Por Cristian Alarcón

Podría decirse de esta causa que en ella se conjugan por lo menos dos paradojas. Después de un juicio oral que demoró casi una semana, el Tribunal Oral Federal 6 absolvió a un ex agente de la Policía Federal acusado de narcotráfico al declarar nula la causa por irregularidades -justamente de la Policía Federal– en el procedimiento en el que le incautaron 2 kilos de cocaína. La sentencia, que llegó dos días antes de que el Senado convierta hoy en ley el aumento de poderes a las fuerzas de seguridad, fue una de las primeras buenas noticias para una dupla de abogados que saben mucho del tema: el ex juez federal Carlos Branca y el ex secretario del juzgado federal de Dolores, Roberto Schlagel. Schlagel estuvo preso hasta febrero por haber sido miembro de un banda que inventó procesos por tráfico de drogas, pero contra personajes famosos. Y defenderá en menos de un mes a los policías acusados de extorsionar a los golpes a un vecino de Barracas para no inventarle una causa.
Es así: este diario ya había informado –el 20 de marzo pasado, a un mes y medio de que Schlagel saliera de prisión beneficiado por la ley del dos por uno– sobre la sociedad nacida al calor de largas charlas en la vieja cárcel de Caseros. Fue allí, en el pabellón de los presos por escándalos, que se conocieron Schlagel y Branca. Así como el ex secretario de Hernán Bernasconi cayó tras las rejas cuando se descubrieron las irregularidades cometidas en el Caso Coppola, el ex juez federal tuvo su traspié al quedar involucrado por un ex combatiente de la guerra de Malvinas como el protector de una banda de contrabandistas, conexa a las actividades de la Aduana Paralela. Después de que Schlagel salió de la cárcel de Marcos Paz el 2 de febrero pasado, ambos quedaron habilitados para volver al ruedo profesional: Branca es inocente hasta que se realice el juicio oral en el que lo acusarán por asociación ilícita y eventualmente se demuestre lo contrario. Schlagel ya pagó, está en libertad condicional.
Por eso es posible la paradoja del ex secretario que armaba causas convertido en prolijo y garantista abogado defensor que consigue que su representado sea dejado en libertad después de dos años. El hombre que creyó en la capacidad de Schlagel y Branca es Emir Dino Galván, conocido como “el Gordo Galván” y ex agente de la Policía Federal, según le dijeron a Página/12 fuentes judiciales. Esta causa no fue la primera en su currículum, ya no como policía, sino del otro lado del mostrador. En 1990 fue preso por robo de automotor y estuvo entre rejas hasta 1993. En 1999 fue acusado de otro robo, del cual salió finalmente sobreseído a los pocos meses. La persona que lo invitó el 25 de junio de ese año al Solar de la Abadía, donde sería detenido por sus ex compañeros de fuerza, fue un contacto que había hecho durante esa breve estadía en la cárcel.
El trámite que el propio Galván confesó que debía hacer aquel día de junio del ‘99 en el shopping era un “cambio de plata, de billetes falsos por billetes buenos”, contó un vocero que participó del juicio. La historia de Galván, defendida por sus abogados Schlagel y Branca, es que cuatro meses antes había conocido a un hombre en prisión que le había prometido trabajo afuera. Por eso Galván se encontró con el personaje que en un auto Fiat Palio patente CAG 676, último modelo, lo llevó hasta el Solar. Sucede que cuando llegaron a la playa de estacionamiento del lugar, “el otro se borró” y a Galván lo pararon dos agentes de Inteligencia de Narcotráfico de la policía. ¿Cómo es que la policía supo que Galván estaría en ese sitio, a esa hora, y en una movida sospechosa? Ese fue uno de los puntos discutidos ante los jueces por Schlagel y Branca.
Durante los cuatro días que duró el juicio oral –desde el miércoles pasado y hasta el lunes– el fiscal Alberto Huarte Petite, planteó ante los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Guillermo Madueño que no existían suficientes elementos para pensar en una causa armada. Pero la nueva dupla de defensores –”técnicamente sólidos” y “jurídicamente correctos”, según la opinión de funcionarios judiciales–insistió en la irregularidad del procedimiento. Sobre todo en el hecho de que la policía llegó a Galván a través de un misterioso fax que recibió casi en el momento la División Inteligencia de Narcotráfico de la Policía Federal. Finalmente, los jueces les dieron la razón y no sólo que dejaron en libertad a Galván sino que además ordenaron que se investigue la conducta de una mujer que sería oficial de la Policía Federal. Así, cuando el Senado se prepara para aumentar los poderes de la fuerza y permitirle la requisa de autos sin orden judicial, la justicia sumó un nuevo caso “trucho” a la lista de 55 en los que se investiga a federales por sembrar pruebas, armar procedimientos y detener a inocentes.
La suma de casos en los que policías de la Federal están investigados por armar procedimientos crece. Un grupo especial de fiscales, la Unidad de Fiscales de Investigaciones Especiales, comandada por Maximiliano Rusconi y Daniel Rafecas, determinaron que por las causas inventadas por la federal 76 personas inocentes estuvieron presos hasta dos años. Todo lo que movilizaba a los agentes era demostrar eficiencia, y ganar ascensos con procedimientos exitosos. De los investigados por esos delitos, ocho comisarios siguen en actividad. Son los mismos que podrán usar, a partir de la promulgación de la ley que seguramente será votada hoy, las nuevas atribuciones otorgadas por el Congreso, que incluyen las requisas de autos y personas con sólo considerarlos sospechosos.

JUICIO A UN PRESO POR MATAR A OTRO EN DEVOTO
Los guardias bajo sospecha

Por Carlos Rodríguez

Con las piernas cruzadas, el mentón bien levantado y un tono en la voz entre burlón y didáctico, el preso José Zangari Peralta –que podría recibir su cuarta condena, esta vez por homicidio– afrontó la primera audiencia en un juicio oral en el que está acusado como autor de la muerte de otro recluso, Sergio Montini, hecho ocurrido el 30 de enero de 1999 en la cárcel de Devoto. El imputado, que este año fue acusado por el ladrón de bancos Daniel “Tractorcito” Cabrera de querer asesinarlo en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza por orden del Servicio Penitenciario Federal (SPF), negó su participación directa en el crimen de Montini, a pesar de que innumerables testigos lo señalaron como autor material. Luego de admitir que supo hacer “trabajos” para el SPF, acusó como responsable de la muerte de Montini al entonces jefe de requisa de Devoto Héctor Oscar Orueta y señaló, como presunto móvil del homicidio, la existencia de una red de narcotráfico interno montada por los guardiacárceles.
Según Zangari Peralta, en Devoto funcionaba en esos años “una red de distribución de droga entre los internos” a la que supuestamente se conocía como “tejas blancas”. De acuerdo con su versión, la muerte de Montini –que había caído preso por infracción a la ley de drogas– fue “ordenada” por el SPF porque “se quedó con una parte (de una partida de cocaína) con la que no se tenía que haber quedado”. Por esa razón “tuvo que ser ejecutado”. Según el imputado, la droga era ingresada al penal “por los guardias”, en estado puro, y algunos internos la fraccionaban mezclándola “con bicarbonato, con Piocidex, con cualquier cosa”.
Montini fue asesinado de una puñalada, con una faca que nunca fue encontrada. El hecho fue presenciado por numerosos internos, que declararán en el juicio, y que señalaron a Zangari Peralta como el responsable. Los abogados de la familia de la víctima, Daniel Stragá y María del Carmen Verdú, concuerdan con el imputado en que el SPF tuvo algún tipo de participación en el crimen, pero consideran abrumadoras las pruebas que señalan a Zangari Peralta como autor material.
La noche anterior al crimen, Montini y Zangari habrían mantenido una violenta discusión. “El Hormiga”, como le decían al imputado, habría reclamado el pago de unas cuantas dosis de cocaína. Cuando Montini recibió la puñalada, al mediodía siguiente, varios testigos vieron que le salía sangre a borbotones, pero cuando llegaron el juez y los fiscales, todo estaba limpio y en orden. Eso estaría indicando una maniobra urdida por el personal penitenciario para desviar la pesquisa.
Otro preso, Mario Sosa, se declaró autor del crimen, pero su versión fue considerada por la justicia una “fábula” llena de aspectos “incongruentes y hasta infantiles”. Los testigos dijeron que, minutos después del hecho, Sosa fue obligado por Zangari a declararse culpable, bajo amenaza de muerte, aunque no había tenido intervención. Zangari, de 39 años, fue definido en su perfil psicológico como un individuo de actitud dual: puede ser “manipulador y prepotente”, pero si le ponen límites “cede para dejar paso a una persona colaboradora y dócil”. Confesó que se droga desde los 6 años y que dejó “hace cuatro meses”, lo que confirmaría que recibió droga durante todos los años que lleva preso.

PRINCIPAL