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Por Eduardo Tagliaferro
 Los defensores de Carlos Menem
hicieron todo lo posible por señalar que a su cliente se le había
vulnerado el derecho de defensa. Más allá del prestigio
de quienes lo defienden, éstos no han dejado una marca de éste
en el expediente. Aunque los letrados reiteran que apenas han tenido tiempo
material para consultar las más de 22 mil fojas, lo cierto es que
las han ido conociendo a través de los letrados de otros imputados.
“Ellos tienen la causa, lo que no tienen es defensa”, dijo a
Página/12 un importante funcionario judicial que conoce la trama
de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Para el funcionario, las pruebas son contundentes y es sabido que en un
expediente éstas son las que hablan. En Comodoro Py asumen que
Menem es por excelencia un hombre político y que, aunque menguado,
su carisma salió a la luz en la audiencia donde se le notificó
su detención.
Por eso no sorprendió que en el escrito que le entregó al
juez federal Jorge Urso hayan sobresalido las definiciones políticas
por sobre las jurídicas. El problema es que eso no es suficiente
en un juicio criminal. “El costado penal hay que atenderlo”,
comentó a este diario un destacado miembro del Poder Judicial.
El costado penal no sobresale en ninguna de las once páginas que
rubricaron Oscar Roger, Mariano Cavagna Martínez y el propio ex
presidente. Revisando el escrito la principal, y casi la única,
cita de derecho penal es la referencia al art. 210 del Código respectivo.
La defensa lo menciona para rechazar la imputación de haber participado
en una asociación ilícita, tal como sostiene uno de los
cargos que envió a prisión a su representado.
En su presentación, Menem anoticia al magistrado que ejerció
el cargo de Presidente de la Nación. Acto seguido comienza un detallado
informe de los principales sucesos que rodearon la política internacional.
La caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión
Soviética y el fin de la bipolaridad. No lo dice Menem pero la
mención del cuadro internacional que rodeó a su gobierno,
tiene un objetivo mucho mayor que el de explicar para la historia su política
de “relaciones carnales”. Aunque comenta que, bajo su gobierno,
el país integraba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
no dice ni tampoco comenta la existencia de un bloqueo dictado por la
ONU a los países de la ex Yugoslavia que libran una cruenta guerra
separatista.
Recién en la sexta página Menem se adentra un aspecto de
la causa: la firma de los decretos. Antes de llegar a ese punto, se demora
en recordar las relaciones con la Santa Sede y con Gran Bretaña
y la resolución de todos los conflictos preexistentes con Chile.
Cuando empieza a explicar el contexto de la firma de los decretos presidenciales
que autorizaron la venta de armas, la defensa observa que éstos
fueron refrendados por los ministros, previa revisión de la comisión
tripartita.
Las actuaciones judiciales ratifican los dichos de Menem: gran parte de
los representantes de los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones
Exteriores que integraban la comisión tripartita se encuentran
involucrados en la causa. Pero si el ex presidente cita el hecho, es para
señalar que la firma de los decretos se insertaba en un “acto
de gobierno” que se enmarcaba en la política internacional
a la que adscribía su gobierno
Ampararse en que se estaba juzgando un “acto de gobierno” y
decir que se ponía en discusión decisiones políticas
es lo mismo. Es desconocer la autoridad del juez que lo convocó
para explicar las características de un affaire que involucró,
amén de funcionarios representativos, a 46 personas. El hecho contradice
que cuando se conocieron los primeros aspectos de la maniobra, el propio
Menem se presentó como querellante en la causa. Lo hizo a través
de quien fue su procurador del Tesoro, el mendocino Rodolfo Díaz.
Además de ser el encargado de esa movida más política
que judicial (y más mediática que política) llamada
“tormenta ética”, Díaz acompañó
y respaldó la mayor parte de las actuaciones que en el expediente
realizó el fiscal federal Carlos Stornelli. Es cierto que la preocupación
del menemismo en esclarecer el affaire fue una actitud destinada a enviar
un mensaje más político que un compromiso real en el esclarecimiento
de los hechos. Sin embargo, el hecho fue un antecedente que ayer Menem
recordó en la presentación que entregó a Urso. Aunque
afirma de que se trata de un acto de gobierno, ayer en los tribunales
señalaban que uno de los puntos débiles de la defensa de
Menem fue “no fundar explícitamente las características
de ese acto y por qué motivos el mismo no entraba dentro del derecho
penal”. Sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de hechos delictivos
que rodearon a la venta de armas. En suma, lejos de advertirle a Menem
que debía enfrentar cargos penales le fomentó su apelación
política.
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Un anuncio para Cavallo
“Es un testigo. Pero eso no quiere decir que no puede dejar
de serlo o que vaya a seguir siéndolo”, dijo ayer el
fiscal federal Carlos Stornelli. Quien es un testigo en la causa
por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia pero puede dejar
de serlo es el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
Al ser consultado sobre la situación del ministro, que firmó
los tres decretos que ampararon el desvío del armamento,
el fiscal respondió: “Hay versiones de todos los colores.
No puedo barajar nombres públicamente que hasta ahora no
han sido convocados, o que han sido convocados como testigos”.
Stornelli dijo sentir “un poco de lástima” por
el arresto del ex presidente Carlos Menem y destacó la “gran
entereza” que mostró al escuchar que quedaba detenido,
aunque admitió que profesionalmente sintió “satisfacción”,
ya que la detención del ex presidente fue dispuesta por el
juez federal Jorge Urso a partir de los cargos que la fiscalía
formuló contra el ex mandatario y varios de sus ministros.
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La saga riojana
A pesar del paro, en el juzgado de Jorge Urso las actividades
continuaron. Ayer declaró Juan Ferreira Pinho, ex secretario
de Asuntos Militares en el Ministerio de Defensa. El ex interventor
en Fabricaciones Militares Luis Sarlenga había señalado
que en su momento Ferreira Pinho le había pedido nombrar
a un asesor. “Se trataba de Eduardo Vitale”, dijo Sarlenga,
quien agregó que éste le había pedido que renovara
la representación ante FM de la empresa Debrol, del traficante
Diego Palleros. Sarlenga también había hablado de
un trío de riojanos que reportaban a Emir Yoma. Entre ellos
Jorge Alcalde. En la audiencia Ferreira Pinho dijo que el nombramiento
de Alcalde había sido una orden de Antonio Erman González,
por entonces ministro de Defensa. Ferreira Pinho anudó al
grupo riojano en FM y su participación en la venta ilegal
de armas.
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LA
CORTE SUPREMA, EN EL OBJETIVO DEL MENEMISMO
Por los amigos de siempre
Por E. T.
Para el menemismo la Corte Suprema
es algo más que un destino en el que cifran sus ex pectativas.
Es la Corte capaz de hacer milagros. Entre ellos liberar a Carlos Menem
de los cargos que lo llevaron a su detención. Por eso las principales
alternativas de la defensa del ex presidente es conseguir un pronunciamiento
del máximo tribunal que tire por tierra la calificación
de jefe de la asociación ilícita.
Varios de los cortesanos ya fueron sondeados, pero a la mayoría
no se le escapa que las condiciones políticas en las que deberían
fallar no son ni remotamente similares a los tiempos de la emblemática
“mayoría automática”. Amén de los esfuerzos
políticos para conseguir la llave que abra las puertas del presidio,
en otras ocasiones la Corte desestimó involucrarse en esta causa.
Fue cuando el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra,
construyó una sofisticada red argumental por la que llegaba a la
conclusión de que la presencia de dos croatas en la Argentina era
una virtual comisión oficial que ameritaba la competencia del alto
tribunal. Amén de ese antecedente, en Comodoro Py interpretaban
que algunos de los cortesanos deberían excusarse. Entre ellos Adolfo
Vázquez, quien supo admitir públicamente su amistad con
el ex presidente. Incluso quienes siguen de cerca el expediente recordaban
que allí figura junto a otras pruebas documentales, una carta personal
de Vázquez a Menem. Por su contenido la misiva deja entrever, amén
del afecto, una admiración política rayana en la dependencia.
Aunque el titular de la Corte, el riojano Julio Nazareno, afirmó
anteayer que “no se excusaría”, si la causa llega a su
tribunal, en Comodoro Py señalaban que su intervención sería
fácilmente recusable por alguno de los abogados actuantes o bien
por el fiscal interviniente en la investigación de la venta ilegal
de armas.
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