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Por Carlos Rodríguez
 En el Salón de los Pasos
Perdidos del Congreso, mientras el Senado difería para el miércoles
próximo la casi segura aprobación del proyecto, los organismos
de derechos humanos se reunieron para expresar su “absoluto rechazo”
a la ampliación de las facultades policiales para hacer requisas
e interrogatorios sin intervención previa del juez. La iniciativa
fue considerada “una solución falsa al problema de la inseguridad”
y el pronóstico común fue que las reformas “aumentarán
la discriminación y la conflictividad social” porque los que
apoyan el cambio “olvidan que la propia policía es un factor
central del problema de la inseguridad” que se busca combatir. Recordaron
que la policía fue responsable, desde 1984, de “830 muertes
de personas indefensas” y que sobre 1700 detenciones por mes en la
Capital Federal “sólo en el 1 por mil existe alguna razón”
válida.
Marcelo Avila, titular de Amnesty Argentina, opinó que más
facultades a la policía significa “ratificar la política
represiva del Estado” en un país donde “las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida beneficiaron a los responsables de 30.000
desapariciones”, lo que determinó una convivencia obligada
“entre víctimas y victimarios” y una prolongación
en el tiempo “del Terrorismo de Estado”. Según Avila,
existe una relación entre el lastre de la dictadura y los casos
de “torturas, gatillo fácil y hasta desapariciones” ocurridos
desde 1984 en adelante.
Según Avila, existe “falta de voluntad política de
parte del Estado argentino” para revertir esas secuelas de la dictadura.
Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), criticó
a quienes propician reformas que “no están respetando la ley”
y advirtió que concederlas significaría “dar carta
blanca a las ilegalidades”. Gerardo Etcheverry, de la Coordinadora
contra la Represión Policial (Correpi), resaltó que “la
política de mano dura es un fracaso”. Explicó que el
gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, “desde hace un año
pregona que hay que meter bala, pero eso no disminuyó ni la violencia
ni los robos”.
Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, abonó
esa idea señalando que tampoco se reduce el delito aumentando el
monto de las penas: “Desde la dictadura de (Juan Carlos) Onganía
se ha aumentado 60 veces el monto de la pena mínima por el robo
con armas, que pasó de un mínimo de un mes de prisión
a cinco años, pero no por eso han disminuido los robos”. Todos
los oradores coincidieron en que el delito “no se combate endureciendo
el Código Penal sino con políticas económicosociales
que terminen con la exclusión social”.
Zamorano también aportó datos que “demuestran la continuidad
de los planes y del pensamiento dictatorial” dentro de las fuerzas
de seguridad. “La Escuela de Suboficiales de la Federal se llama
Alberto Villar; la Escuela Superior de Cuadros Cesáreo Cardozo,
y la Escuela de Oficiales se denomina Ramón L. Falcón”,
en homenaje a notorios represores de la historia. En un documento conjunto,
firmado por el Cels, Amnesty y la Correpi, se puso de manifiesto que “el
aumento de las facultades policiales es una solución falsa al problema
de la inseguridad” porque “la ineficacia de las políticas
preventivas de la policía no se debe a la falta de facultades”.
Para los organismos, las muertes “incluidos los agentes policiales,
se evitan con la reducción de los niveles de violencia institucional
y no con su incremento”. El abogado Juan Carlos Capurro, del Comité
de Acción Jurídica, recalcó que están bajo
proceso penal “más de 2800 dirigentes sindicales y sociales”,
algunos de ellos “acusados de delitos gravísimos, como el
de sedición, sólo por pedir trabajo y comida”. Opinó
que con las nuevas facultades “ese panorama se agrava”.
Aunque no firman el documento, apoyaron el planteo la Asociación
Madres de Plaza de Mayo y Madres-Línea fundadora, Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico, los diputados
Alfredo Bravo yAbel Lattendorf, y María José Lubertino.
El Senado, que se supone aprobará la reforma, ayer postergó
la sesión porque el justicialismo, que apoya endurecer las leyes,
estaba muy convulsionado por la posible decisión de la Justicia
de aplicar el Código Penal al ex presidente Carlos Menem.
LOS
LADRONES HUYERON EN COLECTIVO
Balacera en Caballito
Un colectivo de la línea
132 repleto de pasajeros fue el último eslabón de un asalto
al ya rutinario desvalijamiento de las sucursales del Banco Itaú.
Tres delincuentes, uno de ellos menor, robaron 20 mil pesos de las cajas
de la sucursal ubicada en Rivadavia y Campichuelo, ayer a las 11.30. Un
policía los descubrió cuando escapaban y empezaron los tiros.
Uno de los asaltantes resultó herido, mientras los otros dos trepaban
al interno 67 confundiéndose entre los pasajeros. El chofer siguió
su ruta seguido por varios patrulleros, hasta que en Boyacá y Rivadavia
el dúo decidió bajar. Fueron inmediatamente detenidos. Para
sorpresa de todos, un rato después, un taxista era trasladado al
Hospital Durand, herido de bala durante el primer enfrentamiento.
Fue el quinto asalto en 48 horas a bancos porteños y del conurbano.
Le tocó el turno al Itaú, ampliamente conocido en las estadísticas.
Sucursal de Rivadavia 4715, y Campichuelo, frente a la plaza Lezica. Tres
jóvenes –uno de ellos más tarde se supo que era menor–
robaron en un minuto las cajas, alrededor de 20 mil pesos según
informó la policía, y sin disparar un solo tiro.
Pero cuando escapaban del lugar, uno de los empleados alcanzó a
hacer sonar la alarma del banco. El sonido llamó la atención
de un policía, que intervino y se desató el obvio tiroteo.
En el intercambio de disparos, uno de los asaltantes resultó herido.
Los otros dos tuvieron más reflejos: “Dos de ochenta”,
dijo uno y pusieron las monedas en la máquina boletera del interno
67, línea 132, que cubría el trayecto Retiro-Cementerio
de Flores, para después intentar perderse entre los pasajeros.
Pero el interno 67 era seguido por varios patrulleros.
A la altura de Boyacá y Rivadavia, la situación ya no pudo
ocultarse más: los dos delincuentes decidieron abandonar el colectivo
a los tiros, mientras patrulleros de las comisarías 12 y 38 los
rodeaban y respondían el fuego. Finalmente, el caso terminó
en la detención de los dos personajes. “El tercero fue detenido
en Caballito”, dijo una fuente policial.
El delincuente herido fue internado en el Hospital Pirovano. Por la tarde,
se agregó otro herido a la lista: un taxista que buscaba pasajeros
cuando ocurrió el asalto, lo único que encontró fue
una bala que a toda velocidad se incrustó en su cuerpo.
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