Por Eduardo Tagliaferro

A última hora del jueves, frente a las cámaras de televisión, dijo: “Quiero evitar todo tipo de polémicas”. Por eso, sostuvo, “he comunicado al juzgado que hago el viaje” (a Siria). En verdad el escrito fue presentado en la mañana de ayer y llevaba la firma de su defensor, Mariano Cavagna Martínez. La respuesta no demoró en llegarle. El juez federal Jorge Urso respondió al abogado del ex presidente “que un pedido de esas características tiene que estar firmado personalmente por el interesado”. Más allá de las formas, la contundente negativa viene a demostrar que la situación procesal de Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas es sumamente delicada. Quienes siguen de cerca las actuaciones judiciales afirman: “Si se va, no vuelve”.
Lejos de pedir permiso al magistrado, la defensa de Menem comenzó la breve presentación quejándose de no haber sido notificada sobre alguna medida que “restringiera al ex presidente la salida del país”. Tal vez por ese motivo su tono no es el de un pedido, sino que simplemente se limita a comunicarle al magistrado la voluntad de su defendido afirmando que “Menem quiere viajar a Siria entre el 6 y el 26 de junio para visitar a sus familiares junto a su esposa”.
A pesar de que Menem se encargó de mostrar en todas sus apariciones públicas sus fuertes deseos de visitar a sus parientes sirios, no fue precisamente ninguno de sus defensores el que llevó su pedido al juzgado, sino un empleado que se limitó a dejarlo en la mesa de entradas. En el despacho de Urso afirman que “si Menem se presentara a refrendar su reclamo”, antes de tomar una decisión, el magistrado requeriría la opinión del fiscal Carlos Stornelli. Igualmente especulan que es muy difícil que el juez le conceda al ex presidente la posibilidad de ausentarse del país. “Para que un imputado pueda beneficiarse con un permiso para salir del país, éste tiene que demostrar su voluntad de que quiere seguir estando a derecho”, comentó a este diario un importante funcionario de Comodoro Py. La voluntad debería explicarla con su presencia personal y fundamentos de peso que justifiquen la necesidad de hacer el viaje. Algo difícil ya que si precisamente algo quiere evitar el ex presidente es ser fotografiado ingresando a los tribunales federales. “Para nosotros esa foto es mortal”, había admitido un parlamentario de frecuente llegada a Menem, cuando se conoció su citación judicial para el próximo 13 de julio.
Un funcionario judicial consultado por Página/12 afirmó que, si la voluntad del ex presidente por realizar ese viaje es tan fuerte, tendría que pedir el adelantamiento de la fecha en la que fue citado a declarar como presunto jefe de la asociación ilícita que realizó la venta ilegal de armas. En ese punto, el letrado especulaba que no sería descabellado que el magistrado se viera obligado a modificar el cronograma de citaciones que tenía previsto.
El hecho de que el destino reclamado para su viaje fuera Siria, generó mayores sospechas entre los investigadores. Las dudas se acrecentaron porque con el país de los padres de Menem no hay convenios de extradición. Como ejemplo, enunciaban la larga serie de exhortos que habían sido enviados para obtener la extradición de Ibrahim Al Ibrahim en la causa del Narcogate. Siria nunca respondió ninguno.
“Es curioso que este planteo se haya realizado varios días después de que se conociera que Urso había limitado la salida del país de los involucrados en su causa”, comentó a Página/12 el abogado Ricardo Monner Sans. Para Monner también resultó llamativo que no haya participado del escrito de la defensa el abogado Oscar Roger. Por eso no duda en señalar que detrás del reclamo se escondía una picardía: “tomarle la temperatura a la causa antes de concurrir con Menem a los tribunales. La conclusión es clara: parece que hay fiebre”, opinó.
En los tribunales, se comentan las diferencias que existen en el equipo encargado de llevar adelante la defensa del ex presidente. Sostienen quemientras el ex procurador, Oscar Roger, es partidario de priorizar una defensa neto corte jurídico, Cavagna Martínez se inclina por argumentos más políticos. Así explican que hasta el momento han sido pocos los trámites realizados por los abogados. Además de haber presentado ayer el reclamo para que Menem pueda salir del país, adjuntaron un pequeño listado de abogados habilitados para poder fotocopiar el expediente. Este es el primer paso para poder diseñar una defensa. Tarea ardua si se tiene en cuenta que la causa lleva seis años de instrucción y más de cien cuerpos.
En la estrategia política visualizan dos vías: la Corte Suprema y un posible indulto. La posibilidad de que la Corte se declare competente en las investigaciones es un camino ya explorado, sin éxito, por el menemismo. El máximo tribunal declinó su competencia ante una presentación que en su momento realizó el actual procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, quien queriendo mostrar a la maniobra como una cuestión de estado precisó con argumentos de poco peso que la venta a Croacia fue una gestión realizada por dos ignotos funcionarios que representaban al Estado croata.
Un posible indulto del presidente Fernando de la Rúa es una versión que ayer fue considerada como descabellada tanto por los funcionarios aliancistas como por los adláteres de Carlos Menem. “Es un disparate”, dijo el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa. Precisamente “es un disparate fue la frase mayor escuchada ante esta versión. Menem aparece comprometido en todos los frentes.

SPERONI CITO AL SECRETARIO DE INDUSTRIA DE CAVALLO
El 12, turno para Sánchez

Por Adriana Meyer

El secretario de Industria del Ministerio de Economía, Carlos Sánchez, fue citado a indagatoria por su presunta participación en el contrabando de material bélico a Croacia. La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Julio Speroni, en la misma causa por la que fue detenido el ex ministro de Defensa Antonio Erman González. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, salió inmediatamente a respaldar a su funcionario.
Sánchez fue miembro de la comisión tripartita que integraban los representantes de los ministerios de Defensa, Cancillería y Economía para analizar los proyectos de decretos referidos a la venta de armamento y controlar su exportación. Esa comisión fue creada durante el anterior gobierno radical y reforzada por el gobierno menemista.
Luego de conocerse la citación, Cavallo aprovechó una conferencia de prensa en el ministerio de Economía para hablar del tema. Allí indicó que Sánchez era llamado por haber trabajado en esa comisión y que “seguramente será sobreseído” como los demás integrantes que estuvieron imputados. Sin embargo, el ministro confundió el sobreseimiento con la “falta de mérito” que les dictó la Justicia pero en la causa que instruye el juez Jorge Urso. Sánchez figura en la nómina de imputados que ese magistrado envió al ministerio del Interior para que les impidan la salida del país si no tienen autorización del juzgado para hacerlo.
El secretario de Industria será indagado el 12 de junio, una semana después de la ampliación indagatoria del ex interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga. Paralelamente, la fiscal Alicia Sustaita solicitó la detención de Carlos Carballo, otro ex integrante de la comisión.

BALZA DICE QUE EE.UU. CONOCÍA LA VENTA DE ARMAS
Con los argumentos de Barra

En once días el ex jefe del Ejército Martín Balza tendrá que declarar ante el juez federal Jorge Urso bajo los cargos de organizador de la asociación ilícita. Por ese delito ya quedaron presos Antonio Erman González y Emir Yoma. El primero pasa sus días en el escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, el asesor preferido de Carlos Menem lo hace en un regimiento de Campo de Mayo. A Balza esos antecedentes lo desvelan, en especial cuando revisa el almanaque y descubre que la cuenta regresiva avanza y que él será el próximo en declarar (y muy probablemente en quedar detenido). Con esas preocupaciones en mente, ayer esgrimió en su defensa argumentos que ya habían sido utilizados por el ex ministro de Justicia Rodolfo Barra: declaró que el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia podría haber sido ejecutado con el consentimiento de Estados Unidos. Según fuentes allegadas a la causa, esa afirmación supone una virtual confesión de la realización de los ilícitos.
En sus últimas apariciones mediáticas, Balza destacó que la venta de armas supuso la aprobación de Washington. “Ha salido material bélico con destinos falsos en más de 350 contenedores. Fue embarcado en barcos croatas de gran porte. Todo eso no puede haberse hecho sin ser detectado. Creo que Estados Unidos ha tenido alguna participación”, subrayó. Luego argumentó que “las relaciones carnales” podrían haber contribuido para que se concrete la operación. “Por satélite ellos detectan hasta una pelotita de golf en cualquier parte del mundo”, agregó para justificar sus dichos.
Esas declaraciones retomaron la línea argumental desarrollada por Barra que intenta poner límites a la Justicia ligando el caso a una “razón de Estado”. Hace más de un mes, el ex ministro había argumentado que los decretos no debían ser penados por la Justicia porque respondían a una “causa válida”: ciertos “compromisos de política exterior” con los Estados Unidos. Ayer, Balza contribuyó con sus palabras a esta estrategia jurídica. Aunque para algunos investigadores judiciales sus afirmaciones también implicarían un reconocimiento de las maniobras delictivas, en particular cuando se refirió a “los decretos dibujados”.
Después de destacar que Washington tuvo “alguna participación” en el desvío del material bélico, Balza insistió en que es “totalmente inocente en cuanto a la asociación ilícita”. En diálogo con Radio El Mundo, remarcó que cuando se firmaron los dos primeros decretos que autorizaban la venta de armas a Panamá, él “ni siguiera era jefe del Ejército”. Unas horas más tarde volvió a decir lo mismo, esta vez en una entrevista televisiva. “El jefe por entonces era Martín Bonet”, subrayó. En cambio, cuando se refirió al tercer decreto –del año 1995–, admitió que por entonces él era el titular de la fuerza.

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