Por Cledis Candelaresi

Por primera vez desde que se agudizó la crisis de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno reclamó públicamente la buena voluntad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para solucionar el conflicto laboral. A través de su vocero, Fernando de la Rúa pidió ayer a los accionistas hispanos que traten de plantear “otra alternativa para satisfacer algunas objeciones en el ámbito de los empleados”. Casi al mismo tiempo, Patricia Bullrich analizaba con algunos de los gremios el cronograma de pago de los sueldos de mayo, que también podrían ser liquidados con los fondos que el Estado argentino aportó a cuenta de la última capitalización. Pero por ahora de lo único de que dio pruebas la SEPI es de su intención de sanear medianamente la compañía para deshacerse de ella tan pronto como pueda. Su plan cosmético, instrumentado desde antes de esta última crisis, incluye desde un nuevo plan comercial a la depuración de su cuerpo gerencial.
Según habrían conversado ayer con la ministra de Trabajo los gremios aeronáuticos más proclives a admitir el ajuste que propone la empresa -todos salvo el de azafatas y el de técnicos de mantenimiento–, ésta podría pagar los sueldos de mayo con el remanente de los 16 millones de pesos que el Estado aportó días atrás para que Aerolíneas abone los sueldos de abril. Del encuentro habría surgido el siguiente esquema: se pagarían íntegramente los salarios hasta 800 pesos, mientras que el resto cobraría el 50 por ciento con un tope de 1500 pesos. Con qué se cubriría el resto, es una incógnita.
El gobierno argentino aspira a que la SEPI responda económicamente en varios sentidos. Por un lado, con recursos que garanticen la operatividad de la compañía, incluyendo desde fondos para el pago de combustible a salarios. Pero también con una inmediata e imprescindible capitalización que desahogue financieramente a la empresa.
Honrando su estilo mesurado y elíptico, De la Rúa aseguró a través de su vocero que instruyó a Bullrich y al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, para que reclamen a la SEPI “una actitud más decidida” y una alternativa para superar el conflicto generado con APTA, sindicato de los técnicos de mantenimiento, renuentes a admitir el ajuste incluido en el Plan Director.
Pero por la misma vía, el Presidente negó la posibilidad de comunicarse directamente con su par José María Aznar para debatir acerca de esta situación, negándole al conflicto su evidente carácter político.
Antes de que estallara la actual crisis de Aerolíneas, la SEPI comenzó con un programa funcional a su objetivo de mejorar el estado de la compañía con miras a su venta. Una de sus últimas determinaciones fue confiar el diseño de un nuevo plan comercial a la consultora Sabre, que fuera propiedad de American Airlines –ex socia de Aerolíneas– y a la que la empresa local está ligada por un contrato de diez años.
Sabre es una consultora que provee un sistema de reservas y, al mismo tiempo, realiza un control de gestión. El contrato con ella es para Aerolíneas un resabio de lo que fue el nefasto paso de American que, como socia de Iberia, tuvo acciones y detentó un tiempo el management de la aerolínea de bandera argentina. Pero al margen de esas connotaciones negativas, el nuevo plan comercial que ésta acaba de elaborar no es otra cosa que uno de los capítulos de plan director, remozado según las últimas condiciones del mercado de aeronavegación en el país y en la región.
Otra decisión de la SEPI que podría interpretarse como la voluntad de sostener la empresa hasta su eventual retiro, es la refinanciación de un paquete deudas por 350 millones de dólares con proveedores de aeronaves. Estos créditos cargaban hasta ahora al pasivo de la compañía con un interés cercano al 15 por ciento anual, y habrían sido refinanciados por un pool de bancos españoles, contra garantía del estado hispano, a tasas que no superan el 5 por ciento anual.
Del mismo modo, se habría reformulado un acuerdo con la General Electric, a la que se le habían contratado cinco Jumbos en leasing, de modo tal que esas aeronaves en poco tiempo estarían integrando elpatrimonio de Aerolíneas. Así, la empresa comenzaría a reconstituir parte de su flota propia, reparando parcialmente la objetable decisión ibérica de haberla vendido primero, para alquilarla después.
Antes de esa reformulación contractual hubo una depuración del cuerpo gerencial, que redujo la cantidad de miembros de 80 a 65. La purga la organizó Emilio Cabrera, actual presidente de Aerolíneas, y empezó por la subgerencia general y la comercial, presuntamente responsable de la venta a discreción de pasajes a precios irrisorios, que habrían subido artificialmente los niveles de ocupación de las aeronaves, gracias a que por módicos 100 dólares, tasas incluidas, amigos de los directivos desplazados y personalidades de farándula artística podían llegar a Europa.
Pero todo el esfuerzo por erradicar esas nocivas maniobras, así como para mejorar el plan de venta de los productos de Aerolíneas, puede resultar inválido si no se supera el conflicto con APTA o si la SEPI no accede a seguir cubriendo el millonario déficit mensual de la compañía, aunque sea hasta que la transforme en atractiva para un nuevo inversor.

LOS PLANES DE LA SEPI, SEGUN DIPUTADOS ARGENTINOS
“Quieren irse cuanto antes”

Pedro Ferreras, titular de la SEPI, reconoció ante la pluripartidaria comitiva de legisladores argentinos que viajaron a Madrid la semana pasada su intención de retirarse cuanto antes de Aerolíneas Argentinas, entre otras razones, por la presunta renuencia del gobierno de José María Aznar y el Parlamento español a seguir aportando fondos para sostener la compañía. Los legisladores conversarán esta tarde con Carlos Bastos, ministro de Infraestructura, sobre esta situación y reclamaron una audiencia con Fernando de la Rúa para hacer lo propio.
La diputada y dirigente del gremio de las azafatas, ex frepasista, Alicia Castro, el radical Alejandro Nievas, el conservador mendocino Gustavo Gutiérrez, el menemista Teodoro Funes y el hombre del Frepaso José Vitar, viajaron a España para promover alguna solución al conflicto, que incluya la participación de los parlamentarios españoles y, en lo posible, del propio Aznar.
“El tema debe ser asumido por el gobierno español”, exige Castro, quien planteó en España su idea de que Aerolíneas puede venderse y rediseñar su estrategia en base a alianzas con otras compañías de la región. Pero los funcionarios hispanos sólo prometieron elevar el tema ante el Consejo de Ministros, sin que esto signifique que será asumido formalmente por la máxima instancia de gobierno como una cuestión de estado a estado.
En su periplo madrileño, los legisladores también alertaron a sus pares acerca de las presuntas maniobras que habrían realizado los administradores ibéricos, y que configurarían vaciamiento. Castro presentó ante la Oficina Anticorrupción una denuncia acusando a los españoles de transferir a Iberia las rutas europeas que correspondían a Aerolíneas.
Esa presentación también consigna que préstamos tomados por los administradores ibéricos a tasas de alrededor del 4 por ciento anual, eran transferidos luego al balance de Aerolíneas a un interés del 14 por ciento anual: la diferencia entre un interés y el otro fue mellando las cuentas de la aerolínea de bandera. La Oficina Anticorrupción aún no se pronunció sobre este trámite, cuyo contenido los diputados se ocuparon de ventilar ante sus colegas españoles.
Hoy a las 18 el quinteto pluripartidario volverá a analizar la situación de Aerolíneas junto a Bastos y el nuevo subsecretario de Política Aerocomercial. Poco antes, expondrán en una conferencia de prensa en el Congreso el resultado de la gira.

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