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 La polémica desatada
por la cruzada de la Iglesia Católica para instalar la religión
en las escuelas estatales recibió ayer una fuerte crítica
de la máxima autoridad educativa nacional, el ministro de Educación
Andrés Delich. “Este debate ya fue saldado y definitivamente
cerrado en la Argentina, por la Constitución, la Ley Federal de
Educación y los contenidos básicos comunes aprobados por
las provincias”, sostuvo el funcionario. “No tiene sentido volver
para atrás”. Delich respaldó la decisión del
gobierno de Catamarca de retirar la enseñanza religiosa de las
escuelas públicas. “Es una disposición que respaldamos
y aspiramos a que sea comprendida”, señaló. También
el secretario de Educación porteño, Daniel Filmus, fue terminante:
“La Ciudad garantiza la educación religiosa subsidiando a
la mayoría de las escuelas confesionales”.
“El debate ya fue saldado y ahora es responsabilidad de los poderes”,
sostuvo Delich al encabezar la presentación del Instituto para
el Desarrollo de la Calidad Educativa, que realizará los operativos
nacionales de evaluación de los estudiantes. “En este debate
que, repito, ya fue saldado en el país, la religión se trata
a través de la formación ética y ciudadana, y nosotros
vamos a respetar esos contenidos básicos comunes, que fueron aprobados”.
En el documento de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
Argentina, titulado “Sobre la dimensión religiosa de la educación”,
la Iglesia reclamó que “todas las confesiones cristianas,
de igual manera que las otras religiones, especialmente la judía
y la islámica, con su creencia en un solo Dios, tengan la oportunidad
de ofrecer a sus propios fieles, también en los colegios de gestión
estatal, los principios doctrinales y morales que sustentan”. El
documento, firmado por la conducción del Episcopado que integran
el arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic; el de Buenos Aires,
Jorge Bergoglio; el obispo de Rosario, Eduardo Mirás; y el auxiliar
de Buenos Aires, Guillermo Rodríguez Melgarejo, sostiene que “corresponde
a los padres de familia la elección de la educación de sus
hijos, conforme a sus convicciones morales y religiosas.”
En su documento, la Iglesia reclama una consulta pública, indicando
que no son los funcionarios quienes deben decidir sobre el tema “sino
el pueblo al que se ha de consultar como corresponde”.
“Sería del todo injusto –agregan los obispos– privar
a los padres de este derecho sólo por la circunstancia de que sus
hijos no asistan a colegios confesionales”. Delich respondió
que “es responsabilidad de los padres elegir la educación
de sus hijos, y también es cierto que el Estado financia la educación
privada, y de ese modo también respeta el compromiso de subsidiar
la educación religiosa”.
“Creo firmemente en la libertad religiosa –agregó Delich–,
en la libertad para elegir la educación de nuestros hijos, pero
además hay que tener en cuenta que los estados provinciales también
financian a través de subsidios numerosas escuelas de distintos
orígenes confesionales para solventar esta libertad”.
El ministro de Educación planeaba viajar hoy a Catamarca, donde
se inició el conflicto cuando el gobierno provincial anuló
la educación religiosa de las escuelas públicas tras una
denuncia de la DAIA que lo consideraba discriminatorio. Como represalia,
el obispo de Catamarca, Elmer Miani, se calzó los estandartes y
decidió no celebrar el tradicional tedéum del 25 de Mayo
en la Catedral provincial. “En Catamarca –aclaró Delich–
existe una situación especial porque la Constitución provincial
ratifica la enseñanza religiosa en las escuelas públicas
de gestión estatal, pero tal norma es claramente contradictoria
con las disposiciones nacionales”.
La cruzada católica sumó además, fuertes críticas
desde uno de los distritos con mayor cantidad de registro de alumnos en
la enseñanza pública: la Ciudad de Buenos Aires, a través
del secretario de Educación, Daniel Filmus. “Esta discusión
ya se dio en la Ciudad cuando se trató la Constitución porteña
y fue votada por unanimidad por los representantes dela gente”, sostuvo
Filmus. “En el artículo 24, la Ciudad asume la responsabilidad
indelegable de asegurar y financiar la educación pública,
estatal, laica y gratuita. Y garantiza la posibilidad de la educación
religiosa a partir del financiamiento a través de subsidios. Basta
con señalar que el 50 por ciento de los chicos porteños
van a colegios privados, de los cuales la gran mayoría son colegios
religiosos y subsidiados”.
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Rechazo rotundo del
Consejo Evangélico
El Consejo Nacional Cristiano Evangélico (CNCE), manifestó
ayer su rechazo al polémico documento firmado por la Conferencia
Episcopal Argentina, en el que propuso implementar la educación
religiosa en las escuelas públicas del país, sosteniendo
que se trataría de una práctica “discriminatoria”,
y apoyó “la necesidad de una educación que promueva
al encuentro, la aceptación y el diálogo”.
“Nos oponemos mayoritariamente a la enseñanza obligatoria
de confesiones religiosas en la escuela pública, que debe
ser la escuela de todos”, afirmaron las tres federaciones evangélicas
del país agrupadas en el CNCE, en un documento dado a conocer
ayer y firmado por sus respectivos presidentes. Las iglesias evangélicas
rechazaron expresamente a la propuesta del Episcopado, asegurando
que “la enseñanza de una confesión religiosa
particular en la escuela pública (y aún cuando se
abra la oportunidad a todas las confesiones) es discriminatoria”,
y agregan que de la misma manera se opondrían a “cursos
separados o aislados según diferentes ideologías,
tradiciones culturales o pertenencia étnica porque, más
allá de las intenciones, resultan factores de discriminación”.
En el documento se afirma que la educación pública
debe ser “laica, en el sentido de que las diferentes manifestaciones
de la experiencia humana común tengan libertad e igualdad
de oportunidades”, y alude al apoyo concreto a una educación
“común, popular, gratuita y obligatoria”.
Con respecto a la existencia de la enseñanza religiosa, el
CNCE toma la posición de que ésta debe ser “particular
de cada confesión religiosa y debe estar a cargo de los educadores
de cada confesión y en su propio ámbito”.
La Iglesia Católica nacionalizó un conflicto que estaba
focalizado en Catamarca, donde la provincia dio marcha atrás
a la decisión de enseñar religión en escuelas
estatales, ante una protesta de la DAIA. La educación religiosa
en escuelas públicas está contemplada por la constitución
de varias provincias, por lo que el Episcopado consideró
“indebido” el reclamo por discriminación efectuado
por la DAIA. La CNCE reiteró su “solidaridad con quienes
se oponen a toda forma de discriminación por motivos religiosos,
como lo hicimos en Catamarca, en apoyo a la DAIA”. Por la misma
razón, apoyó la decisión del gobierno catamarqueño
por “ajustar la práctica de las escuelas de su ámbito
a lo consagrado en la Constitución Nacional, por encima de
cualquier constitución provincial”.
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OPINION
Por Mariano Narodowski*
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Religiones en el siglo
XXI
La propuesta de enseñar religión en las escuelas
públicas debe ser una oportunidad para avanzar en el debate
educativo sin retrotraernos al ambiente ideológico del siglo
XIX, tanto en las posiciones a favor como en contra.
El principio de “educación laica” de la escuela
pública argentina no implica el apartamiento de lo religioso
sino la prohibición de efectuar tareas pastorales en las
escuelas públicas: para eso están las escuelas privadas.
Pero tal como acontece con la justicia educacional, el sistema político
educativo tampoco pudo garantizar este principio: en muchas escuelas
públicas del país se enseña religión.
A la inversa, hay muchas escuelas privadas católicas con
un claro ideario cristiano pero sin actividades educativas de catequesis:
la realidad es más compleja que la pintura que nos entregan
las posiciones esquemáticas de un lado y del otro. La confusión
consiste en identificar a la enseñanza de lo religioso con
la educación confesional (dirigida a la formación
en dogmas, valores, tradiciones y creencias de una religión
en particular): el resultado para unos es la introducción
de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas
y, para los otros, el destierro de la religión.
La compulsión a la enseñanza confesional en la escuela
pública no parece aceptable en términos de formación
de la ciudadanía, ya que trae como perjuicio la división
entre los alumnos, la imposibilidad de construir identidades comunes
y la pérdida de la imparcialidad escolar.
Pero frente a esto, ¿vale la pena desterrar a las religiones
de la escuela pública? ¿Es bueno que lo religioso
no tenga presencia alguna durante los años de escolaridad,
siendo un elemento central de nuestras vida, incluso para aquellos
que lo rechazan activamente? El perjuicio que sufrimos con este
destierro es la pérdida de una oportunidad como Nación
de mejorarnos mediante la educación: desde una perspectiva
que abarque a los credos que actúan en la Argentina, a los
agnósticos y a los ateos, será posible que todos se
eduquen en el diálogo, lo cual contribuirá a una mayor
comprensión de los otros, a la opinión constructiva
y a una vivencia de las identidades que componen nuestro país:
una convivencia democrática basada en el reconocimiento de
las diferencias. No se trata de “enseñar religión”
sino que los docentes enseñen religiones y valores religiosos
y no religiosos sobre la realidad. Tarea difícil, claro.
¿Pero que otro camino queda?
* Doctor en Educación.
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OPINION
Por Washington Uranga
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Un debate abierto
El documento emitido el martes por la tarde por la Comisión
Ejecutiva del Episcopado “Sobre la dimensión religiosa
de la educación” no sólo sorprendió a
los analistas externos y observadores de la Iglesia, sino que provocó
más de un sobresalto en el interior de la misma institución
eclesiástica católica, incluyendo a varios obispos.
Si bien es cierto que los acontecimientos de Catamarca dieron ocasión
para que el tema se dialogara entre los obispos, nada hacía
prever que la Comisión Ejecutiva (uno de los más altos
niveles de representación del Episcopado) produjera un documento
del tenor ya conocido, convirtiendo en tema nacional un debate hasta
el momento circunscripto a Catamarca. Por otra parte, y aun tomando
en cuenta que la educación está en el interés
permanente de la jerarquía católica, la mayoría
de los obispos parece hoy más preocupada por los problemas
sociales y sus consecuencias para la vida de la gente. La declaración
de la Comisión Permanente se aparta abruptamente de la temática
que había acaparado en las últimas semanas el mensaje
de los obispos (crítica a la dirigencia y situación
social) dejando en evidencia lo que muchos han señalado como
una contradicción en el discurso eclesiástico.
En diálogo con Página/12, una alta fuente del Episcopado
sostuvo que la intención de la Comisión Ejecutiva
no fue reclamar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas
sino pedir que la dimensión religiosa se tenga en cuenta
en toda la propuesta educativa. La sutil distinción –sumamente
importante para los autores de la declaración– resulta
sin embargo intrascendente e incomprensible para otros líderes
religiosos, educativos y sociales, tal como quedó reflejado
en la manera como los medios de comunicación recogieron la
declaración de la Iglesia.
El tono del documento de la Comisión Permanente coincide
en mucho con una reivindicación en el mismo sentido hecha
en 1999 por el hoy cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. A
pesar de ello, no pocos católicos –y más de un
obispo– entienden también que la enseñanza de
la religión en la escuela pública puede convertirse
en factor de discriminación, que la enseñanza de la
religión corresponde a cada iglesia o comunidad y que, en
todo caso, como también lo plantea el Consejo Nacional Cristiano
Evangélico, atender a la dimensión religiosa implica
“tomar el fenómeno religioso en su totalidad, con una
actitud dialógica abierta”. El debate, hacia adentro
y hacia afuera, todavía no termina.
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