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Dudosos papeles y
extraños retornos en Economía
El estudio Liendo y Castiñeiras Abogados tiene entre sus
clientes al Instituto Nacional de Reaseguros, ente en liquidación.
Su trabajo –según confió a este diario Sergio
Bunin, quien dirigió el organismo hasta hace pocos días–
consiste en organizar la tercerización de los juicios laborales
(es decir, su cesión a bufetes privados) y en tomar a su
cargo el patrocinio del INdeR en cuantiosos litigios con compañías
aseguradoras. Ese órgano en extinción, al que continuará
un ente residual, depende del Ministerio de Economía, en
cuya gestión actual desempeña un papel crucial el
abogado Horacio Tomás Liendo (h), una de las cabezas del
estudio arriba mencionado. La cuestión que inmediatamente
queda planteada es si un profesional que integra el equipo del ministro
Domingo Cavallo puede prestar sus servicios, al mismo tiempo, a
una dependencia de esa cartera.
Liendo ha vuelto a jugar en esta rentrée de Cavallo el mismo
papel estratégico que tuvo a partir de 1991, cuando diseñó
desde la Ley de Convertibilidad hasta varias privatizaciones, pasando
por la adhesión al Plan Brady. Esta vez preparó la
reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto
de incluir en la convertibilidad al euro, la delegación de
poderes especiales por parte del Parlamento (superpoderes) y la
abortada Ley de Crédito Público, una idea suya consistente
en empeñar la recaudación impositiva en favor de los
tenedores de títulos de la deuda estatal. Pese al protagonismo
que asumió en la pelea política por esas iniciativas,
Liendo afirma: “Es falso que yo sea funcionario público”.
Ya a comienzos de abril, después de haber ido al Congreso
a empujar la llamada Ley de Competitividad, sostenía: “Tuve
en mi condición de ciudadano el raro privilegio de ejercer
intensamente mi derecho constitucional de peticionar a las autoridades.
No era ni soy funcionario público”. Sin duda, su privilegio
fue sumamente raro. De hecho, dos semanas atrás un letrado
del INdeR recibió del secretario de Finanzas, Daniel Marx,
la indicación de concurrir al estudio de Liendo para informar
a su socio, José María Castiñeiras, sobre los
asuntos legales del organismo. Castiñeiras ya había
trabajado, el año pasado, también a instancias de
Marx, en la redacción del decreto 1220, que fija criterios
para que el INdeR efectúe pagos por $ 425 millones a las
compañías que alegan acreencias contra esta repartición.
Más allá del confuso rol de Liendo, otros hechos extraños
vienen detectándose también en el Ministerio de Economía.
Entre ellos, la presencia del contador cordobés Oscar Cayetano
Chialvo, ocupando un escritorio en una punta de la quinta planta.
El se hizo cargo del INdeR en 1991, y al año siguiente, cuando
se resolvió la liquidación del organismo, pasó
a presidir la Comisión Liquidadora. Pero entre 1992 y 1994
ocurrió algo sorprendente: la deuda de la entidad con el
sector del seguro se había disparado a 2000 millones. Roque
Maccarone, hoy presidente del Banco Central y entonces secretario
de Finanzas, Bancos y Seguros, le dio la pésima noticia a
Cavallo.
“El ministro no podía creer lo que escuchaba –cuenta
Roberto Guzmán en su libro Saqueo asegurado–. Recordaba
que dos años atrás se le había informado que
la deuda que había que afrontar por la liquidación
del Instituto sería de unos 500 millones de dólares.
En esos dos años se habían pagado 500 millones de
dólares, es decir el total de la deuda inicialmente estimada,
y no sólo no se la había cancelado sino que se había
multiplicado por cuatro.”
Guzmán, que fue puesto al frente del INdeR a fines de septiembre
de 1994, comenta que para Cavallo “había sido una decisión
difícil de tomar. En su propio equipo algunos se resistían
a aceptar que en los escándalos que se habían producido
en el INdeR pudieran tener responsabilidad su último presidente,
Oscar Chialvo, o su vicepresidente, Heriberto Moore, que venían
de Córdoba y también habían sido designados
durante la gestión de Cavallo”. (Quien se destacó
en la defensa de Chialvo fue Carlos Sánchez, actual secretario
de Industria.) No olvidar que esto ocurría antes de que estallara
el escándalo del Proyecto Centenario (Banco NaciónIBM),
protagonizado por el mediterráneo Aldo Dadone.
Al prologar el libro de Guzmán, publicado en octubre de 1997,
Cavallo destaca que el autor “había enfrentado uno de
los más organizados sistemas de robo de guantes blancos”,
y evoca cuando, tres años antes, “le pedí que
se hiciera cargo de la liquidación del INdeR, una de las
áreas del Estado más descaradamente saqueadas”.
Consigna además que “sólo un estado de corrupción
a gran escala podía explicar el hecho de que tras dos años
de funcionamiento de una Comisión Liquidadora la deuda aparente
del organismo se hubiera cuadruplicado, a pesar de que éste
ya no realizaba ninguna clase de contrato nuevo desde 1992 y que
sólo se dedicaba a atender sus obligaciones pendientes, para
lo cual se le había asignado un impuesto de afectación
específica” (que gravaba las pólizas). En suma:
Cavallo respalda enfáticamente la acusación de Guzmán
contra Chialvo. Pero hoy este hombre proveniente del Grupo Feigin
está de nuevo en Economía, compartiendo aposento con
Edmundo del Valle Soria, ex secretario de Transporte.
Maccarone había estado reuniendo pruebas sobre la corrupción
en el Instituto, cuando en junio de 1994 recibió una carta
anónima. Su autor le relataba: “Hace años que
trabajo en el INdeR. Siempre ocurrieron cosas raras, pero nunca
como ahora, donde directamente hay un negocio montado para pagar
a las compañías que les pagan coimas. No solamente
les pagan lo que les deben sino que inventan deudas o hacen liquidaciones
absurdas”. El incógnito corresponsal señalaba
a los máximos responsables del Instituto y otros jefes, y
aportaba nombres y teléfonos de personas que hacían
los contactos con las compañías. La esquela concluía
así: “Trabajo por un sueldo que no me alcanza para vivir
y no quiero que me roben más. Por favor haga algo”.
Denunciado ante la Justicia por Maccarone, el caso recayó
en el juez Jorge Urso, tan célebre estos días. Cuando
la causa pasó posteriormente a manos del escandaloso Carlos
Liporaci, éste le dictó a Chialvo la falta de mérito.
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