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 La caída del contrato
con la empresa Siemens para la confección de los DNI fue el pretexto
para adoptar la medida: todos los recién nacidos en la Argentina
tendrán derecho tener, en forma gratuita, su documento de identidad,
sean ricos o carenciados. El anuncio fue formulado ayer por el ministro
de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, quien adelantó además
la implementación de un novedoso programa asistencial: un seguro
mensual para familias en situación de extrema pobreza con hijos
menores de hasta 17 años, a cambio del cual las madres deben cumplir
con ciertas contraprestaciones, como terminar sus estudios primarios,
cuidar niños de vecinos y promover la atención sanitaria
de su grupo familiar. El programa demandará una inversión
de 280 millones de pesos anuales.
El DNI gratuito beneficiará, se estima, a unos 650.000 chicos que
nacen cada año, pero especialmente, a un 12 por ciento de ello,
que carecen de documentos porque sus padres no pueden pagar los 15 pesos
que cuesta el trámite. “En la ciudad de Buenos Aires tal vez
no se perciba como indispensable, pero en localidades del interior el
porcentaje de chicos que carecen de identidad es altísimo”,
dijo a Página/12 el secretario de Políticas Sociales, Pablo
Vinocur.
Un estudio realizado por el Indec y el Centro de Estudios de Población,
en el 2000, a partir de la comparación entre los libros de partos
y los registros civiles, revela que en la ciudad de Santiago del Estero,
el 50 por ciento de los niños carecía de documentación,
mientras que en Resistencia (Chaco) la cifra fue del 35 por ciento. La
falta de documentación –afirmó Vinocur– favorece
situaciones como el robo o el tráfico de niños que, en los
papeles, directamente no existen.
“La Constitución nacional garantiza el derecho a la identidad,
pero hasta ahora no había forma de garantizarlo”, aseguró
el funcionario. El decreto que dispone el otorgamiento del DNI gratuito
está a la firma del presidente Fernando de la Rúa. De acuerdo
con el contrato anulado días atrás por el gobierno, la empresa
Siemens iba a confeccionar los DNI a un costo de 27 pesos por cabeza,
aunque preveía un cupo de documentos gratis para gente sin recursos.
Ahora, la idea del gobierno es que la gratuidad del DNI para los recién
nacidos esté incluida en una futura licitación.
El otro anuncio formulado ayer por Juan Pablo Cafiero es el lanzamiento
de un “seguro infantil” para familias indigentes con hijos menores
de hasta 17 años. El programa consiste en un aporte de 100 pesos
mensuales, con la idea de duplicar los ingresos de unas 259.000 familias
de villas y barrios carenciados de ciudades de todo el país.
“El seguro implica un cambio sustantivo en las políticas sociales
del país: cumple la función de la asignación familiar,
que beneficia a las personas que trabajan en relación de dependencia,
un recurso del que carece el 50 por ciento de la población”,
explicó Vinocur.
–¿Qué diferencia hay entre seguro y subsidio? –preguntó
este diario.
–El seguro es un derecho; el subsidio, una concesión.
¿Cómo se implementará este seguro? Un 50 por ciento
de la asignación se entregará en forma directa, mientras
que el resto se hará a través de un compromiso asumido con
los beneficiarios. “Aquellas madres que no hayan terminado sus estudios
primarios, deberán completarlos, mientras que el resto podrá
cumplir distintas actividades sociales, como cuidar los hijos de las vecinas
que tienen que estudiar, o trabajar en programas de prevención
de la violencia sanitaria o en programas de vacunación”, precisó
Vinocur.
Lo novedoso del programa, afirmó Cafiero, es que se implementará
“sin intermediación política”. Para ello, se incorporará
el seguro será distribuido por un consejo local, integrado por
representantes de las autoridades comunales y de entidades sociales y
religiosas del lugar, que fiscalizarán el correcto cumplimiento
del programa.
El seguro infantil se implementará recién en los últimos
meses de este año: el Ministerio aún no tiene los fondos,
que debe derivar de otros programas y conseguir del Ministerio de Economía.
Para el 2002, cuando esté en plena ejecución, demandará
un presupuesto anual de 280 millones de pesos.
EL
AUMENTO DEL PODER POLICIAL
Un rápido sí a Santos
Ayer, en la Cámara de
Senadores, Carlos Corach recibió al jefe de los federales, Rubén
Santos. En la reunión participó el secretario de Seguridad,
Enrique Mathov. Un día después de que Diputados diera media
sanción a la polémica ley que aumenta los poderes policiales,
los motivos de la reunión eran obvios. El propio Corach los oficializó
poco después: “En el Senado hay acuerdo, el miércoles
próximo el proyecto va a ser aprobado sin modificaciones”,
lanzó el senador justicialista. “La policía necesita
contar con este instrumento lo más rápido posible”,
justificó la urgencia. Desde otro ángulo, el jefe de Gobierno
porteño, Aníbal Ibarra, puso en duda el otorgamiento de
superpoderes. “Es preferible que haya más policías
en las calles”, dijo el aliancista.
“La idea acordada es tratar de aprobar sobre tablas en la sesión
del próximo miércoles el mismo proyecto tratado en la Cámara
baja para responder a la necesidad de la policía de contar con
este instrumento lo más rápido posible”, reveló
Corach, presidente de la Comisión de Seguridad Interior del Senado.
Minutos antes había concluido la reunión con Santos y Mathov.
Según Corach, durante el encuentro, el Senado se comprometió
ante las autoridades de Seguridad a dar un “rápido” trámite
legislativo al proyecto. De ocurrir así, el aumento de poderes
se habrá convertido en ley, y la policía podrá interrogar
y requisar a quienes considere sospechosos e iniciar inmediatamente la
investigación, sin necesidad de autorización judicial, además
de otras atribuciones.
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