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Por Sergio Moreno y Eduardo Tagliaferro
 Existen altísimas probabilidades
de que el ex presidente Carlos Menem sea hoy procesado y encarcelado por
el juez federal Jorge Urso, en calidad de jefe de la asociación
ilícita que vendió ilegalmente armamento argentino a Croacia
y Ecuador. En los tribunales de Comodoro Py consideran que las declaraciones
de Esteban Caselli, Oscar Camilión, Antonio Erman González
y Martín Balza aportaron la suficiente carga probatoria para que
el magistrado disponga su detención. Si ello ocurre, será
la primera vez en la historia argentina que un ex presidente constitucional
vaya a prisión juzgado durante un gobierno democrático.
Ayer, mientras se sucedían dramáticos episodios en la puerta
del hotel donde el riojano hizo su morada y circulaban versiones tremendistas
sobre una hipotética e inminente detención, el riesgo país
bajó algunos puntos, al igual que la Bolsa, en la Casa Rosada se
anunciaba un plan para el sector frutihortícola y los hinchas de
San Lorenzo preparaban los festejos de un campeonato que creen ya ganado.
A las 10 de la mañana de hoy, quizás cuando el lector esté
recorriendo estas líneas, Menem deberá presentarse –documento
de identidad en mano– en el despacho del juez que llegó a
su cargo como un alfil en la estrategia de coptación del poder
judicial desplegada durante los 90 por su propio gobierno. Una vez allí,
se le leerán las acusaciones que pesan en su contra: ser el jefe
de una asociación ilícita formada para vender ilegalmente
armamento bélico a países interdictos por los acuerdos internacionales
de los cuales la Argentina era signatario; haber incurrido en falsedad
ideológica al firmar los decretos que posibilitaron la maniobra;
y haber incumplido los deberes de funcionario público. El ex Presidente
deberá esforzar su prosa y su capacidad argumentativa a punto tal
de deslumbrar al magistrado si quiere mantener su libertad.
¿Qué pasó para que esté a punto de ocurrir
lo que nadie creía que iba a ocurrir nunca? A partir de la confesión
de Luis Sarlenga, ex titular de Fabricaciones Militares cuando se realizó
el contrabando, desfiló por los tribunales federales una serie
de testigos e imputados que aportaron, cada uno a su manera, pruebas y
testimonios que perjudicaron la posición de Menem. Esteban Caselli
presentó un escrito relatando cómo el por entonces Presidente
le pidió que informe a Oscar Camilión, a la sazón
ministro de Defensa, que Sarlenga no debía ser reemplazado. Camilión
confirmó esas afirmaciones. Erman González dijo que la venta
de armamento es un resorte del Poder Ejecutivo Nacional, en aquel entonces
encarnado en Menem. Y ayer, el general Martín Balza –jefe
del Ejército durante los últimos nueve años de mandato
del riojano– dio cuenta que en una discusión que mantuvo con
Alberto Kohan en 1998, reprochó al secretario General que ni Panamá
ni Ecuador habían requerido armas por lo que los decretos habían
sido dibujados.
Urso y el fiscal Carlos Stornelli prepararon unas doscientas preguntas
que esperan las respuestas de Menem. Quizás no las responda. Quizás
siga apelando al arma que mejor conoce –cuya eficacia está
dudas en esta lid-y despliegue una argumentación política.
Política que parece inocua ante la frialdad de la requisitoria
judicial. Lejano quedó aquel día en que el peronismo todo
–con las notorias ausencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner–
usó el Parlamento Nacional a guisa de unidad básica para
clamar por la libertad asediada del presidente de su partido. Lejanos
también se antojan los embates contra el fiscal. Más distante
aun la confianza en un Poder Judicial que supo ser genuflexo a los deseos
del poder y que ahora, con el libre deuda en la solapa, arremete contra
sus antiguos beneficiarios.
Algo similar ocurre con la que fuera propia tropa. Nicolás Maquiavelo
enseñó que un Príncipe no tiene que confiar en los
aduladores: cuando se está en el poder, solo aportarán palabras
vanas para mantener sus beneficios; cuando se deja el poder, les darán
la espalda, cuando no la traición. Raleada se vio la hinchada de
Menem en su hora tan amarga. Suhermano, un puñado de senadores,
otro de diputados, un gobernador –el de su provincia natal–,
algunos barrabravas, algunos colectivos llenos de riojanos invitados por
el erario provincial, su mujer Cecilia Bolocco (quien otro cuento había
soñado para su enlace con el príncipe oriental).
Si el menemismo crujió ayer, no lo hizo la Argentina. Excepto los
interesados e involucrados, nadie –ningún dirigente político,
empresario, social e incluso economista– considera que un hipotético
encarcelamiento de Menem ponga en riesgo la estabilidad institucional
o modifique la situación económica. Por el contrario, son
muchos los que creen que si el ex presidente constitucional es apresado
conforme a derecho, el sistema institucional de la Nación saldrá
fortalecido.
Tal escenario será obviamente un hecho político, un nuevo
actor que modificará la escena nacional.
* El Gobierno. Si bien esta administración poco puede capitalizar
en el maremágnum de la crisis económica y la pauperización
social, bien podrá transformar su inacción en estrategia:
la carencia de operaciones sobre el Poder Judicial –que se le achacó
a veces con saña al Presidente Fernando de la Rúa y a su
hermano y ministro de Justicia, Jorge– deviene en la decisión
de dejar trabajar en libertad a la Justicia. Y cuando la Justicia trabaja
en libertad, arroja resultados, podrán decir.
En el plano de las alianzas, el Gobierno ha dejado de necesitar –como
le fue menester cuando el ingreso de Domingo Cavallo– el apoyo del
ex Presidente, cuya atribulada tropa ha comenzado a buscar nuevos horizontes.
Con un grupo de gobernadores peronistas, la administración de lo
que queda de la Alianza garantiza su gobernabilidad, al menos hasta las
elecciones de octubre. Y si los resultados de esos comicios fueran duramente
adversos para el Gobierno, los restos del menemismo poco podrían
aportarle.
* El Peronismo. El PJ, sin dudas, será quien acuse los mayores
cambios. Si Menem va a la cárcel se acelerará la pelea por
la conducción partidaria. Quizás, paradójicamente
sea Carlos Ruckauf quien más sienta su ausencia, ya que el gobernador
bonaerense había elegido al ex presidente como adversario a batir,
ganando puntos con esa pelea ante una sociedad que aun atesora una fresca
aversión a lo que dejó el menemato. Las huestes menemistas
se disgregarán y buscarán nuevos referentes. Un ganador
de esta obligada diáspora será el cordobés José
Manuel de la Sota, fiel hasta lo aconsejable al riojano, distante a la
hora de las jugadas temerarias, encerrado en una estrategia de presentarse
como administrador preocupado de sus labores de gobernador y vidriosamente
lejano a la apetencia extemporánea por ir a las urnas.
Menem preso implica un gran cambio en la política argentina. Habrá
crujidos. Habrá llantos. Habrá, también, brindis.
Habrá un test para las instituciones, no demasiado riesgoso. La
Bolsa subirá o bajará, igual que el riesgo país,
por factores exógenos a lo que ocurra en Comodoro Py. Y los hinchas
de San Lorenzo seguirán preparando una fiesta que, creen, ya tiene
asegurada.
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OPINION
Por J.M. Pasquini Durán
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JUSTICIA
(Viene de tapa.)
Existe la sospecha generalizada de que el trámite judicial
podría desembocar en la prisión preventiva del ex
presidente, como ya sucedió en sucesión vertiginosa
con Emir Yoma, Erman González y, ayer, con Martín
Balza. A pesar de las espectaculares diligencias preliminares la
sentencia final está por verse, pero hasta aquí la
investigación judicial es legal y legítima con una
dinámica precipitada en el último par de meses, aunque
el expediente, iniciado y sostenido por el infatigable abogado Ricardo
Monner Sans, acumuló fatigas durante casi seis años.
La resolución de esta causa en los términos del Estado
de derecho es de una trascendencia difícil de medir mientras
ocurren los hechos, pero en todo caso es más fácil
percibir su significado por la contraria: si todo queda en el amague
la frustración pública sin duda será enorme.
En cambio, son para desechar los augurios apocalípticos acerca
de la suerte de la democracia y de la “gobernabilidad”
como si fueran una sola y única pieza con el infortunio de
Menem. Cuando de corrupción se trató, Brasil, México,
Perú y Venezuela, por citar los más recientes en la
memoria, sobrepasaron situaciones similares sin hundirse en la ciénaga
de sus mandatarios inescrupulosos (Collor de Melo, Salinas de Gortari,
Fujimori y Pérez). La democracia no tiene motivos para temer
por los resultados de esta investigación judicial si aplica
el principio de igualdad ante la ley, ni siquiera por la capacidad
de maniobra del ex presidente, cuya credibilidad popular y sus influencias
entre los antiguos partidarios, las corporaciones empresarias y
ciertos círculos de poder en Estados Unidos, pasan por un
momento de palpable abandono.
Tampoco debería recelar el Partido Justicialista ni dejarse
ganar por argumentos gastados en la vieja antinomia de peronistas
y “gorilas”. Al contrario, por haber sido víctima
de proscripciones y otras flagrantes injusticias durante tantos
años, debería ser el primero en alinearse detrás
del principio de la igualdad ante la ley. Los dirigentes de ese
partido que acudieron a la sede del Congreso nacional, hace varias
semanas, para aparecer en la foto en respaldo de Menem, comprobaron
de inmediato que la mayoría de la sociedad está harta
de esas conductas corporativas en las que se amparan los que necesitan
escudos de impunidad. Quizá, la ausencia de casi todos ellos
en las celebraciones de la boda Menem-Bolocco sea un indicador de
que, al menos esta vez, la opinión pública mayoritaria
logró penetrar en los cerrados recintos de la política.
También hay que decir, por las experiencias citadas, que
la prisión o el destierro de algún mandatario no resuelven,
en relación mecánica de causa y efecto, la injusticia
social, los problemas económicos y los políticoinstitucionales
que atormentan a grandes porciones de la población. La irresponsabilidad
empresaria en Aerolíneas Argentinas, los incidentes de ayer
en Jujuy por la represión policial contra una protesta de
desocupados, o la huelga general de mañana, no encontrarán
respuestas válidas en el juicio que lo imputa a Menem. La
trascendencia del acto judicial, sin embargo, podría tener
notables repercusiones en la calidad democrática, un requisito
indispensable para afrontar con mayores aciertos los demás
problemas.
La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos es un requisito
indispensable en el Estado de derecho, porque protege al bien común
de los abusos de poder, combate el tráfico de influencias,
achica el riesgo deimpunidad y cumple con el mandato constitucional
de la separación de poderes. Junto con la igualdad de oportunidades
identifica la calidad justiciera de la democracia republicana y
actúa como factor compensador del equilibrio indispensable
en el régimen capitalista que, por su naturaleza, es un productor
de desigualdades de diverso tipo.
Si quiere construir un futuro mejor, Argentina necesita practicar
ambas condiciones sin claudicar ante las dificultades que siempre
se levantan para impedirlo. Sobre todo, porque los hábitos
en el poder durante casi dos tercios del siglo XX fueron asentados
en el desconocimiento de las leyes y de las garantías y derechos
de la Constitución. Como resultado, la sociedad nacional
mantiene heridas profundas sin sanar y las instituciones han perdido
tanto crédito popular que sus debilidades las vuelven insignificantes
para hacerse cargo del destino colectivo. Sería ingenuo creer
que ya no existen indebidas influencias o prerrogativas que, a veces,
determinan las conductas judiciales. Si no fuera así, sería
inexplicable la condena “ejemplificadora” a más
de cinco años de prisión del abogado Emilio Alí
por demandar alimentos gratuitos en un supermercado de propiedad
privada para hambrientos sin recursos o el enjuiciamiento de más
de dos mil sindicalistas de base, acusados de cometer diversas infracciones,
casi todas en el ejercicio de derechos constitucionales, mientras
está paralizado el trámite por el caso de sobornos
en el Senado nacional y buena parte de los terroristas de Estado
siguen, en su mayoría, disfrutando de la inmerecida libertad
a pesar de los innumerables crímenes cometidos por la última
dictadura del siglo pasado.
Por lo mismo, si en esta causa existe la debida justicia, habrá
un nuevo clima en las franjas de la sociedad que han sido ganadas
por el escepticismo y las sospechas debido a esa peligrosa mezcla
de insatisfacción del mínimo bien común y la
impunidad de los que más tienen. La megacorrupción,
aquí y en el mundo, ha sido reconocida como el factor más
peligroso para la estabilidad institucional y, de a poco, se van
imponiendo castigos para los que son sorprendidos con la mano en
la lata, aunque sólo sea para compensar moralmente las tremendas
injusticias que hoy imperan por todos lados. América latina,
no hay que cansarse en decirlo, es la región más injusta
de todas y, dentro de ella, Argentina ha trepado a los primeros
lugares del sufrimiento popular, del escarnio y del latrocinio.
La posibilidad de producir cambios verdaderos depende, como siempre,
de la capacidad que tenga cada sociedad para sacar provecho de las
experiencias. Así será también aquí.
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Hoy será indagado
Carlos Menem como sospechoso de comandar una asociación ilícita
que vendió ilegalmente armas a Croacia y Ecuador.