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Por Carlos Rodríguez
 El cabo “arrepentido”
de la Policía Bonaerense Hugo Adrián Montenegro, quien recibió
amenazas de muerte luego de denunciar que la Jefatura de la fuerza “armó”
en agosto de 2000 la llamada Masacre de Los Polvorines, donde murieron
tres delincuentes y un policía, está escondido en Uruguay,
donde realiza gestiones ante la Embajada argentina y ante representantes
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
con el propósito de conseguir la residencia en el país vecino
para ponerse a salvo de lo que considera “un complot” para asesinarlo.
El peregrinaje de Montenegro, su esposa y sus tres hijos menores –antes
habían escapado al Paraguay–, continúa mientras en
el expediente se está investigando la actuación de tres
efectivos policiales que habrían sido los responsables de una maniobra
de inteligencia previa al operativo en Los Polvorines, que según
los indicios fue armado para detener a los presuntos autores del robo
a un banco y mejorar con ello la alicaída imagen de la Bonaerense.
En su momento, cuando estaba en Paraguay, hasta donde viajaron los fiscales
de la causa para tomarle declaración, Montenegro dijo que los supuestos
responsables ideológicos de la operación fueron el ex jefe
de la Bonaerense comisario Eduardo Martínez y el actual ministro
de Seguridad, comisario Ramón Orestes Verón, pero luego
se desdijo respecto de esos dos nombres. La causa, que había comenzado
en agosto pasado con intervención del fiscal de San Martín
Mario Marini, quien detectó varios puntos oscuros, tomó
impulso en abril de este año, tras la presentación de Montenegro
y el pedido del fiscal general Luis María Chichizola para que se
intensificara la investigación.
Una fuente allegada a la causa precisó a Página/12 que el
punto central de la denuncia de Montenegro apunta “a tres policías
que habrían estado en el lugar del hecho (una villa de Los Polvorines),
supuestamente para ‘preparar’ el escenario”. El suceso
comenzó con el enfrentamiento entre dos policías y tres
ladrones. En ese primer tiroteo falleció el sargento primero Julio
Sánchez, quien recibió un proyectil en la cabeza que ninguna
de las varias pericias realizadas pudo determinar si partió de
las armas que tenían los ladrones o las que portaba la propia policía.
Minutos después, más de 200 policías rodearon el
lugar y acribillaron a los ladrones, Eduardo Leguizamón, Sergio
Torres y Fabio Bricela. Dos de ellos recibieron entre 50 y 75 balazos,
aunque todo hace pensar que era muy fácil detenerlos con vida.
Tal fue el desenfreno, que el sargento Claudio Medina –que participaba
del operativo– fue herido de gravedad por un proyectil calibre 12,70,
propio de las escopetas policiales. El cabo denunciante se escapó
ahora al Uruguay, porque sigue recibiendo amenazas de muerte, igual que
su hermana Alejandra, que también es policía, y el padre
de ambos. El propio fiscal Chichizola fue amenazado y por eso se mantiene
en reserva el nombre de los integrantes del “grupo de fiscales”
que hoy lleva la causa “para ponerlos a salvo de cualquier tipo de
presión”, dijeron las fuentes.
En Montevideo, Montenegro fue recibido tres veces por el embajador argentino,
Juan Manuel Casella, a quien le pidió ayuda económica y
apoyo en su gestión para acogerse a los beneficios del ACNUR, según
confirmaron a este diario fuentes diplomáticas. Mientras se define
si Montenegro tiene el status que requiere el ACNUR, el embajador Casella
realiza una gestión personal ante la Secretaría de Justicia
de la Nación, para saber si el policía perseguido puede
ser “testigo protegido” del gobierno federal argentino, fijando
su residencia en alguna provincia, lejos de Buenos Aires, donde viven
los autores de las amenazas.
El cabo “arrepentido” estuvo cinco veces bajo el amparo del
Programa de Protección de Testigos del gobierno bonaerense, pero
otras tantas veces salió del mismo “porque tiene hijos chicos
que no pueden vivir todo el tiempo encerrados y porque serían policías
los mismos que lo custodian”, circunstancia que “le genera mucha
desconfianza”, precisó la fuente, que repitió lo dicho
por Montenegro en sus reuniones con Casella. Las amenazas contra el cabo
fueron repudiadas por la diputada del Frepaso Graciela Podestá,
titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja bonaerense.
“La vida de los testigos protegidos corre serio riesgo”, sostuvo
Podestá, quien se preguntó “cómo es posible
que cuatro cobardes sean capaces de amedrentar a un montón de gente
desde las sombras”. Podestá dijo que también ha recibido
amenazas el fiscal Hernán Collantes, quien investiga otra causa
por corrupción en la policía provincial (ver aparte).
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Un policía procesado
por amenazar colegas
El sargento de la Bonaerense Sergio Brindo fue procesado ayer,
acusado de amenazar a un ex policía que denunció la
mafia del Comando de Patrullas de Vicente López. El ex cabo
Carlos Ignacio Márquez, entre otros, había declarado
como testigo protegido contra 24 policías de Vicente López
y de La Florida, de los cuales 19 fueron detenidos y luego liberados
por orden de un juez. Márquez, después de reiteradas
amenazas, decidió refugiarse en Estados Unidos.
El procesamiento de Brindo fue resuelto ayer por el fiscal de San
Isidro, Héctor Collantes, después de tomar declaración
indagatoria al sargento, que sigue prestando servicio. Márquez
había sostenido que Brindo lo amenazó de muerte y
le aseguró que “iban a eliminar a todos los testigos”.
El caso del Comando de Patrullas de Vicente López es conocido
como la “Megacausa” y en ella se investigan delitos de
asociación ilícita, estafa, malversación de
caudales públicos, cohecho, falsificación de documento
público, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad,
violación de deberes de funcionario, hurto calificado, encubrimiento
agravado, extorsión y coacción. Las acusaciones fueron
formuladas por un grupo de 35 policías, entre los que figura
Márquez, quienes en su denuncia incluyeron a varios jefes.
Pese a la detención de 19 de los 24 acusados, en enero pasado
el juez Diego Barroetaveña ordenó liberarlos por entender
que las acusaciones no podían sostenerse sólo en testigos
de identidad reservada, sin tener en cuenta que eran miembros de
la misma fuerza, y nada menos que 35.
El cabo Márquez, que prestaba servicio en el Comando, decidió
renunciar y refugiarse en Estados Unidos, pero antes de partir denunció
que “existe un plan para matar a todos los testigos” y
para iniciarle juicio político al fiscal que lleva la causa,
es decir, Collantes.
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OTRO
COMPLOT CONTRA UNA DENUNCIANTE DE TORTURAS
Una defensora en peligro
Un preso de la Unidad 29 de
Florencio Varela denunció ayer que un jefe del Servicio Penitenciario
bonaerense le ofreció recuperar su libertad a cambio de “pegarle
unos tiros” a un hijo de una defensora oficial de San Isidro. Se
trata de María Dolores Gómez, quien viene soportando una
serie de persecuciones y presiones a raíz de sus denuncias de torturas
en comisarías y cárceles de la provincia. El caso anterior
ocurrió hace dos semanas, cuando un preso la llamó por teléfono
para avisarle que había un complot para asesinarla.
La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Cámara de San
Martín por un detenido que declaró bajo reserva de identidad.
En la presentación, el hombre denunció que el Jefe de Seguridad
del Servicio Penitenciario, de apellido Bagnasco, le ofreció recuperar
su libertad a cambio de que le “pegue un par de tiros” al hijo
de la defensora.
Agregó que el pasado 10 de mayo, al mediodía, Bagnasco lo
llevó hacia el lado de sanidad de la Unidad, donde le manifestó
que tenía un ofrecimiento que hacerle a raíz de que se hallaba
en condiciones de recuperar su libertad y podía irse con libertad
asistida. Dijo, además, que la propuesta se la hizo a él
porque era de la zona de Villa Martelli, donde vivía la defensora
oficial, “que les estaba causando un estorbo y que por ello querían
que le cause un daño a su hijo”.
En la denuncia precisó que el jefe penitenciario le dijo que “Gómez
se había metido en Sierra Chica y se estaba metiendo en el Penitenciario,
por lo que estaban perdiendo 230 mil pesos por un adicional que se les
paga a los agentes por uniforme”. Añadió que le manifestó
además que la funcionaria judicial ya había tenido un atentado,
“pero que éste tenía que ser peor y que tenía
que estar dirigido al hijo de la doctora”.
“Tenía que darle un par de tiros al hijo, no matarlo, solamente
asustarlo para que no se meta más con el servicio penitenciario”,
explicó. El detenido declaró también que el ataque
“debía producirse después del 27 de agosto”, debido
a que él saldría en libertad después de esa fecha.
El 17 de mayo último, la defensora denunció que un preso
la llamó para avisarle que personal del Servicio Penitenciario
bonaerense iba a matarla “porque hay mucha bronca” con ella.
La defensora entregó ante el fiscal un casete con la charla que
tuvo con un preso de la cárcel de Rawson, quien le advirtió
que personal del Servicio Penitenciario Bonaerense la iba a matar. Esa
no fue la primera vez que la defensora denuncia haber sido víctima
de una intimidación. El 16 de abril pasado el titular de la Defensoría
del Tribunal de Casación bonaerense, Mario Coriolano, había
denunciado ante la Suprema Corte de Justicia las persecuciones que padece
la defensora por denunciar casos de tortura en comisarías y cárceles.
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