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Por
Enric González *
Desde Nueva York
 George
W. Bush ha demostrado una gran capacidad para crearse enemigos. Ya tiene
uno más: Christopher Reeve, el actor tetrapléjico al que
sigue recordándose por su trabajo en la serie cinematográfica
Superman, ha presentado ante un tribunal federal una querella contra el
presidente de Estados Unidos. Reeve, apoyado por siete científicos,
acusa a Bush de causar un “daño irreparable” a miles
de enfermos al haber paralizado la investigación sobre las células
madre. “George W. Bush está impidiendo o retrasando el descubrimiento
de un remedio contra la parálisis, la enfermedad de Parkinson,
la diabetes y otros males”, se afirma en la querella.
La presencia de Christopher Reeve en el grupo de querellantes no es casual.
Para empezar, forma parte de los cientos de miles de personas que podrían
beneficiarse de la capacidad terapéutica de las células
madre. Desde que en 1995 se cayó de un caballo y se dañó
la médula espinal, el actor permanece totalmente inmóvil
y atado a un respirador. Pero hay otra razón más importante:
es presidente de la Christopher Reeve Paralysis Foundation, que acaba
de absorber la American Paralysis Foundation y ya ha proporcionado más
de 15,4 millones de dólares a distintos programas de investigación.
El actor es, desde su accidente, un símbolo de esperanza para muchos,
porque no se ha rendido en ningún momento. Su libro Todavía
yo, en el que cuenta su lucha contra la enfermedad, fue un éxito
de ventas. Los médicos le dijeron que nunca podría respirar
sin ayuda mecánica, porque su tráquea no funcionaba; sin
embargo, sometiéndose a ejercicios, ha conseguido ya respirar por
sí solo durante 90 minutos diarios. Ahora tiene 48 años,
y ha prometido que a los 50 será capaz de levantarse y dar las
gracias a todos los que le han ayudado. Pero no podrá cumplir su
promesa si se paralizan las investigaciones que podrían proporcionar
en el futuro un sistema para que su médula espinal se reprodujera.
En este caso, como en otros, George W. Bush ha cedido ante su base electoral
de extrema derecha. Las células madre son células con capacidad
para multiplicarse y adaptarse a cualquier órgano, y suponen una
de las opciones más interesantes en el desarrollo de la medicina.
Pero los experimentos que se llevan a cabo requieren, en algunos casos,
el uso de células procedentes de embriones descartados tras fecundaciones
múltiples en probeta. Los antiabortistas se oponen a la utilización
de embriones en la investigación, porque afirman que pronto será
necesario crearlos expresamente para los laboratorios. Y la oposición
al aborto es el rasgo más característico de los republicanos
del Bible belt, el cinturón de estados sureños más
o menos dominados por la derecha religiosa, donde Bush tiene el grueso
de sus votantes.
La paralización de las investigaciones científicas en el
ámbito de esas células fue una de las primeras medidas del
presidente. Se trató de una maniobra indirecta: Bush creó
una comisión para “revisar una cuestión polémica”
y cortó la financiación federal a los laboratorios hasta
que dicha comisión emitiera un dictamen. Nunca más se supo
de la comisión, que, según los firmantes de la querella,
posiblemente no ha llegado siquiera a reunirse. La semana pasada aún
no lo había hecho.
La querella obligará al gobierno federal a dar al juez una respuesta
antes de 60 días. Ese es el primer objetivo de Reeve y los científicos,
entre los que figuran John Gearhart, de la Universidad Johns Hopkins (Washington);
Martin Pera, del Monash Medical Centre de Australia, y Roger Pedersen,
de la Universidad de California. Quieren que Bush se vea obligado a explicar
qué ha sido de la comisión y, si se ha reunido ya, hasta
dónde han llegado sus deliberaciones. “La querella es una
gran noticia”, comentó Tim Dale, investigador en la Malen
Clinic de Nueva York,”porque avergonzará a la Administración
de Bush y le obligará a hacer algo”.
* De El País, especial para Página/12.
CIENTOS
DE MILES DE CHINOS INFECTADOS CON VIH POR CORRUPCION
Comprando
sangre a los pobres
Wenlou es un pueblecito agrícola de la provincia china
de Henan, unos 800 kilómetros al sur de Pekín. De
sus 800 habitantes, más de 500 están infectados
por el virus del sida. Sin medicinas, sin información y
sin dinero. Sin un solo comprador para su arroz, su maíz
y su algodón. Están muriendo a razón de 40
personas al año. Pese al espeso silencio que el gobierno
ha impuesto sobre el asunto, no cabe la menor duda sobre la fuente
del contagio. Hasta la primera mitad de los años ‘90,
los habitantes de Wenlou vendieron su sangre a las autoridades
sanitarias locales, a 3,6 dólares el medio litro. Al parecer,
no se limpiaban bien las agujas.
Wenlou no es un caso aislado. La práctica de la venta de
sangre era muy común en esa zona hasta 1996. Sólo
en la provincia de Henan había hasta esa fecha 287 estaciones
de compra de sangre oficiales, y muchas otras ilegales. Las fuentes
difieren en sus estimaciones sobre el número de personas
que pueden haberse contagiado de sida en la provincia por culpa
de las malas prácticas sanitarias en esas estaciones. Unos
hablan de cientos de miles. Otros de un millón.
Siete habitantes de Wenlou han recorrido los 800 kilómetros
que separan su pueblo de Pekín, en busca de algún
tratamiento, o al menos de alguna publicidad para su tragedia.
El miércoles pasado lograron hablar con los periodistas
occidentales de la capital china. “Sabemos que vamos a morir”,
les dijo una mujer que prefirió no dar su nombre, “pero
esperamos que la persona responsable, el que recogía la
sangre, sea arrestado”.
Otros dos jóvenes de Wenlou, cuyos padres han muerto ya,
narraron que los técnicos les sacaban la sangre, la mezclaban
toda en un gran recipiente, extraían el suero y luego les
reinyectaban el resto del material. El extravagante procedimiento,
según esta versión, pretendía aliviar el
temor de los donantes a perder su energía con la sangre
extraída. Otras versiones hablan de agujas reutilizadas.
Lo único seguro es que una altísima proporción
de los donantes han resultado contagiados.
La sangre se vendía a compañías farmacéuticas,
que usaban el suero para fabricar productos derivados. No está
claro para qué se han usado esos productos, ni a cuánta
gente han podido afectar. Varias versiones coinciden en que se
trataba de un negocio lucrativo para las autoridades locales.
Ahora, ni los seropositivos ni los enfermos reciben ayuda oficial
alguna. Ni siquiera reciben información oficial. El gobierno
considera el caso “materia sensible”.
El gobierno de Pekín sólo admite la existencia de
22.517 seropositivos en toda China, y asegura que la mayoría
de ellos son drogadictos. La cifra oficial es, sencillamente,
grotesca. Como ejemplo baste citar que en España hay 120
mil seropositivos de una población total de 40 millones,
muy lejos de los 1300 millones que viven en China. Expertos del
Ministerio chino de Sanidad, citados por la agencia Reuters sin
identificarlos, calculan que hay en el país “más
de 600 mil” seropositivos. Los cálculos de la ONU
son que, en un plazo de cinco a diez años, habrá
en China cerca de 10 millones de personas contagiadas si el gobierno
no toma las medidas preventivas necesarias.
Pero la actitud del gobierno chino no deja resquicios para el
optimismo. Si los habitantes de Wenlou han tomado conciencia de
su situación no ha sido gracias a ninguna instancia oficial
sino al coraje de una mujer, Gao Yaojie, una ginecóloga
retirada de 74 años que ha emprendido una verdadera cruzada
personal para informar a los agricultores de la provincia de Henan
de la gravedad de la situación. Y para intentar forzar
al gobierno a afrontarla.
Difícil objetivo. El miércoles, el gobierno chino
denegó a la doctora Gao el permiso para viajar a Washington,
donde debía recoger un galardón de manos del secretario
general de la ONU, Kofi Annan. Se trataba deltercer premio Jonathan
Mann de Salud y Derechos Humanos, concedido por el prestigioso
Global Health Council.
Gao se ha gastado su pensión, y un pequeño número
de donaciones, para ir de pueblo en pueblo por la provincia de
Henan, informando a la gente de que muchos de ellos tenían
el sida, dándoles unas mínimas nociones para evitar
que el contagio siga propagándose, y prestándoles
la escasa atención sanitaria que está en sus manos.
Todos estos incalificables delitos de Gao han merecido de su gobierno
la acusación de estar trabajando “para las fuerzas
enemigas de China”. “Estoy convencida de que lo que
estoy haciendo es correcto –declaró Gao–. El
problema no puede ocultarse por más tiempo, y es preciso
afrontarlo.”
De El País, de Madrid, especial para Página/12.
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