Como primera consecuencia comercial grave de la situación de Aerolíneas Argentinas, ayer la empresa decidió suspender, a partir de hoy “y hasta nuevo aviso”, sus vuelos a siete destinos internacionales: Nueva York, Los Angeles, Miami, Sydney, Auckland, San Pablo y Río de Janeiro. Carlos Bastos, ministro de Infraestructura, expresó su preocupación ante una situación que consideró grave y señaló que el Gobierno se tomará dos días para evaluar el nuevo escenario.
La empresa informó que la suspensión del vuelo a los citados destinos se origina en “la situación financiera” que atraviesa la compañía. Cuarenta y ocho horas antes, el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Ariel Basteiro, había adelantado que hoy se suspenderían los vuelos a Miami y otros destinos por falta de pago a los proveedores de combustibles. Aerolíneas sólo estaría en condiciones de volar entre puntos en donde el suministro le es provisto por Repsol, que se comprometió a no interrumpirle el suministro.
Bastos calificó a la suspensión de destinos internacionales por parte de Aerolíneas como “grave y preocupante” y anunció que el gobierno nacional “se tomará dos días para evaluar la situación”. El funcionario dijo que en ese plazo se analizará si la demanda de pasajes queda satisfecha. “Nuestra obligación es velar por el cumplimiento de las frecuencias y la atención de los pasajeros”, señaló el ministro de Infraestructura. Pero relativizó el problema, al apuntar que “las frecuencias suspendidas son frecuencias internacionales que se prestan en competencia, por lo cual la gravedad no es la misma que si se hubieran suspendido vuelos de cabotaje”.
En tanto desde Madrid, Pedro Ferreras, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que controla el 91,2 por ciento de Aerolíneas, advirtió ayer que la compañía “está entrando en una situación de parálisis efectiva” por la falta de fondos para el pago de salarios, combustibles y gastos de mantenimiento. Volvió a reclamar el apoyo unánime de los gremios al Plan Director y condicionó a dicho respaldo los aportes de capital adicionales por 350 millones de dólares. “No podemos tener el grifo abierto y al mismo tiempo el desagüe destapado”, graficó el directivo.
El directivo español aludió incluso a las acusaciones por vaciamiento que pesan sobre las sucesivas conducciones de Aerolíneas desde su privatización, diez años atrás. “Salvemos la compañía y después depuremos todas las responsabilidades, no tenemos nada que ocultar, nada de lo que avergonzarnos de lo que se haya hecho de Aerolíneas”, destacó.
El titular de la CTA, Víctor De Gennaro, ratificó que hoy habrá actos en todos los aeropuertos en respaldo a los gremios del sector. En tanto, también hoy se realizará en la Capital una marcha de sindicatos en el marco de un boicot contra empresas de capital español y en favor de los aeronáuticos. La marcha comenzará con una concentración frente a la sede de Aerolíneas Argentinas, en Perú y Rivadavia. Desde allí, los manifestantes continuarán hacia sucursales de bancos españoles, la sede de la empresa Telefónica y finalizará con un acto frente a las oficinas de la petrolera Repsol.
La empresa, en tanto, puso en marcha ayer su plan de ganar la voluntad de los técnicos de mantenimiento por encima de la oposición de su gremio, APTA. Los técnicos de Aerolíneas Argentinas recibieron ayer una carta de la empresa en la que apela a “la madurez y reflexión” de los trabajadores para apoyar el plan de saneamiento. La dirección de la empresa les recuerda que mientras con otros sindicatos se han iniciado negociaciones con distinto grado de avance, “con el personal de APTA no se ha conseguido iniciar una verdadera negociación por la permanente negativa de sus dirigentes, pese a que la empresa ha flexibilizado sus propuestas iniciales”. En su comunicación, la empresa promete a los técnicos “no segregar o tercerizar” el mantenimiento de los aviones, como tampoco “realizar trabajos de mantenimiento para su flota en talleres externos, salvo en casos extraordinarios y previa información y consenso con losrepresentantes de los trabajadores”. A cambio, la empresa les pide que acepten una extensión de la jornada semanal y una reducción salarial del 3 al 6 por ciento para los niveles más bajos, y del 20 por ciento para los más altos.
Ricardo Cirielli, titular de APTA, se entrevistó ayer en Córdoba con el cardenal Raúl Primatesta. Al término de la reunión evitó puntualizar lo tratado, y se limitó a sostener que “los compromisos la Iglesia los tiene de hecho: en defensa de los ciudadanos argentinos, de todo lo que es el trabajo y en todo lo que tiene que ver con la sociedad”.

CAVALLO INSISTIO CON LA CONVERTIBILIDAD II
La canasta ataca de nuevo

Una vez concretado el megacanje de deuda, Domingo Cavallo reimpulsó el debate por la ampliación de la Convertibilidad al euro. “Hay que atender la sobrevaluación exagerada de nuestra moneda”, subrayó ayer, al reclamar a los senadores que “no demoren más” y aprueben el proyecto. El mensaje estuvo dirigido a los legisladores justicialistas, que son amplia mayoría en la Cámara Alta, y tienen la iniciativa para su sanción desde hace más de un mes. El ministro de Economía viene dando la pelea para que su plan se convierta en ley casi en solitario, sin el apoyo de otras áreas del Gobierno. Página/12 reveló hace tres semanas que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, directamente preferiría que el proyecto se archivara, lo que dio lugar a una pelea con Cavallo. Como se ve, el tema resurge sólo por el interés del ministro de Economía.
“Nunca abandonamos el tema. Lo estamos analizando, y entre nuestros planes está convocar a Cavallo para que explique la iniciativa”, señaló a este diario José Luis Gioja, titular del bloque de senadores del PJ. “Es posible que sea citado para el próximo martes”, añadió, en su respuesta al encendido reclamo del jefe de Hacienda para que se vote la ley. Cavallo habló del tema durante la firma de un acuerdo con los gobernadores de Río Negro y Neuquén y con los productores frutícolas de esas provincias, por el cual estos últimos accedieron a los beneficios de los planes competitivos, que ya fueron otorgados a una decena de sectores.
En el acto en la Casa Rosada, el ministro aprovechó la ocasión para vincular la crisis de los productores con la “exagerada sobrevaluación” del peso, que era de lo que verdaderamente le interesaba hablar. “El origen del problema que afecta a las economías regionales es que nuestra moneda está pegada al dólar norteamericano y frente a esta moneda, el real y el euro han tenido fuertes devaluaciones”, indicó, para luego enfatizar que “es necesario que el Senado de la Nación no demore más y apruebe la ley de convertibilidad ampliada”. “Si se hubiera implementado este sistema desde principios de 1993 –continuó–, esta crisis del Alto Valle de Río Negro y de otras zonas de exportación a regiones del euro o del real no se hubiera producido o hubiera sido mucho menor”, sostuvo, aunque no explicó por qué no impulsó el proyecto entonces, si también era ministro de Economía.
La Cámara de Diputados demoró apenas dos semanas en darle media sanción al proyecto, lo que ocurrió a fines de abril, y lo giró al Senado. Desde un primer momento los legisladores justicialistas mostraron reparos a la iniciativa, y resolvieron convocar a economistas de distintas tendencias para conocer sus opiniones. Ya pasaron por la Cámara Alta Eduardo Curia, Carlos Melconian y, anteayer, Juan Alemann. Cavallo fustigó ayer a los senadores por haber invitado a economistas “detractores” de la reforma planteada, y aseguró que “quienes la critican tienen una absoluta miopía financiera. Creen que sólo las finanzas cuentan y los países se tienen que relacionar financiera y comercialmente”.
El próximo martes, Cavallo tendría la oportunidad de defender su nueva criatura ante los senadores, proyecto con el cual, según dijo, se pretende preservar “el excelente sistema monetario argentino”. “Hoy tenemos que tomar conciencia de que la convertibilidad debe ser preservada, pero encontrando mejores formas de respaldar a nuestra moneda”, argumentó. Ante la mirada de los productores de peras y manzanas del sur, el ministro les explicó que “el proyecto es parte de las soluciones a sus problemas en el futuro”. Los productores lo miraron con cierta incredulidad.

SERGIO BUNIN SEGUIRIA EN EL INDER COMO ASESOR
“Marx no pudo protegerme más”

Por J.N.

Rubén Poncio asumió ayer como nuevo liquidador del Instituto Nacional de Reaseguros, un organismo cuya desaparición se decretó en 1992, pero al que nadie logra sepultar. Las presiones de las compañías aseguradoras y la pugna de intereses llegaron a extremos tales que el INdeR tiene depositados sus fondos líquidos (unos 130 millones de dólares) en la sucursal Gran Caimán del Banco de la Nación para evitar que se los embarguen.
Aunque la asunción de Poncio estaba prevista desde que anteayer Daniel Marx, secretario de Finanzas, firmó la correspondiente resolución, el dato sorpresivo de la víspera fue la probable permanencia del liquidador desplazado, Sergio Bunin, pero ahora en carácter de asesor, para asistir a Poncio. “La liquidación la hice yo –dijo el relevado a Página/12–. Conozco bien el mercado y también la legislación, y estoy dispuesto a colaborar con Poncio.”
Bunin se considera víctima de presiones provenientes de la plaza y de focos de corrupción. Al preguntársele por qué entonces fue removido del cargo, respondió: “Marx no pudo protegerme más de lo que hizo”. Junto con el saliente debieron marcharse sus asesores, pero este éxodo no debería incluir al abogado Roberto Luqui. Este, según remarcó Bunin a este diario, no estaba contratado por el INdeR sino por el Ministerio de Economía, y enviado desde allí al edificio de la Diagonal Sur. Como se señaló ayer en estas páginas, Luqui patrocinaba a diversos entes residuales en los tiempos en que Poncio era el responsable de éstos como subsecretario de Normalización Patrimonial.
Por ahora se mantiene el próximo 31 de diciembre como fecha límite para la liquidación del Instituto. Pero el gran problema sigue siendo cómo cerrar las cuentas entre el ex organismo reasegurador y las compañías que contrataron coberturas con él, dado que ellas presentaron cifras por Reserva de Siniestros Pendientes (juicios sin sentencia firme) cuya corrección suscita serias dudas, incluso en la Sigen.

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