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 En medio del debate sobre las
medidas que deberían tomarse para reactivar la economía,
Enrique Martínez, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa
(Sepyme) propuso ayer dos iniciativas que hasta ahora no figuran en el
menú de su jefe, Domingo Cavallo: duplicar el salario mínimo
y vital –a 400 pesos– y la implementación de un seguro
de desempleo de 250 pesos para un millón de desocupados jefes de
hogar que tengan entre 18 y 24 años por el lapso de un año.
Según Martínez, esa inyección de fondos, de unos
6100 millones de pesos anuales, serviría para acelerar la salida
económica. “El proyecto no tiene ningún flanco débil
ya que ni siquiera representa un costo fiscal, sino todo lo contrario”,
señaló el funcionario en diálogo con Página/12.
El lanzamiento del plan por parte de Martínez tiene como principal
objetivo aumentar el nivel de consumo de los sectores de menores recursos.
“Desde 1993 viene bajando el consumo por falta de ingresos y eso
se evidenció el año pasado, con un pérdida de consumo
global de unos 7500 millones de pesos”, estimó. Ahora, el
secretario Pyme buscará apoyo político para que la propuesta
se haga realidad. A comienzos de la próxima semana, por caso, presentará
la idea ante el bloque de diputados de la Alianza. “El ministro Cavallo
me pidió que me ocupara de los sectores marginales de la economía.
Este es un aporte”, dijo Martínez a este diario.
Hasta ahora, los planes para incrementar los salarios mínimos fueron
muy resistidos por la parte empresaria. De hecho, las centrales sindicales
fracasaron toda vez que convocaron a la Mesa del Salario Mínimo,
encargada de fijar la remuneración base, que se encuentra en 200
pesos desde julio de 1993. La misma suerte corrió cada propuesta
para subsidiar masivamente a los desempleados. ¿La razón?:
la Argentina no está en condiciones fiscales de solventar esa erogación.
No obstante, el plan oficial estipula que si bien el Estado debería
desembolsar unos 3000 millones anuales para hacer frente a los seguros
de desempleo, éste se vería parcialmente compensado con
los 1800 millones que, según Martínez, ingresarían
al fisco dada la mayor actividad económica. A su vez, existe una
condición que deberán cumplir quienes reciban el subsidio:
capacitarse e integrarse a clubes de trueque u otros organismos “con
voluntad productiva”, con el objetivo de reinsertarse en el mercado
laboral.
Respecto del aumento en el salario mínimo, Martínez propuso
la emisión de un bono por 3000 millones de dólares que permitirá
financiar ese incremento a los empresarios Pyme, que podrían devolver
el préstamo con facilidades. Según últimos datos
del Indec, existen casi tres millones de trabajadores que ganan por debajo
de 500 pesos mensuales. Y, de acuerdo a cálculos de la secretaría
Pyme, existe otro millón que dispone de ese salario, pero trabaja
“en negro”. Para modificar esa situación, la iniciativa
oficial contempla que, durante dos años, el Estado comparta con
los empleadores las cargas sociales de los empleados. “Es lo que
se aplicó en Francia con mucho éxito”, sostuvo Martínez.
“Se intentaría quebrar la complicidad entre empleado y empleador
cuando se pagan parte de los sueldos ‘en negro’ para evadir
los aportes”, añadió el funcionario.
Por otra parte, la propuesta incluye la coordinación de programas
de “promoción de microemprendimientos” con la cartera
laboral y el Ministerio de Desarrollo Social por un total de 450 millones
de pesos. “Después de casi tres años de recesión,
es inevitable ocuparse de la demanda orientada a las Pymes”, señaló
Martínez a Página/12.
Además, entre las acciones complementarias que se pondrán
en marcha figuran la obligatoriedad del uso de la factura de crédito
conformada, la promoción de centros comerciales a cielo abierto
y un proyecto de ley para que, al igual que sucede en los Estados Unidos
desde hace dos décadas, los bancos destinen fondos, en relación
a los préstamos que otorgan, a los sectores de menores recursos.
FALTA
DE INVERSIONES EN TRANSPORTE Y GENERACION
El apagón, otro riesgo país
Empresarios del sector eléctrico
agregaron su voz a la preocupación ya expresada por el Senado nacional
respecto de una probable emergencia en el suministro por falta de inversiones
en pocos años más. El fantasma de los apagones en California
(Estados Unidos) y en Brasil empieza a recorrer territorio argentino,
a medida que se toma conciencia de que la demanda no podrá seguir
retenida como hasta ahora si algún día se deja atrás
la depresión económica, y la oferta no estará asegurada
en tanto continúe confiada a las respuestas del mercado.
Según estimaciones privadas, el sistema eléctrico podría
entrar en emergencia en Argentina en el año 2004 por falta de inversiones,
en especial en el segmento del transporte. “El mercado sólo
soluciona el problema en aquellos lugares en donde es rentable invertir”,
señaló ayer el presidente de Transener, Silvio Resnich.
El titular de la concesionaria de la red troncal de transporte eléctrico
señaló que, para el resto -áreas no rentables–,
se necesitan “políticas activas del gobierno”, estableciendo
las prioridades y facilitando “algún tipo de financiamiento”.
“Si hubiese primado el criterio de libre mercado, emprendimientos
como, por ejemplo, el tren de Bariloche o la ruta nacional 3 nunca se
hubiesen concretado”, ejemplificó.
Resnich indicó que el país tiene una capacidad de generación
un 50 por ciento superior a su consumo, pero que no puede exportar ni
volcar totalmente al mercado interno por falta de líneas de transmisión.
“Estamos exportando 1000 Mw y hay autorización para otros
2200, pero no están las líneas y, además, el sistema
nacional se descompensaría pues no está preparado”,
señaló el directivo de Transener. También refirió
que se sufre la falta de inversión en el segmento de generación.
“No hay ningún pedido de máquinas generadoras, y la
concreción de cualquier proyecto de generación necesita
una previsión de no menos de tres años”, apuntó.
Teniendo en cuenta un crecimiento mínimo del tres por ciento anual
del PBI, según la estimación de Resnich el consumo eléctrico
aumentaría un 8 por ciento anual. Conforme a las actuales restricciones
en generación y transporte, calculó Resnich, se corre el
riesgo de enfrentar un colapso eléctrico en 2004.
Por su parte, el secretario de Energía, Alejandro Sruoga, adelantó
durante una reunión con legisladores de la Cámara Baja que
se están estudiando alternativas para modificar el sistema de exportación
de electricidad, ya que su actual diseño provoca una fuerte suba
en las tarifas en el suministro para las provincias exportadoras. Según
señalaron algunos diputados al término del encuentro, las
respuestas del funcionario resultaron “poco satisfactorias”
ya que, al parecer, no tiene aún definidas las alternativas probables.
El debate tuvo lugar en el seno de la comisión de Energía
y Combustibles de la Cámara de Diputados, que preside el radical
Víctor Fayad. Según se señaló en la reunión,
la provincia más perjudicada por el efecto de las exportaciones
sobre sus tarifas internas es la de Misiones, seguida por las de Formosa
y Neuquén.
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