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Por Victoria Ginzberg
 Dos especialistas en el Operativo
Cóndor aportaron información y documentos en la causa en
la que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral investiga el plan de coordinación
represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Se trata de la periodista
Stella Calloni y del abogado Martín Almada, descubridor de los
archivos del terror de Paraguay. Entre los papeles claves citados por
Calloni figura el cable que el agente especial Robert Scherrer envió
al FBI desde la embajada norteamericana en Buenos Aires el 28 de septiembre
de 1996. El funcionario estadounidense define allí la Operación
Cóndor: “Es el nombre en código para la recolección,
intercambio y almacenamiento de información de inteligencia sobre
los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas, que se estableció
hace poco entre los servicios de inteligencia de América del Sur”.
Calloni –autora del libro Los años del Lobo– se explayó
en hechos paradigmáticos del Plan Cóndor como el asesinato
del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, en septiembre
de 1976; el homicidio del general chileno Carlos Prats y su esposa en
septiembre de 1974 y la Operación Colombo, realizada por la policía
secreta chilena (DINA) y la Triple A en 1975. Este hecho consistió
en “hacer aparecer” en Argentina algunos cadáveres irreconocibles
con documentos de ciudadanos chilenos sobre los que Naciones Unidas estaba
reclamando información a Augusto Pinochet. Así, la dictadura
chilena pretendía justificar que no existían desapariciones
sino que las personas en las que la ONU se interesaba estaban en Argentina
protagonizando peleas entre grupos de izquierda. “Hace poco en Chile
fueron descubiertos en algunas fosas los cadáveres de los que supuestamente
habían sido muertos en Buenos Aires. Por eso la Operación
Colombo es entendida por muchos investigadores como una acción
básica del Cóndor para terminar de entenderse a si misma”,
declaró Calloni.
“La falta de justicia en el caso de la Operación Cóndor
posibilita que persistan aún sus remanentes”, señaló
la periodista en alusión, entre otras cosas, al caso de Eugenio
Berrios, ex hombre clave de la DINA que fue sacado de Chile a Uruguay
en 1992, al parecer, para que no declarara contra Pinochet y fue luego
asesinado en Uruguay. Calloni habló de las conexiones del Cóndor
con el Ejército Secreto de Francia, sectores de la ultraderecha
española y grupos cubano anticastristas de Miami y expresó
la necesidad de extender la investigación a la participación
de Venezuela, Perú, Colombia e Interpol.
Tanto Calloni como Almada advirtieron que los agregados militares tuvieron
un papel importante en el Plan Cóndor. Ayer, en el juzgado, el
abogado que descubrió los archivos del terror narró su propia
historia. Almada fue secuestrado el 26 de noviembre de 1974 y fue conducido
a la Jefatura de Investigaciones de la policía de Paraguay. Allí
fue interrogado por un grupo de militares extranjeros que después
supo que eran agregados militares de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia
y Uruguay. Almada testimonió que también estaba el comisario
argentino Héctor García Rey.
La primera vez que el abogado escuchó hablar del Cóndor
fue en su celda, que compartía con un comisario paraguayo llamado
Mario Mancuello. Ese hombre le dijo un día “estamos en las
garras del Cóndor. “¿Cóndor ese bicho?”,
preguntó el testigo. Y su compañero de cautiverio le respondió:
“No Pinochet y Contreras”.
El 22 de diciembre de 1992 Almada descubrió los primeros archivos
“del terror” en una comisaría de Lambaré, Paraguay.
Ayer, Almada entregó a Canicoba Corral varios documentos que forman
parte de las toneladas de papeles recuperados y habló de la participación
de la CIA en la represión latinoamericana. En este sentido, mencionó
un documento denominado Cómo mantener vivos a los torturados, editado
por la Escuela de las Américas, que fue publicado por la prensa
paraguaya en 1993 y luego desapareció.
En esta causa, el juez Canicoba Corral ordenó la captura internacional
del dictador Alfredo Stroessner y del ex jefe de inteligencia de Chile
Manuel Contreras y ordenó que el dictador Jorge Rafael Videla sea
interrogado el 20 de junio. La semana pasada los abogados Alberto Pedroncini
y David Baigún presentaron pruebas que comprometen a Emilio Eduardo
Massera con el uso de un avión de la Marina un día antes
de que en el mismo aparato se transportaran detenidos. Este hecho fue
ratificado por Almada.
DIPUTADOS
PIDIERON SANCIONES PARA RETIRADOS
Para que Jaunarena dome dinosaurios
Un grupo de diputados del bloque
Argentinos por una República de Iguales (ARI) y la frepasista disidente
Marcela Bordenave solicitaron al ministro de Defensa, Horacio Jaunarena,
que aplicara las sanciones que correspondan por la presencia en el acto
del Día del Ejército de responsables del terrorismo de Estado.
La legisladora socialista Clori Yelicic propuso, por su parte, que la
Legislatura porteña repudiara la aparición en esa ceremonia
del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, del ex ministro del Interior
de la dictadura Albano Harguindeguy y del ex gobernador de las Malvinas,
Mario Benjamín Menéndez.
Los diputados formularon su pedido a través de una nota que entregaron
en Defensa. El texto firmado por Bordenave, Alfredo Bravo, Jorge Rivas,
Héctor Polino, Oscar González, Juan Domingo Zacarías
y Fernando Cantero menciona concretamente a Galtieri y Harguindeguy, a
quienes califica como “coautores del más siniestro plan criminal
que sufrió el pueblo argentino”.
El pedido, de todos modos, seguramente no tendrá la respuesta esperada:
el mismo Jaunarena ya dijo que la presencia de Galtieri y otros militares
de la dictadura a esa ceremonia no merecía observaciones. “Esas
tres personas –sostuvo– están vinculadas con épocas
muy dolorosas de nuestra historia, pero en realidad ninguna de ellas en
este momento soporta ninguna condena. Desde el punto de vista formal los
tres están en la misma situación que cualquier otro para
ser invitados, y así lo fueron.”
Yelicic propuso a sus pares que la Legislatura emita una declaración
de repudio por la presencia de los militares de la dictadura en la celebración
del Día del Ejército y también por el mensaje difundido
en la obra social de esa fuerza (IOSE) en el que se reivindicó
el terrorismo de Estado. La legisladora socialista consideró que
ambos hechos “son ofensivos a nuestro sistema democrático,
a sus instituciones y a la ciudadanía toda, que busca la verdad
y la justicia sobre el período más oscuro de nuestra historia”.
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