Por Carolina Bilder
Desde Madrid

Los extranjeros que ya viven en España pero que todavía no poseen permisos de residencia para trabajar tienen desde ayer un motivo para mostrarse un poco más optimistas. El gobierno español anunció que incluirá en la reglamentación de la nueva Ley de Extranjería, prevista para finales de julio, la regularización por razones humanitarias o de arraigo de todos aquellos que lleven al menos tres años de permanencia en España y tengan un trabajo o vínculos familiares con residentes extranjeros o españoles. Este criterio se aplicará por única vez y sólo con quienes hayan llegado a este país antes del 23 de enero, cuando entró en vigencia la nueva ley. No se sabe exactamente cuántos argentinos quedarán protegidos con esta medida: en principio, los 578 a quienes les fue negada la residencia en diciembre pasado y que están en condiciones de demostrar que llegaron al país hace más de tres años. Pero también se especula con que otros 2000 podrían beneficiarse, según los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Interior.
Lo cierto es que serán muchos, pero no tanto como los que quedarán afuera, ya que la gran oleada de inmigrantes argentinos se sucede desde hace apenas unos meses. En España no existen registros fiables sobre el número de argentinos que están viviendo en este país sin tener los papeles en orden, porque muchos de ellos entraron con una visa de turista por 90 días y se quedaron definitivamente. Pero la policía estima que son más de 5000.
Con la flexibilización anunciada ayer por el ministro de Interior español, Mariano Rajoy, el gobierno dio el primer paso para revisar la restrictiva política inmigratoria que lleva adelante desde la aprobación de la ley, el 23 de enero pasado. Esta medida era un reclamo sostenido tanto por el defensor del pueblo, Enrique Múgica, como por el Partido Socialista Español.
La noticia se conoció ayer, mientras varios grupos de inmigrantes continuaban movilizándose por distintas ciudades españolas, encerrados y en huelgas de hambre, como protesta contra la controvertida ley de extranjería. Las organizaciones de inmigrantes, que desde hace meses vienen oponiéndose a la ley, recibieron las declaraciones con cautela hasta que el anuncio trascienda las buenas intenciones y sea anexado al reglamento de la ley, con validez jurídica, según expresó Dora Aguirre, presidenta de la Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana.
Hasta el momento, y como consecuencia de las acciones emprendidas por los colectivos de inmigrantes, sólo algunas administraciones autonómicas españolas venían implementando este criterio de ampliación para regularizar la situación de los inmigrantes. La medida incluirá ahora a todo el territorio español.
Ayer, luego de reunirse con Múgica para analizar el borrador del reglamento que desarrollará la Ley de Extranjería, Rajoy anunció que el gobierno finalmente aplicará el artículo 31.4 de la Ley de Extranjería en toda España, que significa la aceptación de los motivos de arraigo y humanitarios para que los inmigrantes puedan poner sus papeles en orden. Pero al mismo tiempo se encargó de explicar y aclarar que esta posibilidad se aplicará por única vez. Luego entregó una copia del borrador a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y al Consejo General del Poder Judicial para que dictamine sobre la norma. Se prevé que el reglamento será aprobado a fines de julio.
Por su parte, la secretaria de Políticas Sectoriales y Migración de la Ejecutiva Federal del PSOE, Consuelo Rumí, consideró que esta medida fue anunciada como “una disposición especial” y no como la enmienda a la leyque habían propuesto los socialistas para “no querer dar la razón al PSOE” y agregó que esta modificación del proceso de regularización por parte del gobierno es en realidad “un reconocimiento del fracaso” de la política de regularización realizada en los últimos tiempos.

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