Por Cristian Alarcón
María Dolores Gómez
mira por la ventana de su casa. No quiere dar la cara porque no sabe aún
si los hombres que la buscan para matarla tienen registrados sus rasgos.
Desde hace veinte días vive rodeada de custodias de la Gendarmería
Nacional. En ese lapso, tres presos denunciaron ante la justicia que altos
jefes del Servicio Penitenciario Bonaerense tramaron un plan para eliminarla.
El último de los testigos declaró el miércoles que
le ofrecieron un informe positivo de conducta para que saliera en libertad
condicional y asesinara a su hijo. El motivo siempre es el mismo: las
decenas de denuncias por torturas y condiciones inhumanas de detención
que presentó desde que es Defensora Oficial de San Isidro. Y el
silencio del Poder Judicial desde que sufre las presiones también.
De alguna manera existe una complicidad de las instituciones por
omisión. Si el Poder Judicial como un poder del Estado hubiera
reaccionado rápidamente, hubiera habido una amenaza, pero tres
no, le dijo en una entrevista exclusiva a Página/12. Pese
al terror María Dolores Gómez continúa al frente
de la Defensoría de Pobres y Ausentes. Y se niega a que la entrevista
se centre en su historia. Que no quede todo en la pobre María
Dolores. Se trata de matar al mensajero para impedir que llegue el mensaje:
nadie quiere escuchar hablar de torturas, de cárceles que son un
infierno, de seres humanos sometidos al terror.
Su carrera comenzó en una defensoría de San Isidro, cuando
ingresó a la Justicia como meritoria. Siempre le interesó
la defensoría de pobres, a pesar de su cuna más burguesa.
Nunca fue militante. Su casa tiene el sello de una dama obsesiva, llena
de adornos, portarretratos, almohadones, en perfecto orden. Se respira
un clima de hogar, de luces ámbar, y una tensión impresionante
que se siente solo sabiendo que un enorme grupo de custodios rodean el
lugar, con sus handies, sus autos con vidrios polarizados, sus armas.
A partir de diciembre de 1999, hace ya un año y medio, es Defensora
Oficial.
Había pasado un año y medio en una oficina. Su regreso a
la calle fue traumático. Debutó con un motín, el
de la comisaría 1era. La llamaron los familiares de los presos.
Ese día entró al lugar, que ya conocía, y se encontró
con treinta personas donde cabían diez, en medio del hedor, la
suciedad, los colchones podridos, un día de calor salvaje. Comenzó
a mediar con los presos. Cuando salía el segundo de ellos tomaron
un policía de rehén. Allí estaban ella, el juez,
la fiscal y el que entonces era el jefe de Departamental, el comisario
Amadeo DAngelo, actual jefe de la Bonaerense. El juez y la
fiscal se retiraron para hablar con él y lo último que recuerdo
es que tenía un policía al lado. Cuando quiero salir la
reja estaba cerrada, entonces le pedí al policía que me
abriera, y muy tranquilo me dijo que no tenía la llave. Así
que me encontraba encerrada con 30 hombres y un rehén. Pero uno
de los detenidos lo miró al policía y le dijo: Con
la defensora no. Entonces el mismo preso, que tenía todas
las llaves, me abre la celda y pude salir. Ese día fue su
bautismo. En definitiva, era todo una actitud intimidatoria.
A ese motín le siguieron tres más. Y su teléfono
fue circulando entre los detenidos. Así llegó a la Unidad
29, de Melchor Romero. Y a Sierra Chica. Encontró a los presos
golpeados y con signos de tortura, a un enfermo terminal de sida abandonado
junto a sus excrementos, comiendo con las manos, 24 horas por día
a oscuras. Los guardias no querían abrirles las puertas. Pero lo
exigió, los entrevistó y presentó hábeas corpus
por ellos. Los detenidos fueron trasladados. Se rompió por primera
vez la máxima que repiten los jefes: De la 29 no se va nadie.
Paralelamente se fijó en las comisarías. Así, descubrió
a 30 hombres en una celda para diez viviendo arriba de sus excrementos,
con sarna, con hongos, comiendo alimentos podridos. Ya no recuerda cuántas
fueron clausuradas.
Hasta que en marzo de este año en una reunión de defensores
en Lomas de Zamora varios le contaron lo que el subsecretario de PolíticaPenitenciaria
de Carlos Ruckauf, Miguel Angel Plo, dijo de ella: El Ejecutivo
la tiene en carpeta. El funcionario se quejaba de sus acciones.
A los pocos días iba a la casa de una amiga, me bajo del
auto, automáticamente se me vinieron encima dos hombres, tenía
la cartera, las llaves del auto en la mano, y sin decirme nada, me golpearon.
Yo caí para atrás, me seguían golpeando, gritaba,
una mujer escuchó y empezó a gritar, a tocar timbres, y
me soltaron. A ello le siguió una reunión con Plo,
donde el subsecretario sacó una carpeta en que tenía anotada
cada presentación, cada visita a una cárcel. Luego dos detenidos
a su cargo se escaparon. El propio presidente de la Casación provincial,
Federico Domínguez, la denunció sugiriendo que era cómplice
de esas fugas.
El 14 de mayo recibió el llamado de un preso de la cárcel
de Rawson. Durante una hora y media le contó el plan de dos jefes
de la U29, Falcone y Barrios, que habían contratado a tres presos.
Pasaron diez días y el fiscal Enrique Ferrari, a cargo de la investigación
nunca llamó al testigo. Tuvo que viajar a Chubut junto al Defensor
de la Casación, Mario Coriolano, para tomarle testimonio. Dijo
sus nombres, cómo salieron, uno de ellos por una fianza que
pagó el Servicio y que tenían instrucciones para violarme
y tirarme en Pacheco simulando un asalto.
¿Qué hizo el fiscal Ferrari?
Fue el 25 de mayo, el fiscal de turno constató que salieron,
en las circunstancias relatadas por el preso. A uno de ellos ya lo habían
matado en la calle hacía dos semanas. Para entonces estaba muy
nerviosa, esperando el lunes a ver al fiscal para que por lo menos citara
a los otros involucrados y les preguntara. Cuando lo vi me dijo que se
declaraba incompetente: así se frenó la investigación.
¿Cómo fueron las otras amenazas?
El viernes pasado otro preso declaró, esta vez en San Martín.
Dijo que le pedían que a cambio de darle un buen informe para que
saliera en libertad condicional le pegara dos tiros a un hijo mío.
El estaba muy desesperado, decía que tenía dos tentativas
de robo que nunca había matado a nadie y que casi ningún
detenido quería, que no encontraban sicario. Hoy (por el miércoles)
me dicen que otro detenido más hizo la misma denuncia: la oferta
es la misma, un buen informe por matar a mi hijo.
¿Cómo puede trabajar en estas condiciones?
Es difícil, pero yo creo que en principio no voy a negar
que tenía ganas de agarrar las valijas e irme, porque estaba muerta
de terror. Pero lo hablé con mi hijo y él fue quien me pidió
que siguiera, que íbamos a estar juntos y que no bajara los brazos.
La verdad es que creo que de todo esto malo es lo que me llenó
el alma. Sentís la impotencia y la bronca. Desde ciertos sectores
del Poder Judicial o del Ejecutivo lanzan que soy zurda, o abolicionista,
o que quiero notoriedad. Cuando siempre fui reacia con la prensa.
¿Cuál fue la actitud de sus pares de la Justicia?
Muy pocos me llamaron. La gran mayoría tiene una indiferencia
importante. De alguna manera existe una complicidad de las instituciones
por omisión. Si el Poder Judicial como un poder del Estado hubiera
reaccionado rápidamente, habría habido una amenaza, pero
tres no.
¿Por qué molesta tanto su trabajo?
Yo no estoy mostrando más que la realidad, una realidad que
es objetiva. Es claro el discurso del doctor Ruckauf cuando dice que a
los jueces garantistas hay que removerlos, con lo cual es clara la presión
que viene. Yo le decía al Procurador que la foto de una persona
torturada es igual vista por una persona de derechas, de izquierda o del
centro, sea como sea, es una persona torturada.
¿Por qué la consideran tan peligrosa?
Lo desconozco, porque al día de hoy, estando el nombre de
dos jefes de unidad de quienes tres testigos dicen que me quieren matar,
están en funciones. No sé qué molesta porque evidentemente
hay una impunidad muy grande, un permiso para que esto pase. Aquellos
que están encargados de resocializar a estos peligrosos delincuentes
a los que pedimos que les metan bala son los mismos que le dicen a cambio
de un buen informe andá y matá, puede ser a mí, a
vos, por hacer una nota, o a quien sea. Es terrible pero a mí en
la facultad me enseñaron que las cárceles eran sanas y limpias.
Aprendí eso, qué se le va a hacer.
Pedido del CELS
Con el convencimiento de que las autoridades locales no tienen
entre sus prioridades garantizar la seguridad de María Dolores
Gómez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió
la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para que la protección de la defensora se cumpla
con efectividad.
En la solicitud presentada por el CELS junto con el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) se hace hincapié
en la necesidad de investigar judicial y administrativamente las
repetidas amenazas de las que fue víctima Gómez.
Los ataques contra la defensora son de tal magnitud que podrían
generar la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense,
afirmó Andrea Pochak, coordinadora del área jurídica
del CELS.
Pochak agregó además que las agresiones contra
esta defensora están íntimamente ligadas con una política
del Poder Ejecutivo provincial de interferir de distintas maneras
en la labor del Poder Judicial de la provincia. A través
de declaraciones del gobernador (Carlos Ruckauf), de la presentación
de acciones judiciales o de la amenaza con juicios políticos,
la estrategia del Poder Ejecutivo provincial en su embate contra
la justicia está signada por criticar el legal accionar de
la justicia en directa
relación con las necesidades políticas del momento.
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LO
QUE LA DEFENSORA DENUNCIO TRAS IR A LAS CARCELES
Están marcados por la tortura
Por C. A.
María Dolores Gómez
no tiene un solo gesto de brusquedad, de fiereza carcelaria, al contrario,
parece una persona frágil. Pero su camino por las cárceles
y las comisarías tiene todo de dureza, es el del abordaje de la
violencia extrema. Yo creo que es un sistema de quiebre. Ni siquiera
es como con los represores de la dictadura que decían tener un
fin último. Ahora es tan perverso que se golpea porque se trata
de que hay un sector excluido que hay que dejar que desaparezca, dejar
que ese ser humano salga en peores condiciones que las que entró,
multiplicar la violencia hasta que ella misma los destruye y mueren.
¿Cuáles son las consecuencias de la violencia carcelaria?
Con tanto hacinamiento la violencia interna ha aumentado. Los propios
internos repiten esto. Los detenidos cuentan que los guardias toleran
los enfrentamientos. La semana pasada hice una denuncia sobre un guardiacárcel
que le pide a un interno que mate a otro: esto es habitual escucharlo.
Evidentemente esta moneda de cambio no existe solamente para mí.
¿Qué fue lo usted denunció en la Unidad 29?
Me entero por un defendido las condiciones de detención.
Fui a recorrer el penal. Me querían llevar al lugar de visitas.
Pedí entrar a los buzones de castigo y había resistencias,
pero insistí. Lo primero que vi por los pasaplatos eran caras golpeadas
que salían. Uno de ellos muy desesperado me pidió hablar
conmigo. Estaba todo golpeado y me explicó que vivía con
una gillette en la boca, con la que decían que me quería
agredir, porque cuando le empiezan a pegar lo que él hace es cortarse.
Obviamente estaba todo cortado. Otro detenido tenía la cara hecha
pedazos. Mi defendido estaba golpeado en la espalda, y en su inocencia
se había guardado las balas de goma que les habían tirado
el día anterior. Había una celda donde había un chico
enfermo de sida. Quería verlo pero me advertían que era
peligroso. Pero era tragicómico porque se estaba muriendo; mal
podía agredirme porque estaba en estado terminal. Al lado de él
había orín, no tenía ni suero. Presenté el
hábeas corpus y fueron trasladados, cosa que es lo primero que
no me perdonan, porque lo que dicen los jefes de unidad es que de
la 29 no se sale.
¿Qué fue lo que encontró en Sierra Chica?
Pedí ir al Pabellón 12, donde están los buzones
de castigo. Me mostraron uno vacío. Muy lindo, pero abra
uno donde haya gente, le pedí. Las lámparas estaban
rotas con lo cual vivían 24 horas en la oscuridad. Estaban marcados
por la tortura y todos contaban un sistema de terror, comiendo con las
manos, viviendo con sus excrementos. Pedí que se certifique si
el lugar estaba en condiciones de alojar personas. La Cámara dispuso
la clausura de esos buzones, eso tampoco me lo perdonaron.
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