Por Horacio Verbitsky

El arresto del ex presidente Carlos Menem volvió a colocar el tema de la corrupción en el centro de la escena política, aunque sería un exceso decir que haya suscitado algún debate al respecto. Sus defensores denuncian una persecución política cuyas motivaciones y actores no pueden explicar. Sus detractores no pueden articular frases menos triviales sobre la independencia de los poderes y los tiempos de la justicia, que “tarda pero llega”. Los observadores ajenos a la política partidaria tampoco han pasado del análisis de las biografías del fiscal y del juez de la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Sin embargo, la corrupción es uno de los rasgos estructurales más notables y persistentes del sistema político edificado en la Argentina desde 1983, al concluir la dictadura militar. El análisis sobre su rol resulta así insoslayable para comprender el funcionamiento de ese sistema y sus relaciones con la estructura económicosocial, donde la puja entre intereses contrapuestos amenaza con precipitar una crisis política mayor, con vencimiento previsible en octubre, siempre que algún imprevisto no acorte los plazos.
Los dos partidos que sostienen el sistema confrontaron posiciones en el fragor de los períodos electorales de las últimas dos décadas. Sin embargo, esas diferencias se disiparon como fuegos artificiales al cerrarse cada escrutinio. En realidad, uno y otro aplicaron desde el gobierno políticas distantes de los intereses de su base electoral. La alternancia y el intercambio de roles terminaron por hacer evidente que ambos habían sido cooptados por los sectores dominantes que en el último cuarto de siglo remodelaron la sociedad argentina. La corrupción de los cuadros dirigentes de esas fuerzas políticas es el precio de ese transformismo, por usar una expresión del ex líder comunista italiano Antonio Gramsci, que Eduardo Basualdo desarrolla en un trabajo aún inédito sobre el “Modelo de acumulación de capital y el sistema político en la Argentina”.

Juegos de rol

Bajo las sucesivas presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa se definieron por encima de las identidades partidarias, roles de oficialismo y oposición, ninguno de los cuales obstaculizó el nuevo modelo económico-social, impuesto en forma compulsiva hace un cuarto de siglo, en el que la producción industrial fue desplazada como eje del modelo de acumulación por la valorización financiera del capital. Pero las tensiones acumuladas dentro del bloque dominante hacen imperativa ahora una redefinición, al estilo de la que sucedió a la hiperinflación de 1989 y para ella van tomando posiciones los distintos sectores del poder. Mientras, el Senado se apresta a votar un incremento de facultades a la Policía Federal ya sancionado por la Cámara de Diputados, para ablandar el control judicial de sus procedimientos y simplificar la criminalización de la pobreza resultante, lo cual señala uno de los caminos posibles, de reducción del espacio democrático.
El megacanje anunciado por el superministro de Economía de ambos partidos, Domingo Cavallo, exacerba ese modo de funcionamiento de la Argentina postdictatorial, tanto por sus consecuencias económicas, que cierran un círculo vicioso, como por sus características políticas, que degradan la calidad institucional. El inciso 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional es inequívoco: reserva al Congreso y no al Poder Ejecutivo .arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. y la ley de superpoderes sancionada en la primera semana del regreso de Cavallo no delegó esas atribuciones. El 25 de marzo, De la Rúa y Cavallo concedieron un reportaje conjunto al diario “La Nación”.
–¿Intentará el Gobierno reestructurar parte de la deuda? –les preguntaron. –Nunca se nos va a ocurrir hablar de ese tema –contestó el ministro.
Apenas dos meses después se cerró la operación, que implicará un costo exorbitante, de 17 mil millones de dólares según el cálculo de Claudio Lozano, el desplazamiento del Banco Central por operadores privados como agente financiero de la Nación y el pago de comisiones injustificables por alrededor de 150 millones, que hacen palidecer las del tráfico de armas. Igual que la sociedad, tampoco el Congreso fue ni siquiera informado. Recién la semana próxima algunos diputados que integran el Movimiento por la Consulta Popular presentarán una solicitud de interpelación a Cavallo por esta elusión al Congreso.

La transversalidad

Sin duda, Menem es la figura emblemática de ese modo de ser del sistema político que un hombre de negocios de Mendoza definió hace más de una década con la indeleble consigna “Robo para la Corona”. Pero ni el ex presidente es el único corrupto, ni el fenómeno se limita al Partido Justicialista o al entorno menemista. Por el contrario, atraviesa en forma transversal a ambos partidos, con sus respectivas asociaciones económicas, como con alta probabilidad surgirá de las cajas cuyo contenido analiza la comisión investigadora presidida por la diputada Elisa Carrió, quien se refiere para caracterizarlo a “la matriz del Estado mafioso”. Esa transversalidad coloca junto al Federal Bank del menemista Raúl Juan Pedro Moneta al Crédito Argentino, del amigo presidencial Fernando de Santibañes, y al Macro, donde hizo parte de su carrera el jefe del gabinete de ministros Chrystian Colombo y cuya prodigiosa expansión no se entiende sin referencias a Emir Yoma y a Enrique Nosiglia. Esto explica la exhortación del ex embajador Jorge Asís al conjunto de la clase política a cerrar filas para impedir lo que calificó como un suicidio en masa, que habría comenzado con la detención de Menem.
La dictadura militar abortó las luchas sociales por medio del terror y aniquiló a una generación de cuadros políticos, en la peor derrota popular de un siglo. Pero el patrón de acumulación implantado entonces sobrevivió a la dictadura, por medio de lo que Basualdo denomina “una estrategia negativa” que “no pretende construir consenso sino impedir la organización de los grupos subalternos, inhibiendo su capacidad de cuestionamiento”. Para ello recurre a la integración de las conducciones políticas y sociales de los sectores populares, a los que inmoviliza e impide generar una alternativa política y social cuestionadora. La corrupción y los altos ingresos relativos que perciben los dirigentes políticos son así instrumentos privilegiados para la redefinición del sistema político y de la sociedad civil. Por eso, Basualdo también se refiere al financiamiento de intelectuales supuestamente independientes por medio de contratos y consultorías durante el proceso de destrucción y transferencia del aparato estatal al sector privado. En estas condiciones, la desocupación y la marginalidad social no sólo disciplinaron a la clase trabajadora. También elevaron hasta niveles difíciles de soportar el costo del retorno al llano, que para los intelectuales implica “descender al infierno de la desocupación o, en el mejor de los casos, al purgatorio de los bajos ingresos y la superexplotación”.
La hora de los operadores
La corrupción se erigió así en un .factor orgánico en el sistema de poder, mediante la cual se articulan el capital oligopólico y el sistema político en detrimento del conjunto social.. No es un factor coyuntural sino estructural, intrínseco al nuevo patrón de acumulación dominante, que cohesiona al bloque de poder y evita las deserciones. La atracción del sistema bipartidista en su conjunto a la órbita de los sectores dominantes inhibe la reacción del resto de los sectores sociales, a los cuales no seles realiza concesión alguna. Debido a este vaciamiento de los dos partidos, que se desvinculan de los sectores sociales a los cuales expresaban, también desaparecen la discusión político-ideológica y la militancia, substituidas por un formato empresario dominado por los operadores, que manejan las cajas partidarias y que Max Weber ya había caracterizado como los boss del sistema político norteamericano. Entre las relaciones contractuales que constituyen la nueva amalgama que reemplaza a los lazos ideológicos y políticos Basualdo menciona los empleos estatales que se reparten entre el oficialismo y la oposición y los contratos con organismos internacionales de crédito que permiten pagar los salarios más elevados de la administración pública, con los que el sistema político financia a sus cuadros, logra nuevas adhesiones y acalla críticas a la gestión gubernamental.

De retorno

Pero entre los años 1990 y 1993, en los que se consumó a una velocidad sin parangón en el resto del mundo el desguace del Estado, el elemento decisivo fueron los “retornos”, “peajes” o “comisiones”, pagados por los sectores dominantes. Esto permitió al sistema político realizar su “acumulación originaria”, tarifando la fijación del precio de los activos malvendidos y los porcentajes de capitalización de deuda aceptados en cada caso; el endeudamiento externo de las empresas durante su privatización; la adjudicación de las licitaciones o concesiones y el contenido de los laxos marcos regulatorios iniciales. Basualdo llega incluso a estimar en no menos de 5000 millones de dólares la magnitud de esa “acumulación originaria” del sistema político, aplicando a los 25 mil millones de dólares que el fisco obtuvo por la enajenación de activos públicos en el lustro 90/94 la tasa del 20 por ciento que según el expediente judicial habría pagado IBM a quienes le facilitaron el contrato para la informatización del Banco Nación. A ello habría que agregar otro porcentaje sobre los gastos y las inversiones del Estado y lo recaudado por la sanción de las leyes de la denominada desregulación de la economía, como la de patentes. Sólo la industria farmacéutica factura 3500 millones de dólares al año.
Esta prodigiosa capacidad de ahorro planteó dos desafíos a los agentes del sistema político: blanquear esos recursos y maximizar su rentabilidad, es decir la “reproducción ampliada” de ese capital. Basualdo menciona en ese sentido las investigaciones de estas páginas y de los diputados Carrió y Gustavo Gutiérrez, sobre el lavado de los recursos mediante su fuga al exterior y su reinversión interna, a tasas de ganancia superiores a las del mercado internacional, en nuevos negocios en los que el propio sistema político tenía incidencia directa. No sólo vinculados a privatizaciones, sino también en otras actividades, como el correo y la carne, de lo que dan cuenta los apellidos Yabrán y Samid.

Errores estratégicos

La irrupción del Frepaso como tercero cuestionador del bipartidismo amagó con expandir la arena política (la caracterización teórica es de Guillermo O`Donnell) y permitir un avance en la organización de los sectores populares. Pero esa experiencia concluyó al constituirse la Alianza, debido a lo que Basualdo denomina “dramáticos errores estratégicos” del Frepaso. El principal fue considerar que la regresividad económica y social que se consolidó durante la década de 1990 obedecía al predominio del sector financiero y a la hegemonía de su expresión política, el menemismo. Desde la óptica del licenciado Carlos Alvarez, la derrota electoral del menemismo debía permitir acuerdos con otros integrantes del poder económico que impulsaran la producción y la desconcentración del ingreso. El segundo error fue la deliberada distanciade los dirigentes de su base social, para hacer viables aquellos hipotéticos acuerdos con las fracciones dominantes opuestas a los sectores financieros. El tercero fue considerar la corrupción como un fenómeno privativo del partido hegemónico y no inherente al sistema de dominación. (Para un buen ejemplo concreto ver en esta misma página “Amingo mío”). Agrega Basualdo: “Estos y otros errores expresan, en el mejor de los casos, la ignorancia acerca del patrón de acumulación en curso y del sistema político que se generó durante su desarrollo”. Su trabajo concluye con un análisis de las distintas propuestas de reformulación del sistema político y de salida de la crisis económica, que si la salud de De la Rúa, la detención de Menem y la política de Cavallo lo permiten, serán tema de otro artículo.

Amingo mío

Por HV

Domingo Cavallo tardó una semana desde su regreso al ministerio de Economía antes de acudir en auxilio de Gatic, que durante su anterior gestión durante el gobierno de Carlos Menem llegó a convertirse en el segundo deudor privado de los bancos estatales, con 68 millones de dólares, sólo superado por el Yoma Group, la empresa insignia de la familia expresidencial. En los frenéticos días iniciales de su gestión como ministro de Fernando De la Rúa, Cavallo tuvo tiempo para exigir que el Banco Nación abriera nuevamente el grifo para Gatic, pese a la calificación adversa de sus créditos por el Banco Central y a su patrimonio negativo, en el que los pasivos superan en 40 millones a los activos. Su presidente Eduardo Bakchelian se autodefinió como un “cortesano”, que frecuenta “las cortes para pedir favores”. Gatic tiene plantas en las provincias de Buenos Aires y La Rioja.
Cavallo asumió el ministerio el 20 de marzo. El 29, el directorio del Nación firmó el nuevo crédito, por 700.000 pesos, pese a la disidencia de su presidente, el delarruista fundacional Enrique Olivera, quien se negó a suscribir la resolución. Extraída la primera aceituna, la boca del frasco quedó expedita: el 3 de mayo el socorro se estiró a 1,8 millones .por haberse agravado su situación financiera. y este jueves 7, mientras Menem era detenido, a 2,15 millones por encima del anterior endeudamiento. Confiada en el padrinazgo de Cavallo, Gatic ya solicitó auxilio adicional por otros 3 millones de dólares. La última de las concesiones lleva también la firma de Olivera. El mismo día en que aceptó redoblar el auxilio a Gatic, Olivera suscribió un documento institucional como presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados, Abapra. Junto con la Unión Industrial, propuso relajar el régimen de clasificación de créditos del Banco Central, cosa que el Nación ya había hecho de facto con Gatic, y la refinanciación de pasivos para empresas pequeñas y medianas, categoría en la que bajo ningún criterio podría encuadrarse el fabricante de calzado e indumentaria deportiva. La Carta Orgánica del Banco Nación fue modificada de modo de priorizar los préstamos a las Pymes y que ningún crédito superara el millón de pesos. El mismo jueves negro para Menem, Cavallo argumentó en contra de cualquier auxilio oficial a Aerolíneas Argentinas, a la que calificó como una de las tantas empresas en problemas por la recesión. “¿Usted sabe los problemas que tienen los 5000 empleados de Gatic?” fue el espontáneo ejemplo del ministro. “El Estado no puede meterse con cada empresa que tiene problemas”, dijo. Con cada empresa no.
“Ya no soy industrial, soy cortesano”, afirma Bakchelian en su curiosa autobiografía, “El error de ser argentino”, publicada hace pocos meses. En sus páginas se presenta como un industrial apasionado al que sólo le interesa crear trabajo y engrandecer a su país, en lucha contra laglobalización. También cuenta que durante el gobierno de Raúl Alfonsín instaló una planta en Lezama, cerca de Chascomús y durante el de Menem dos en La Rioja, una de ellas en Anillaco. Bakchelian considera hoy que cometió un “error”, fruto de su “ingenuidad”. En su libro narra las dificultades financieras que atribuye a la crisis mexicana, a partir de 1994. Ante el inminente vencimiento de un eurobono por 15 millones de dólares recurrió al Banco Nación donde, según sus palabras, “por supuesto nos dijeron que no”. Pero Cavallo intercedió y personalmente le comunicó que “el lunes te va a dar el crédito el Banco Nación”. Bakchelian endosa sus penurias a la apertura comercial, que dejó a sus productos indefensos ante la competencia asiática, y a la crisis financiera, que le impidió colocar acciones en la bolsa. Narra que también acudió a Cavallo en procura de capital de trabajo, porque debía salvar la vida de 15 o 16 pueblos donde tiene fábricas y da empleo. Cavallo le preguntó qué necesitaba y realizó personalmente las gestiones, que incluyeron un almuerzo de Bakchelian y el ministro con el entonces presidente del Banco Nación, Aldo Dadone. “Cavallo hizo toda la fuerza”, recuerda Bakchelian. Un ex director del Banco Nación coincide: “Menem no llamaba, siempre era Cavallo”, dice. Una de esas gestiones se frustró al estallar el escándalo por el contrato del Banco con IBM y por la oposición de Roque Maccarone, que estaba a cargo del fondo fiduciario para el rescate de bancos y poco después se hizo cargo del Banco Nación. Para quebrar su resistencia, Menem y Cavallo convocaron a una reunión en el Polideportivo de Olivos, a la que también asistieron Eduardo Duhalde, Maccarone y el entonces presidente del Banco Provincia, Eduardo Frigeri. Cavallo dijo que no eran banqueros sino bancarios y que a una empresa como Gatic no se la podía dejar morir de esa manera. Estuvo durísimo con los bancos”.
El resto de la historia debe buscarse en los documentos del Banco Nación. Al concluir 1998, Gatic ya debía 67,8 millones de dólares al Banco Nación, 29,5 al Banco de la Provincia de Buenos Aires, 6,4 al de la Ciudad de Buenos Aires y 1,7 al de la Provincia de Córdoba: 105 millones de fondos públicos, más otros 70 que adeudaba a la DGI. Entre seis bancos privados, en cambio, sólo arriesgaron 2,4 millones en la misma empresa, una proporción similar a la del Yoma Group. La calificación de esas deudas iba desde el 3, en problemas, hasta el 6, irrecuperable. El Banco Nación ya previsionó pérdidas por más 13 millones de dólares de esos créditos.
En diciembre de 1998, el Banco Nación y la DGI accedieron a refinanciar la deuda. El ente recaudador le concedió un plan a diez años, con dos de gracia y excluyó a Gatic del pago del impuesto a las ganancias hasta julio de este año. En la refinanciación del Banco Nación, a ocho años y con uno de gracia, la tasa de interés fijada fue de Libo más 3,5 por ciento. Traducido a términos tal vez también incomprensibles pero cotidianos, esto quiere decir que el Riesgo Bakchelian fue fijado en 350 puntos. Una de las formas aceptadas de pago es el descuento de cheques de terceros, con vencimientos a un promedio de 143 días, que luego fue ampliado a 240. Gatic se atrasó muy pronto en los pagos. Al fundamentar la última ampliación, el 30 de mayo, sostuvo que el destino de los fondos era el pago de sueldos y jornales. Los intereses que pagará por la operación serán del 10 por ciento nominal anual, un tratamiento que más hubiera querido la Argentina en el megacanje de bonos y que continúa con la tradición nacional del subsidio a los amigos, que hizo grande a la [deuda] Argentina.

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