Página/12

Patricia Bullrich se ve cansada. Como quien hizo un esfuerzo agotador por evitar una desgracia que, sin embargo, aún sigue acechando. La ministra de Trabajo se jacta de haber viajado a Madrid bajo la amenaza de la SEPI (holding estatal español) de “no aportar ni un duro” para Aerolíneas Argentinas y haber vuelto con la promesa de una capitalización. Pero esto no basta para alejar el fantasma de la quiebra, que para la funcionaria podría condenar a la empresa a su desaparición. O a la reapertura con un cuarto del plantel actual. Su rol protagónico en esta crisis es producto, en cierta medida, del criterio oficial de considerar al actual conflicto de la aerolínea de bandera como un problema gremial y no como una cuestión de Estado.
–Todos nos preguntamos cuál es el final de la historia de Aerolíneas Argentinas.
–No puedo decir cuál es el final porque no lo sé.
–¿Y cuál es a su juicio la alternativa más viable?
–Aerolíneas no tiene muchas salidas. Existe un problema madre: es una típica privatización de las que realizó (Roberto) Dromi, con los defectos públicamente conocidos. Pero la cuestión es ver cómo son las cosas hacia adelante. El Estado no puede hacerse cargo porque no tiene recursos para garantizar la operatividad de la empresa. Tampoco es viable la alternativa de la quiebra, en la que Aerolíneas se duerma con un operador y se despierte con otro, con nuevos uniformes y sin dejar de funcionar.
–¿Tampoco cree que funcionaría un sistema como el de la quiebra de Pan Am, tal como pensaron Domingo Cavallo y Carlos Bastos?
–No. Entre otras razones, porque nadie la va a querer con la misma cantidad de trabajadores. Todos los interesados que se acercaron en este tiempo al gobierno plantearon que, de hacerse cargo de Aerolíneas, la operarían con no más de 1500 o 2000 empleados.
–¿Qué empresas?, ¿Eduardo Eurnekian o Delta Airlines, por ejemplo?
–Por ejemplo. La quiebra es la peor hipótesis, porque es imposible saber cómo se saldrá de ella y, básicamente, si podría seguir operando. Tiene aviones que no son propios, un activo que vale, básicamente las rutas que les dio en concesión el Estado. Pero, insisto, es una alternativa difícil, que Economía la estuvo estudiando en detalle y concluyó que no es técnicamente aconsejable.
–¿Entonces?
–La quiebra no es una vía posible. El Estado no puede hacerse cargo y los trabajadores tampoco. Yo le planteé a los cinco gremios que admiten modificar sus convenciones colectivas –todos excepto APTA y Aeronavegantes– la posibilidad de organizar una cooperativa y me dijeron que no.
–¿Por qué?
–Porque es sumamente complicado operarla en este momento, aunque se la reciba libre de deudas. Hay que conseguir crédito para combustible, para catering (comidas a bordo), seguir pagando los leasing (alquiler de las aeronaves). Sin aporte de capital, es absolutamente imposible seguir operando la compañía. Así las cosas, la mejor opción es una capitalización, con una mayor participación de los trabajadores que controlen la ejecución del plan operativo.
–¿Cómo se pagará lo que resta de los sueldos de mayo?
–Aún no está claro. Estamos trabajando para esto.
–¿Para cuántos días más Aerolíneas tiene recursos para funcionar?
–Eso no me lo tiene que preguntar a mí. Pregúnteselo a la empresa.
–¿Cree que la SEPI tiene voluntad de seguir financiando Aerolíneas más allá de esta última promesa de aportar 350 millones de pesos?
–Si la SEPI exige el acuerdo con los gremios como condición para capitalizar la empresa, debe cumplirlo. Y no puede venir mañana a exigir otra cosa y luego otra cosa. Eso sí: todos tienen que poner su parte. ElEstado argentino la puso, los trabajadores tienen que ponerlo y la SEPI, por lo tanto, también.
–¿La intención de la SEPI es ejecutar un plan operativo para seguir operando la empresa o sólo reorganizarla para venderla?
–Ellos quieren vender. Pero eso no ocurriría antes de tres años. Por eso en el acuerdo propuesto a los gremios se prevé estabilidad laboral mientras dure la ejecución del plan director y por un mínimo de dos años.
–¿Pero por qué tanto empeño en cerrar el acuerdo con APTA (técnicos aeronáuticos) como si de eso dependiera el futuro de Aerolíneas? El costo laboral total no supera el 17 por ciento de los costos operativos, y los técnicos aeronáuticos son sólo una proporción.
–Pero no es justo que unos trabajadores resignen ventajas y otros no.
–Entonces no es posible cerrar un acuerdo con sólo cinco gremios, dejando afuera a dos. ¿Porqué aceptarían ahora este criterio los accionistas españoles, si públicamente siguen insistiendo que o acuerdan los siete sindicatos o ellos no aportan un sólo dólar?
–Veremos qué es lo que deciden. Nosotros pudimos hasta acá y les ofrecemos avanzar en un acuerdo con cinco gremios. Veremos ahora qué deciden ellos.
–¿El Estado argentino no tiene instrumentos legales para forzar a la SEPI a garantizar la operatividad de Aerolíneas?
–Hay algunos mecanismos en relación a las rutas, que siguen siendo propiedad del gobierno argentino. O la aplicación de multas por el atraso en el pago de salarios.
–... que hasta ahora ustedes no aplicaron.
–No nos parecía correcto, porque estábamos en el medio de una negociación. Pero se están instruyendo los sumarios para aplicar las multas.
–¿Por qué cree que el gremio de Ricardo Cirielli (APTA) se mantiene inflexible?
–Tal vez porque cree que va a venir alguien a solucionar los problemas, o porque piensa que la empresa puede salvarse con una quiebra. Sin embargo, yo le digo que un proyecto de quiebra es absurdo, porque significaría reducir la empresa a 1500 ó 2000 trabajadores. Y algo así resultaría desastroso.
–¿Cree que tiene fundamento el rumor de que Cirielli trabaja para algún proyecto relacionado con Eduardo Eurnekian?
–Ignoro para qué proyecto puede trabajar Cirielli. Pero le insisto que en este momento no hay otra salida que una capitalización de la empresa.
–¿Hay unidad de criterio en el gobierno en torno a este tema?
–Se va trabajando todo el tiempo. Con Cavallo, con (Chrystian) Colombo, con Carlos Bastos. Y con el Presidente, por supuesto.
–¿No cree que, a esta altura, el gobierno debe asumir que no se trata de un problema empresario sino de un problema político, que debe ser solucionado con una negociación de gobierno a gobierno?
–Problema político... esa es una frase hueca. La estabilidad de 7000 trabajadores es una cuestión política. ¿Qué significa “problema político”?
–Tal vez significa que el gobierno argentino debería exigir al español cumplir las obligaciones asumidas con la privatización al margen de un acuerdo con un gremio.
–Todo se pone sobre la mesa. Pero aquí es cuestión de que un gremio acepte trabajar 40 horas semanales en lugar de 34 o que admita mantener el motor de un Jumbo y no sólo el de un MD. Todas las empresas que se privatizaron ajustaron las condiciones de empleo. Ocurrió en Segba o en Gas del Estado, por ejemplo. Allí, los trabajadores tenían jornadas mucho más breves, acordes al régimen estatal.

BULLRICH ADMITE QUE LA DESOCUPACION HABRIA SUBIDO
Preparándose para el anuncio

El Gobierno ya está resignado y empezó a preparar el terreno para que, cuando se conozca oficialmente, su repercusión no abra una nueva crisis política. Según admitió ayer la ministra de Trabajo Patricia Bullrich, la desocupación medida por la encuesta de mayo será mayor a la registrada en octubre pasado. Todavía no hay ningún dato concreto del INdEC, sólo indicios. Pero los propios indicadores de empleo del Ministerio de Trabajo dan la pista de que las cifras de desocupación empeorarán.
“No hay un panorama positivo para el mercado laboral en la medición que se hizo en mayo, seguramente no va a ser un buen número en relación al último que tuvimos”, reconoció la ministra, que aclaró que “todavía estamos lejos de tener la cifra, que va a salir aproximadamente el 15 de julio, cuando la publica el INdEC”. En octubre último, la tasa de desocupación a nivel nacional alcanzó el 14,7 por ciento frente al 13,8 por ciento en octubre de 1999. En mayo último podría ubicarse cómodamente entre el 15,5 y 16 por ciento. En cantidad de personas, en octubre la desocupación alcanzó el récord de 2.027.000. En mayo podría sumarse otras 150 mil personas a las filas de desocupados.
El INdEC releva, en mayo y octubre, la encuesta permanente de hogares en Gran Buenos Aires y 27 aglomerados urbanos del interior del país. De allí surgen los niveles de empleo, ya sean en puestos de trabajo formales o en negro. Para saber los niveles de desocupación, los encuestadores del INdEC preguntan a la persona desempleada si estuvo buscando “activamente” empleo en la semana previa al relevamiento. Si la respuesta es positiva, entonces se la suma al ejército de desocupados, sino se la considera “inactiva”. Y por lo tanto, pese a no tener trabajo, no pasa a revistar entre los desocupados. Por eso, es clave dentro de esta medición el registro de la Población Económicamente Activa (PEA), que no sólo incluye a los ocupados sino también a los que están buscando “activamente” empleo.
El INdEC recién procesó algunos datos del Gran Buenos Aires de las dos primeras semanas del relevamiento, que se hizo durante todo el mes de mayo, y todavía está concluyendo algunos trabajos de campo en el interior del país. “Quien diga que tiene información del INdEC, miente. Todavía no hay nada para poder sacar siquiera un número”, le dijo ayer a este diario un alto funcionario del Ministerio de Trabajo, que mantiene línea abierta con los técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Los números que manejan en Trabajo son los de la encuesta de indicadores laborales de coyuntura que releva el Ministerio entre un grupo de 200 empresas. Esa muestra, por lo tanto, sólo mide los niveles de empleo formal, pero nada dice de la gente que busca trabajo.
Según esa fuente, entre octubre y marzo, el empleo se mantuvo estancado. Pero cayó 0,6 por ciento en abril y, aunque todavía no terminó de procesarse la encuesta, también habría caído en mayo. Así que, al menos el empleo formal, cayó entre octubre y mayo. Pero la clave estará en el comportamiento de la PEA. Más precisamente, sólo podría evitarse que la tasa de desocupación aumentara si hubiera un “efecto desaliento” importante, es decir, que mucha gente sin trabajo dejara de buscarlo, sin esperanzas de hallarlo después de tanto tiempo de recesión. Sin embargo, en marzo, en general, la PEA crece, porque a comienzo de años el “efecto desaliento” no es tan significativo como en octubre. Por lo tanto, los técnicos reconocen que lo más probable es que la desocupación aumente.

La ministra de Trabajo aseguró ayer que seguirá avanzando con los cinco gremios más proclives a admitir el ajuste implícito en el Plan Director para concretar el acuerdo que les garantiza estabilidad por dos años, a cambio de resignar salario y otras condiciones laborales. Pero desde Madrid, Pedro Ferreras aseguró que Aerolíneas Argentinas está “cerca de la parálisis” y volvió a descartar cualquier capitalización si no es a cambio de un pacto con los siete sindicatos.
Para facilitar las negociaciones, Patricia Bullrich decidió dar marcha atrás con su planteo para privar de personería gremial a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, el que hasta ahora planteó una negativa más rotunda al acuerdo. Al mismo tiempo, Fernando de la Rúa firmó un decreto para instrumentar una especie de compre nacional aeronáutico, de modo tal que tanto las cargas estatales como los viajes de funcionarios se realicen a través de la aerolínea de bandera. Esta es una de las exigencias
pendientes de la SEPI, consignadas en un acta acuerdo que el gobierno de la Alianza firmó con los españoles en octubre pasado.
Pero el punto medular, que todos los trabajadores acepten el ajuste, no está resuelto. Bullrich insistió ayer en avanzar en el acuerdo con los cinco gremios, incluyendo la formación de una comisión tripartita a integrar por representantes de los gremios, la empresa y el Estado. El objetivo del grupo sería controlar la ejecución de los planes operativos de la empresa y que ésta honre su promesa de no expulsar personal. Pero hasta anoche, nada de esto estaba aún garantizado.

El titular del holding español culpó a los gremios por el estado de la empresa. Dejó abierta la posibilidad de una convocatoria de acreedores.

Manifestaciones frente a las oficinas de Iberia, fuertemente custodiadas por fuerzas policiales.

Con las negociaciones con los gremios prácticamente congeladas y un desempeño casi normal en los aeropuertos, las novedades en la evolución del conflicto de Aerolíneas estuvieron dadas por las declaraciones en España del presidente de ese país, José María Aznar, y del titular de la SEPI, accionista principal de la compañía, Pedro Ferreras, y las expectativas abiertas por un encuentro entre el presidente Fernando de la Rúa y el empresario Eduardo Eurnekian. Ferreras graficó la situación de la empresa señalando que está “al borde de la parálisis”, y sugirió la posibilidad de ir a una convocatoria de acreedores. Aznar apuntó en el mismo sentido, al destacar las inversiones realizadas por España en Aerolíneas (“más de 1500 millones de dólares), pero refirió que “el problema es cuando hay determinados empeños en que las empresas no sean viables”, lo que puede interpretarse como una alusión a los gremios opuestos a un arreglo con la SEPI. El gobierno nacional, en tanto, agregó un gesto a los que viene haciendo en pos de sumar ofertas en favor de la viabilidad de la empresa: dispuso por decreto que el transporte aéreo de pasajeros o carga de carácter oficial deberá hacerse, a igualdad de precios, a través de una empresa de bandera nacional.
En medio de las expectativas por la falta de novedades, un encuentro entre el presidente Fernando de la Rúa y el titular de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo Eurnekian, dio lugar a rumores sobre un probable acuerdo para el ingreso del empresario a Aerolíneas como parte de un nuevo grupo inversor, en sustitución de la SEPI. Pero durante el encuentro, que tuvo lugar durante una recepción de agasajo a De la Rúa en una estancia de Eurnekian en Chaco, el mandatario y el empresario sólo tuvieron quince minutos para un aparte, donde –según las fuentes– se habló de Aerolíneas pero sin propuestas concretas de ninguna de ambas partes. En las actuales circunstancias, Eurnekian habría perdido interés en comandar la compañía dada la gravedad de su situación económico-financiera y la falta de perspectivas para encontrar un operador internacional y financiamiento necesario en tales circunstancias, según confía ante sus allegados. Durante la reunión a solas con De la Rúa, se limitó a hacer una evaluación sobre el conflicto, en una charla que no habría abierto nuevos caminos alternativos.
El gobierno, por otra parte, empezó a desandar algunos caminos intentados hasta ahora, como el pedido a la Justicia de quitarle la personería gremial a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico. Ayer el Ministerio de Trabajo retiró el requerimiento después de conocerse el dictamen de un fiscal rechazando tal solicitud,que fuera calificada por la Asociación de Abogados Laboralistas de “arbitraria” e “ilegal”.
El presidente español, José María Aznar, volvió a rechazar una consideración política para el conflicto de la empresa aérea y, en cambio, insistió en su raíz empresarial. “España ha invertido en Aerolíneas Argentinas más de lo que ha conseguido en este momento con la privatización de Iberia, más de 1500 millones de dólares”, dijo en conferencia de prensa en Madrid. “El problema es cuando hay determinados empeños en que las empresas no sean viables, espero y deseo que las cosas puedan mejorar desde una perspectiva de una empresa viable”, agregó. Aznar recordó que España ha realizado una apuesta clara por Argentina en los momentos de crisis económica.
Ferreras, titular de la SEPI, fue más frontal y acusó directamente a los trabajadores por la crisis en ciernes. “Los fondos se están acabando y de lo que deberían ser conscientes los trabajadores es que, si no hay remisión de fondos, no se puede seguir funcionando”, amenazó. Luego, en tono enigmático, refirió que la crisis de Aerolíneas “se resolverá en cuestión de días”, sin explicitar en qué sentido, aunque luego advirtió que la empresa está al borde de “la parálisis” y que “podría cesar su actividad al no haber fondos para pagar el combustible, el catering o el mantenimiento”. Al ser consultado sobre el destino de Aerolíneas y la alternativa de pedir la quiebra, abrió otro interrogante: “habrá que ver aqué figura jurídica se acoge la compañía”, dijo, lo cual no descartaría una convocatoria de acreedores.