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Por Horacio Cecchi
 En un país donde 6 mil
menores de un año mueren anualmente por causas evitables y donde
los adolescentes son carne de debates sobre la inseguridad, por primera
vez, más de un centenar de ONG, todas las provincias y el gobierno
nacional se comprometieron en conjunto a tomar acciones concretas y directas
para favorecer y apoyar la niñez. El compromiso tomó el
nombre de Pacto por la Niñez, impulsado por el ministro de Desarrollo
Social y Medio Ambiente, Juan Pablo Cafiero. Los ejes son cuatro: el Seguro
Infantil, que entregará cien pesos mensuales a los menores de 17
años para ayudar a su subsistencia y comprometerlos en los estudios
(alcanzará a 259 mil familias a fin de año); gratuidad del
documento de identidad a todos los recién nacidos; un programa
para generar opciones para los chicos de la calle, promovido por los mismos
chicos hacia sus pares, y la intangibilidad de los fondos de programas
sociales.
“Queremos imponernos metas concretas para no quedar, como ocurrió
hasta ahora, en intenciones declamatorias cada Día del Niño”,
sostuvo Cafiero en su discurso de lanzamiento del Pacto. No exento de
gestos políticos, el marco del acto sostenía el propio discurso:
al ministro lo respaldaba en el escenario la presencia del Consejo Federal
por los Derechos de la Niñez en pleno, constituido por representantes
de los gobiernos de todas las provincias.
De frente, rebosando el auditorio del Cenard, alrededor de 200 representantes
de ONG de todo el país, y cerca de un centenar de chicos de entre
4 y 17 años, sostenían el compromiso ocupando el rol de
público del acto y a la vez como protagonistas. No fue casual que
entre los firmantes acudieran las Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj
de Pérez Esquivel, la religiosa Martha Pelloni, la Unicef, la Unesco,
las Naciones Unidas, representantes de todas las iglesias y muchos otros.
Mucho menos casual fue que el protocolo de compromiso haya sido sellado
con la firma de cuatro de los chicos presentes, jueces virtuales de los
resultados, y por Inés Pertiné de De la Rúa.
El Pacto se sintetiza en cuatro ejes con acciones concretas que buscan
modificar el estado de exclusión de la niñez y la mujer:
 Seguro Infantil, que aportará
50 pesos mensuales a los menores de 17 años en situación
de extrema pobreza, a los que se agregarán otros 50 para que sus
madres asuman el compromiso de iniciar y completar sus propios estudios,
o para intervenir en acciones solidarias con la comunidad.
Documento de identidad gratuito
para todos los recién nacidos, que surgirá de un decreto
anunciado ayer por Cafiero, y que está a la firma de De la Rúa.
Un programa generador de opciones
para los chicos de la calle, que se asentará en los hogares de
día, y que se nutrirá con la promoción que los mismos
chicos de la calle realizarán sobre sus propios pares.
El compromiso del gobierno
nacional de impulsar un proyecto de ley, que ya existe en el Congreso,
para establecer la inembargabilidad de los fondos de programas de asistencia
social.
–¿De dónde surgirán los fondos del Seguro?
–De la redistribución de fondos del Ministerio –confió
Cafiero durante una entrevista con Página/12–; del fraude
de las Asignaciones Familiares que calculamos en unos 120 millones, que
se iban a destinar a bajar el déficit según un compromiso
con el FMI; y del esfuerzo de otros programas. Calculamos contar con 280
millones anuales.
–Garantizar que esos fondos no se pierdan en amistades y clientelismo
político parece la clave del programa.
–Es la apuesta decisiva. Los organismos barriales, las iglesias,
las ONG, los propios vecinos, irán constituyendo un padrón
de altas y bajas. El dinero será cobrado personalmente en los bancos
por la madre del chico o su encargado si no la hubiere. Ya empezamos por
las villas ubicadas en conglomerados de más de cien mil habitantes,
las que ya tengan avanzada su organización de padrones. A fin de
año calculamos estar llegando a 259 mil de las 570 mil familias
en extrema pobreza en todo el país.
–¿El documento gratuito será universal?
–Para todos. Se calculan alrededor de 650 mil nacimientos anuales,
de los cuales, 70 mil nunca son registrados. Muchos padres, indocumentados,
no los inscriben por temor a su propia situación. Otros porque
hay que pagar. No se va a cobrar y no se van a pedir datos que comprometan.
–¿En qué consiste el programa hacia los chicos de la
calle?
–Lo que queremos es que sepan que existen opciones a la calle. Que
hay salida. Para eso, entendemos que convocarlos desde la autoridad no
va a tener efecto. Los mismos chicos de la calle que ya trabajan en hogares
de día van a convocar a sus pares.
PROSTITUTO
NO ES BUEN SUSTITUTO
Una sílaba de 5000 pesos
Una sílaba le costó
al Estado cordobés 5000 pesos. La onerosa sílaba en cuestión,
“pros”, se coló traviesamente en lugar de la correcta,
“sus”, y provocó un terremoto. Claro, el problema fue
el lugar: así apareció en el Boletín Oficial que
se aceptaba la renuncia de Daniel López Seoane al cargo de “escribano
prostituto”. Evidentemente debió decir “sustituto”
y aunque a muchos el error les pareció sumamente cómico,
a López Seoane el asunto no le hizo ninguna gracia. Ayer se conoció
un fallo que le dio la razón.
La publicación oficial apareció el 2 de julio de 1999. Muy
seriamente, el Boletín anunciaba que la administración de
Ramón Mestre aceptaba “la renuncia presentada por el escribano
Daniel Alberto López Seoane al cargo de escribano prostituto de
gobierno”.
Apenas repuesto del papelón, López Seoane presentó
una demanda judicial: afirmó que la publicación afectó
seriamente su honra y honor y le ocasionó un daño moral
que a su criterio debía ser indemnizado con una suma de 25 mil
pesos. El juez de la causa, Jorge Coronel Carrizo, opinó sin embargo
que la cifra era exagerada y fijó la indemnización en cinco
mil pesos.
Antes, el magistrado consideró probado el perjuicio que le ocasionó
al escribano esa publicación y recordó que la difusión
del hecho se hizo en diversos medios de comunicación, lo que habría
afectado incluso la actividad profesional del querellante. Para Coronel
Carrizo, fue acreditada “la existencia de una lesión cierta
y personal a un interés no patrimonial del accionante, que lo damnificó
moralmente, al haberse lesionado su estima y el respeto que merece frente
a terceros, ética y profesionalmente”.
Los abogados del estado provincial se defendieron explicando simplemente
que “se deslizó un error de tipografía, un error de
imprenta, alterando la primera sílaba de la palabra”. Agregaron:
“Del texto publicado surge manifiesto el error, ya que a un funcionario
que no haya ejercido funciones con dignidad no se le expresa reconocimiento
por los servicios prestados”. Dicho en otras palabras, nunca le agradecerían
a un prostituto.
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