“Es un problema judicial, no un tema político”, declaró ayer Hugo Moyano sobre la detención del ex presidente Carlos Menem, aunque no fue ése el asunto que más lo ocupó, sino el paro por 24 horas que hoy realizará la CGT disidente. La huelga fue convocada también por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y reflejará el apoyo de esas centrales sindicales –la CGT oficial no adhiere a la protesta– a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y su rechazo al actual modelo socioeconómico. El Gobierno criticó a los sindicalistas por realizar la medida de fuerza y anunció, además de la implementación de medidas de seguridad para garantizar la libertad de trabajo, que el Estado pagará las indemnizaciones que correspondieren por daños a las personas y a los bienes como consecuencia de la prestación de servicios. La clave será, una vez más, el transporte que en su amplia mayoría se plegará al paro.
El arresto de Menem como jefe de la asociación ilícita que vendió ilegalmente armas a Ecuador y Croacia relegó a un segundo plano la convocatoria de Moyano a la huelga, a la que se plegará también la Corriente Clasista Combativa. Aun así, como anticipo del paro, la CGT disidente realizó ayer una marcha que unió las sedes de Aerolíneas, Telefónica de Argentina, Repsol y de los bancos Santander y Río en el marco del “boicot” a las empresas de capitales españoles que impulsa a propósito de la situación terminal de la compañía aérea.
Moyano denunció que “existe un panorama complicado por la situación social agobiante” y advirtió que el “Gobierno debería reaccionar y poner todo el esfuerzo y el énfasis necesario para dar solución a los que no tienen trabajo, ni medios para subsistir”. También sostuvo que la gestión de Fernando de la Rúa “primero tiene que darle de comer a los que tienen hambre y luego solucionar otros problemas” y remarcó que “cuando el Gobierno habla de gobernabilidad y piensa en acuerdos con cabeza de partidos o gobernadores se equivoca porque el acuerdo hay que hacerlo con la gente”.
La huelga afectará los servicios de transporte de pasajeros, la educación, la Justicia y la atención bancaria y en dependencias estatales, así como las industrias automotriz y metalúrgica entre otras (ver aparte). En el marco de la huelga, jubilados y desocupados del Frente Tierra y Vivienda, que encabeza Luis D’Elía, y de la CCC marcharán a Plaza de Mayo.
“Es un paro de gente que quiere que se instale el caos. Moyano asumió una actitud anarquista, destructiva del orden económico y social”, opinó el ministro de Economía, Domingo Cavallo. En la misma sintonía se pronunció el vocero presidencial Juan Pablo Baylac, quien declaró que “el señor Moyano, con esa prepotencia propia de los que no tienen conciencia, ni siquiera asume la responsabilidad del diagnóstico” frente a la crisis que atraviesa el país.
Pero el Gobierno no sólo se quedó en críticas. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, ratificó que denunciará a la CGT disidente y a la CTA ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “abuso de la utilización política de las huelgas generales y uso ilegítimo de la libertad sindical”. La ministra explicó a Página/12 que esas centrales “no usaron ningún mecanismo de consulta a las bases para convocar alparo” y agregó que “la huelga es un recurso extraordinario que se puede plantear después de haber agotado una negociación previa que en esta caso no existió”.
“La OIT tiene reiterada jurisprudencia acerca de que son legítimas aquellas huelgas que tienen como motivo la protesta contra la situación económico y social; por lo tanto las únicas que pueden ser declaradas ilegales son las que ponen en peligro el sistema institucional”, replicó el representante legal de la CTA, Horacio Meguira.
Por otra parte, el Gobierno dispuso medidas de seguridad para garantizar la circulación de colectivos, trenes y subtes y asumió la responsabilidad de pagarle indemnizaciones a aquellos que sufran daños por prestar ese servicio. Ese compromiso quedó establecido en un decreto firmado porFernando de la Rúa, que precisa que las indemnizaciones por daños se pagarán “sólo cuando no estuvieron cubiertos los bienes y las personas por los seguros obligatorios que deben contratar los transportistas”.

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