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Por Adriana Meyer
 Arrastrado por el destino de
Carlos Menem, cuando el general Martín Balza sea indagado hoy en
la causa sobre venta ilegal de armas deberá responder si es cierto
que el ex comandante de las fuerzas armadas ecuatorianas, Paco Moncayo,
se quejó ante él por la calidad de la munición recibida,
tal como aseguró el teniente coronel José Luis Cattenati.
En el juzgado de Jorge Urso también declaró ayer el vendedor
de armas Horacio Calderón, quien aportó documentación
que refleja la oposición oficial norteamericana a la venta de armas
a los Balcanes. Los investigadores evaluaron que esa declaración
contribuye a invalidar el argumento de que la maniobra obedeció
al alineamiento del gobierno de Carlos Menem con los Estados Unidos, entendido
como una razón de Estado.
Calderón dijo representar al Ministerio de Defensa ante organismos
internacionales en temas relacionados con armamento, aunque fuentes judiciales
indicaron que es un “empresario de la venta de armamento”, representante
de la empresa norteamericana Interpan Limited. El testigo aseguró
que tuvo interés en participar en las negociaciones sobre venta
de armas durante la guerra entre Bosnia y Serbia. Aseguró conocer
al ex presidente Carlos Menem y precisó que su ex cuñado
Karim Yoma le “complicó la vida” por las “notables
interferencias que ejercía cada vez que quería vincularme
con cualquier país del mundo árabe”. Y describió
una fallida venta de submarinos y lanchas rápidas que la Armada
intentó venderle a Sudáfrica y a países de Centroamérica.
Según indicó, tanto Karim Yoma como el ex secretario general
de la Presidencia Alberto Kohan se interesaron en esa operación.
Calderón afirmó que llegó a reunirse con gente de
Fabricaciones Militares en sus negociaciones.
Este nuevo testigo, que fue calificado como “muy valioso” por
los investigadores, aportó copias de dos cartas que su empresa
habría recibido del Departamento de Estado en 1992. La primera
está fechada el 31 de agosto de ese año y refleja la decisión
de los Estados Unidos de no permitir la exportación de material
bélico a las ex repúblicas yugoslavas. La otra es del 5
de octubre y se refiere al fracaso de una iniciativa de venta de armamentos
a los Balcanes que fue tratada en el Senado norteamericano. Días
atrás, en un programa de televisión, Menem opinó
que sin el aval del gobierno norteamericano —que había dispuesto
un bloqueo en la zona en conflicto—, las armas jamás hubieran
llegado a un destino prohibido por un embargo de las Naciones Unidas.
Mientras los abogados de Menem iban y venían tratando de obtener
una prórroga de su indagatoria, puertas adentro del juzgado el
teniente coronel Cattenati describía una escena que complica aún
más a Balza. Este militar fue observador militar de la guerra entre
Perú y Ecuador entre agosto de 1995 y febrero de 1996. (En medio
de ese período ocurrieron las explosiones en la fábrica
militar de Río Tercero) Ayer, ante el juez Urso, el secretario
Juan Hermida y fiscal Carlos Stornelli relató que “accidentalmente
compartió un desayuno con el general Paco Moncayo, quien entonces
tenía el cargo de comandante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas”.
Y esa oportunidad, Moncayo le comentó que “había estado
con el general Balza y que le dijo que no había cumplido con lo
que había quedado, porque las armas que le envió no eran
las acordadas, y que la munición era vieja y no servía”.
Como los dichos de Cattenati trascendieron anteayer, Balza salió
a desmentirlo. “Es totalmente falso”, fue su respuesta. De todos
modos, según los investigadores, en los últimos meses se
han acumulado otras pruebas de igual peso en su contra en el expediente.
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Piden procesamiento
de Erman
El fiscal Carlos Stornelli solicitó ayer al juez Jorge
Urso que procesara al ex ministro menemista Erman González
como presunto “organizador” de la asociación ilícita
que vendió armas a Croacia y Ecuador. Stornelli también
planteó que se amplíe el procesamiento de González
por supuesta “falsedad ideológica” de los decretos
gubernamentales de venta de armas a Panamá y Venezuela, que
terminaron yendo a Zagreb y Quito. Erman González, que está
detenido en el Batallón Buenos Aires de la Gendarmería
Nacional por orden del juez en lo penal económico Julio Speroni,
fue indagado el lunes y aseguró que la política de
venta de armas al exterior era resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional.
Urso se tomará los diez días que establece el código
para resolver su situación procesal.
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EL
GOBIERNO EVALUA QUE PUEDE OCURRIRLE A MENEM
“Puede que quede adentro”
Por José
Natanson
Aunque juran que no han cruzado
ni un solo llamado con los responsables de investigar la causa, en el
Gobierno ya comenzaron a evaluar las consecuencias de una eventual prisión
para Carlos Menem. “Ya no es garantía para el establishment
y, además, su poder interno está muy diluido. No produciría
ningún cimbronazo importante”, era la conclusión de
un encumbrado funcionario que, sin embargo, no se privaba de arriesgar
un pronóstico: “No tenemos certezas, pero el pálpito
es que va a quedar adentro”, decía.
Fernando de la Rúa fue consultado sobre el tema ayer por la tarde,
apenas aterrizó en el Chaco. “No señor”, respondió,
lacónico, cuando le preguntaron si una eventual prisión
para Menem complicaría la gobernabilidad del sistema. Después
amplió sus declaraciones, pero sin apartarse del camino: dijo que
el Gobierno “preserva la independencia de la Justicia”, calificó
de “insinuaciones ridículas y sin ningún fundamento”
las versiones sobre un posible indulto y pidió “la máxima
celeridad y seriedad” en la investigación de la venta de armas.
Aunque reconocen que el tema es importante, en el Gobierno aseguran que
ningún funcionario se ocupa de seguir la causa de cerca, y mucho
menos de influir sobre su desenlace. “El Presidente y los ministros
se enteraron por radio de que (Jorge) Urso había decidido adelantar
la indagatoria de Menem”, contaba un funcionario. “No hay nadie
operando el tema, ni para un lado ni para el otro”, aseguraba.
La frase refiere a una duda que ronda los despachos oficiales: ¿al
Gobierno le conviene que Menem termine tras las rejas? Un primer análisis
podría responder que sí: el arresto del riojano desviaría
la atención sobre la crisis económica, consolidaría
la imagen de una Justicia independiente y permitiría cumplir con
la promesa de empujar a los corruptos a la cárcel. Sin embargo,
no todos están de acuerdo con esta teoría. “De la Rúa
está preocupado, pero dice que no va a hacer nada”, aseguró
un funcionario que dialogó con el Presidente sobre el tema.
De todos modos, la cosa no va más allá. Aunque admiten que
a nadie le entusiasma la detención del ex presidente, en la Casa
Rosada aseguran que su efecto sería limitado. “Un año
atrás hubiera sido un quilombo. Hoy no”, sostiene un importante
funcionario. Y divide el análisis en dos planos:
 El primero es económico.
“La presencia de (Domingo) Cavallo es garantía suficiente
de estabilidad. Además, Menem no es como (Pedro) Pou, que tenía
un cargo dentro de la estructura del Estado”, explican en el Gobierno.
Según dicen, un tiempo atrás podría haberse generado
cierta incertidumbre en los mercados, sobre todo porque Menem controla
un grupo de diputados y senadores. Ahora, con el poder interno del riojano
cada vez más licuado, la perspectiva es diferente.
Desde un punto de vista más
político, el diagnóstico oficial es que la debilidad de
Menem le impediría arrastrar a sectores importantes de su partido
en su defensa en caso de una detención. “Después de
la foto, que fue tan criticada, ningún dirigente importante está
dispuesto a arriesgar su imagen. Está solo”, resumían
en la Rosada.
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