos”, perseguirlos, desterrarlos y disciplinar
por el terror a todo un pueblo. Peor aún, el jefe de Gobierno
nacional justificó la presencia de los represores en la impunidad
que lograron a través de leyes e indultos rechazados por
la inmensa mayoría de la población y, como si fuera
poco “absolvió” al titular del Ejército,
general Brinzoni, de su eventual responsabilidad en la masacre de
Margarita Belén, ocurrida en 1976, hechos y culpabilidades
que corresponde establecer a la Justicia. El Presidente adujo que
no pesan sobre ellos sanciones ni condenas. No es así, aunque
exista la impunidad. En esta tierra sólo pueden respirar
entre sus cómplices y si traspasan las fronteras los amenaza
la espada de Damocles de la justicia internacional. Sobre Galtieri,
Harguindeguy, Menéndez y tantos otros genocidas, lo que pesa
es la incólume memoria de sus crímenes, esa memoria
social que ha nutrido las luchas de estos años. Las mismas
que están logrando encarcelar a quienes robaron a sus hijos
a las madres que asesinaron, las que abrieron los juicios de Madrid
que detonaron la hasta entonces inesperable justicia universal,
las que posibilitaron el fallo del juez Cavallo anulando las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida.
Convencidos de que una sociedad que se hace cargo de su pasado acrecienta
su capacidad de preservarse de lo que hizo posible aquel horror,
los organismos de derechos humanos que coincidimos en “Memoria
Abierta”, expresamos nuestro total repudio a la obscena exhibición
conjunta protagonizada por represores y gobernantes el 29 de mayo.
Al mismo tiempo, llamamos a desarrollar acciones que –como
la inmediata señalización e identificación
de todos y cada uno de los lugares usados como centros clandestinos
de detención, desde la ESMA y Campo de Mayo hasta la más
lejana comisaría de frontera– contribuyan a activar
la memoria de nuestro pueblo y a motorizar nuevas e incesantes luchas
por la verdad y la justicia.
* Acción Coordinada de Organizaciones de Derechos Humanos.
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