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 Dicen
que durante el 2001 hacia el norte del conurbano bonaerense no habrá
juicio más ruidoso que el que se desarrollará en los tribunales
de San Martín: dos ex intendentes, 35 concejales, 16 de ellos en
actividad, están acusados de “administración fraudulenta”
y “abuso de autoridad”. Así lo determinó la investigación
de un grupo de ocho fiscales que llegaron a la conclusión de que
los ex jefes comunales justicialistas Antonio Libonatti y su sobrino,
Pablo Landolfi, junto a 35 ediles burlaron las arcas del Estado provincial
al votar dos refinanciaciones de una deuda con la empresa Víctor
Gualtieri. Los funcionarios procesados sancionaron dos refinanciaciones
en favor de Gualtieri: de esa manera llevaron una deuda de tres millones
de pesos a 28 millones, cuando el máximo posible, de acuerdo a
la ley de saneamiento fiscal, hubiera sido como mucho diez millones, en
cómodas cuotas.
La historia de la causa se remonta al año 1993, cuando el municipio
de San Martín contrató a Gualtieri para que desarrollara
el plan de pavimentación de calles. El monto establecido fue de
tres millones. Sin embargo, en la caótica administración
de Libonatti –quien terminó yéndose expulsado de su
gobierno y luego quedó fuera de él por un pronunciamiento
de la Suprema Corte bonaerense–, esa cifra nunca llegó a ser
pagada por el Estado. De allí que en 1996, por un norma del intendente,
que bajó como propuesta legislativa, los concejales votaron por
unanimidad la refinanciación. Sucede que en ese entonces ya estaba
en vigencia la ley 11.756, de saneamiento fiscal, que pretendía
limpiar las vapuleadas cuentas de los municipios de la provincia. Esa
norma imponía determinada manera de calcular los intereses, que
no se respetaron, según los fiscales, en la refinanciación.
Sólo que la empresa siguió sin cobrar a tiempo, con lo cual,
el hombre que reemplazó a Libonatti tras su escandalosa retirada
–nada menos que su sobrino Pablo Landolfi– volvió a llevar
una norma especial al Concejo Deliberante para refinanciar nuevamente
la vieja deuda con la constructora que más obras hizo en la provincia
durante la administración Duhalde. Gualtieri pudo exigir entonces,
ya con el actual intendente, la suma de 31 millones de pesos, gracias
a las dos refinanciaciones votadas por concejales de la Alianza y el PJ.
Ricardo Ivoskus, el actual intendente, ofreció diferentes vías
de negociación a los representantes de Gualtieri; todo fue en vano.
Gualtieri exigió que se respetara lo que por unanimidad habían
votado en dos oportunidades los ediles. Apoyado en la ley 11756, Ivoskus
decidió llevar al Concejo Deliberante, esta vez una ordenanza para
declarar las dos normas en cuestión “ilegales” e “ilegítimas”.
Incluso, varios de los concejales que antes había votado la refinanciación,
ahora hicieron lo contrario.
Fue por ello que Gualtieri le inició una causa por “desbaratamiento
de derechos acordados y abuso y usurpación de autoridad” a
Ivoskus. Los fiscales determinaron, investigando esa denuncia, que en
realidad los dos ex intendentes, el ex secretario de Obras Públicas
Jorge Rafael y 36 concejales habían incurrido, según la
acusación, en “administración fraudulenta en concurso
real con abuso de autoridad”. Esa es la causa que ahora tiene en
sus manos, comprobando los últimos detalles de legalidad de los
procedimientos, el juez de Garantías Juan Carlos Sorondo, ante
quien los fiscales elevaron el pedido de juicio oral. El único
paso que falta es el sorteo del Tribunal Oral que tendrá a cargo
el desarrollo del debate, en un recinto que deberá ser por lo menos
amplio para albergar a los acusados.
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