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Por Carlos Rodríguez
 “Es una campaña
para crear una sensación de inseguridad.” El ministro de Seguridad
y Justicia de Mendoza, Leopoldo Orquín, puso en ese contexto al
atentado incendiario cometido ayer contra un jardín maternal de
la capital provincial, precedido por la colocación de una bomba
tipo molotov en una sucursal de la empresa española Telefónica.
Orquín admitió a Página/12 que la “hipótesis
de trabajo” central de la investigación está orientada
hacia grupos de policías que fueron expulsados recientemente de
la fuerza por su participación en casos de corrupción. En
la puerta del jardín maternal “Amanecer”, donde había
unos cuarenta niños de entre 45 días y 4 años al
momento de producirse el estallido y el posterior incendio, compungido
por lo que podría haber sido una tragedia, Orquín había
sido mucho más contundente en su referencia a la pista policial:
“Esto sirve para que la gente de Mendoza sepa definitivamente contra
qué clase de hijos de mil putas estamos peleando”, dijo el
ministro, quien descartó que los hechos tuvieran alguna relación
con el paro gremial realizado ayer. En ninguno de los dos atentados se
produjeron víctimas.
El jardín maternal, en avenida España 1871, pertenece a
la Iglesia Evangélica Bautista. El pastor Vicente Bresci dijo que
es “la primera vez” que la comunidad resulta blanco de un atentado
y desechó toda connotación religiosa, pero los investigadores
no han descartado esa posibilidad, sobre todo porque en esa zona de Mendoza
hay varios edificios de la colectividad judía. “Buscan blancos
que provoquen conmoción, repercusión pública”,
estimó Orquín, quien precisó que el incendio en el
jardín de infantes fue “en el hall de entrada al edificio,
como consecuencia del estallido de un petardo casero que hizo arder los
paneles de telgopor pegados en las paredes”. Aunque los chicos estuvieron
lejos del fuego, ya que estaban dentro del edificio, en las aulas, el
incendio conmocionó a los niños y a sus maestras, porque
de haberse generalizado el fuego podrían haber quedado encerrados
sin poder salir hacia la calle.
El atentado ocurrió a las 9.45 y todos tuvieron que salir corriendo
por una puerta de emergencia y algunos, saltar por una ventana. “Hubo
pánico y confusión porque no escuchamos ninguna explosión
y no sabíamos lo que estaba pasando”, relató una de
las maestras. En las salas donde estaban los chicos había “mucho
humo” y la puerta principal había sido cerrada por fuera,
presuntamente por la misma persona que arrojó el petardo. Los chicos
quedaron refugiados en la escuela secundaria “Pablo Besson”,
vecina a la guardería. Los médicos constataron que todos
estaban bien de salud. El objeto arrojado tenía “un mecanismo
incendiario muy primitivo”, según establecieron las primeras
pericias realizadas.
En cambio, el ministro Orquín le dijo a este diario que estaban
“muy bien armadas, con un elemento plástico que no es gelamón
y que está siendo analizado en Buenos Aires” las dos bombas
que fueron colocadas, el miércoles y el jueves pasado, en el propio
Ministerio de Justicia y Seguridad y en el interior de un colectivo de
la línea 100. Ninguna de ellas llegó a estallar y fueron
activadas por la Brigada de Explosivos. En cuanto a la Molotov arrojada
contra el frente de la sucursal de Telefónica de la calle Chile
1558, interpretó que “no hay una relación directa con
el incidente en el jardín maternal, salvo la proximidad entre uno
y otro lugar”. De todos modos, sostuvo que “todo parece formar
parte de una misma campaña tendiente a crear una sensación
de inseguridad”.
Orquín aseguró que los datos estadísticos refutan
esa sensación térmica: “El delito dejó de crecer
e incluso comenzó una tendencia descendente, algo que no ocurría
en los últimos 20 años”. El ministro asoció
el hecho con la reestructuración policial. El caso de las dos bombas
colocadas esta semana es investigado por personal de la Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE), llegado de Buenos Aires. Aunque sin
la contundencia de los minutos que siguieron al incendio en el jardín
maternal, Orquín admitió que se investiga la pista policial.
Los primeros pasos estuvieron orientados a establecer los últimos
movimientos de unos 30 policías –algunos de ellos procesados
pero en libertad o con prisión domiciliaria– que están
acusados de haber formado parte de una banda dedicada a cometer robos
y asaltos a mano armada en los últimos 11 años. Orquín
consideró que los actos intimidatorios son “propios de locos,
de delirantes que están en contra de la política del gobierno”
y en todo momento deslindó “alguna relación con el
paro de actividades y con la dirigencia sindical mendocina”.
Anoche, el ministro Orquín se reunió con intelectuales de
la provincia que concurrieron a su despacho para expresar “su repudio”
al atentado contra el jardín de infantes y su respaldo a la reestructuración
policial. Concurrieron el escritor Raúl Silanes, el historiador
Pablo Lacoste, el ex rector de la Universidad de Cuyo Luis Triviño,
los escultores Chalo Tulián y Eliana Molinelli, y el semiólogo
Roberto Follari.
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Las purgas en la policía
Las purgas policiales en Mendoza se vienen sucediendo desde 1998
y han marcado una continuidad a pesar del cambio de mando, del ex
mandatario peronista Arturo Lafalla al actual gobernador de la Alianza
Roberto Iglesias. En diciembre de 1998 se fueron 600 policías,
en enero de 1999 otros 100 y la sangría siguió hasta
nuestros días. El caso más grave de corrupción
salió a la luz en agosto de 2000, cuando el juez Rafael Escot
confirmó que desde 1989 muchos robos se planeaban desde la
Dirección de Investigaciones de la policía provincial,
con sede en la mismísima jefatura de la fuerza.
Eso derivó en el procesamiento de 16 policías y cinco
civiles, pero luego se llegó a una nómina que alcanza
a unos 30 uniformados salpicados por el escándalo. Algunos
de ellos siguen en libertad, acusados por delitos menores. Hacia
ellos, y su entorno civil, está ahora orientada la investigación
por los recientes hechos de violencia en la provincia.
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SEIS
PROCESADOS Y TRES LIBERADOS
El asalto en Once
La Justicia dictó la
prisión preventiva de seis de los diez sospechosos detenidos en
la causa por el asesinato de los dos policías, tras el robo a un
negocio en el barrio de Once. Entre quienes seguirán en prisión
se encuentran los tres empleados infieles del local y un ex agente del
Servicio Penitenciario Federal. En tanto, los tres familiares del ladrón
muerto que fueron apresados poco después del robo fueron liberados
por falta de mérito. Julián Garzón, el primer empleado
detenido, denunció que sufrió “apremios ilegales”
que lo obligaron a admitir su culpa.
El asalto que derivó en el debate parlamentario para aumentar las
facultades policiales ocurrió el 19 de mayo en un comercio ubicado
en Larrea 579, donde fueron asesinados por la espalda dos policías.
El procesamiento recayó ahora sobre Julián Garzón,
Pedro González Agüero y María de las Mercedes Novillo,
acusados de robo doblemente agravado por uso de armas, y sobre Roberto
Chiarotti, Norberto Cabral –ambos ex empleados del negocio–,
acusados de partícipes necesarios, al igual que el agente del Servicio
Penitenciario Federal Gustavo González, aunque este último
por un intento de asalto anterior.
La policía había detenido el jueves a Roberto Cornejo, sospechado
de ser quien gatilló contra los policías. Garzón,
uno de los empleados del local, denunció “apremios ilegales”,
pero la Justicia consideró “absurda” su versión
y ratificó que su declaración contó con “todas
las garantías constitucionales”.
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