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Por Irina Hauser
 En el entorno de Carlos Menem
ya no saben qué más hacer para evitar que su líder
vaya preso por la venta ilegal de armas. A las especulaciones sobre un
indulto, recusaciones, o un fallo de la Corte Suprema, se sumó
un ataque desde el Consejo de la Magistratura al juez Jorge Urso, quien
–si no resuelve suspender la audiencia (ver página 2)–
indagará mañana al riojano y decidirá su futuro.
Al grito de “soy y seré menemista”, la consejera y diputada
Lelia Chaya, que motoriza la investigación por supuesto enriquecimiento
ilícito contra el magistrado, se negó por tercera vez a
compartir la instrucción del expediente con sus compañeros
de comisión, a pesar de que es lo que se estila en los casos de
trascendencia política y pública. En la misma reunión
–a 48 horas de la indagatoria del ex presidente–, abrieron el
sobre con las declaraciones juradas de Urso que, al parecer, por ahora
no lo complica demasiado.
“A mí la prensa no me va a dirigir”, dijo Chaya como
si estuviera en un acto proselitista. Pero la salteña, una de las
pocas políticas presentes en el casamiento de Menem y Cecilia Bolocco,
estaba en la Comisión de Acusación, que ella preside, y
que es la encargada de tramitar los juicios políticos contra jueces.
Frente a sus seis compañeros, Chaya explicitó su apoyo a
Menem y rechazó un nuevo pedido de Pablo Fernández (Frepaso),
Carlos Maestro (UCR) y el abogado Fermín Garrote, para que socialice
la causa contra Urso. Al fin y al cabo, planteó Fernández,
es lo que hicieron al investigar –también por el aumento dudoso
de su riqueza– al ex juez Carlos Liporaci, que instruía la
causa de las coimas en el Senado. “No voy a declinar la competencia”,
insistió enojadísima la legisladora, que todo el tiempo
recuerda que el caso le tocó en gracia por sorteo con bolillero.
Tampoco está tan sola en su cruzada. El senador Augusto Alasino
(PJ), que sigue votando en el Consejo a pesar de estar imputado en la
causa de los sobornos, dio a entender que el tema de Urso no le parece
tan grave como para que los consejeros compartan el expediente. Miguel
Pichetto, otro diputado ultramenemista, asintió. Y el abogado Mario
Gersenobitz se mostró despreocupado, en una posición intermedia,
porque según explicó a Página/12, “en la tapa
en que está la pesquisa el consejero instructor no influye demasiado
y por lo que se vio en la declaración jurada de hoy, no hay parece
haber nada que indique que Urso se haya enriquecido”.
La denuncia contra Urso fue presentada por Gersenobitz y el consejero
Eduardo Orio –los mismos que denunciaron a Liporaci– en base
a información que dio el programa televisivo “Detrás
de las noticias”, que le atribuía al juez un campo de 50 hectáreas
en la localidad de Magdalena y cuatro caballos de salto. Desde un principio,
Chaya pidió informes de las tarjetas de crédito y cuentas
bancarias, registros de la propiedad de Buenos Aires y Capital Federal
y declaraciones juradas de bienes de Urso.
La Comisión de Acusación abrió ayer, el día
después de que Urso decidiera adelantar la indagatoria de Menem,
el sobre con sus declaraciones patrimoniales de 1996 y de 2000 que acababa
de recibir de la Corte Suprema. No hubo, según voceros del Consejo,
demasiadas sorpresas: el primer listado de bienes incluye un departamento
de 142 mil dólares de valuación fiscal, una camioneta Toyota
4x4 de 42 mil dólares, un caballo de 5000 dólares, créditos
hipotecarios por 180 mil y depósitos bancarios por 8.000 dólares;
la segunda declaración sólo añade un auto Volkswagen
Passat de 35 mil dólares y honorarios de su esposa por 75 mil pesos
correspondientes a 1997 y 1998. Del campo, ni rastros.
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