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Por Irina Hauser
 Carlos Ruckauf quiere designar
como camarista civil y comercial de Trenque Lauquen a un juez de la dictadura,
acusado de atender en su despacho con un revólver sobre el escritorio
y de encerrar a sus empleados en oficinas oscuras bajo llave, como método
de castigo. El favorito es Fernando López Santoro y el gobernador
bonaerense ya envió su pliego a la Comisión de Acuerdos
del Senado provincial, donde está en plena discusión. Ya
se había postulado en 1998 para otro concurso, del que quedó
fue excluido por sus antecedentes de abuso de autoridad y connivencia
en expedientes.
Lo esperable hubiera sido que el Consejo de la Magistratura de Buenos
Aires, que se supone sirve para que los concursos sean justos, hubiera
actuado como barrera inicial para López Santoro. Pero no sólo
no fue así sino que el ex juez –hoy abogado– quedó
incluido en la terna enviada al Poder Ejecutivo provincial. Los otros
dos preseleccionados fueron Toribio E. Sosa, juez civil en ejercicio en
la propia ciudad de Trenque Lauquen, y Elda E. Ventura, jueza de Bahía
Blanca. Al momento de elegir, Ruckauf optó por el hombre denunciado
por desplegar conductas a medida de la dictadura mientras ocupaba el juzgado
de Tandil –entre agosto de 1977 y 1984– gracias a un decreto
de Jorge Rafael Videla. El paso siguiente, es que el Senado lo apruebe.
Si los senadores bonaerenses analizan rigurosamente los antecedentes de
López Santoro, se encontrarán con dos sanciones disciplinarias
que le impuso la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires: una fue
un apercibimiento grave, el 9 de octubre de 1979, y la otra fue una reprensión,
el 29 de abril de 1980. Había sido denunciado por su propio secretario
de entonces, Víctor Mario García, y por un grupo de abogados.
La denuncia del ex secretario ante el máximo tribunal acusaba a
su jefe de haberle cortado todo tipo de comunicación con sus compañeros
del juzgado y de haber encerrado, como castigo, a una empleada en una
oficina oscura destinada al archivo. El texto de García describía
que aunque pasaba el tiempo pudo “constatar que la señora
Perey de Marzoratti aún continuaba en su situación de confinamiento
y vigente la prohibición de hablar con todo el personal y/o letrados”.
También señalaba causas en las que actuó en connivencia
en quiebras fraudulentas que tramitaban en su despacho y añadía
que había “utilizado un vehículo militar para mudar
a sus suegros, además de hacer pintar su departamento por personal
militar”. Relataba los intentos del juez para vender él mismo
mercadería ingresada por contrabando y le atribuía la tramitación
de sucesiones en su pueblo natal, San Vicente, aunque no estaba dentro
de su jurisdicción.
Más aún, según revelaba García, el magistrado
había dicho que “su mentor había sido el señor
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Lambruschini, y el señor
Comandante del Ejército, general Roberto Eduardo Viola”, ambos
integrantes de la segunda junta militar. Todos estos temas figuran también
en otra denuncia que habían presentado los abogados Benito Vicente,
Alfredo Bertucci, Carlos Mercader y Guillermo Pianzola. Agregaban irregularidades
del juez en la tramitación de causas y un relato del propio Pianzola,
“a quien en una oportunidad atendió en su despacho mientras
manipulaba un arma de fuego de grueso calibre como si en lugar de hallarse
en el severo ámbito de un despacho de magistrado se tratara de
un saloon del Far West”.
Cuando López Santoro se postuló para volver a ser juez de
Tandil en 1998, el Consejo de la Magistratura atendió a las impugnaciones
presentadas por 41 ciudadanos tandilenses y algunos abogados. Incluso
en la mitad del concurso quedó al descubierto que el máximo
tribunal provincial había omitido enviar la información
sobre las sanciones que el juez había recibido emitiendo un certificado
falso. La maniobra se conoció por un rastreo que hizo el ex senador
frepasista Jorge Derkos. Pero como si nada hubiera pasado, esta vez el
ex magistrado pelea por un cargo másalto, el de camarista, y consiguió
la venia de Ruckauf con quien las malas lenguas le atribuyen además
una amistad personal.
El pliego del juez-de-la-dictadura-que-pretende-ser-juez-en-democracia
está hace algo más de un mes en la Comisión de Acuerdos
del Senado bonaerense que preside la radical María Cristina Azcueta,
pero que entre sus 18 integrantes cuenta con mayoría justicialista.
El tema está incluido en el orden del día de la comisión,
pero viene sufriendo postergaciones. Los aliancistas se niegan a firmar
el pliego, mientras que los justicialistas parecen estar a la espera del
más mínimo descuido para refrendarlo y mandarlo para que
sea votado en el recinto. Los legisladores tienen información sobre
el preferido de Ruckauf a su disposición: si no la mandó
el propio candidato, ya se las envió el Colegio de Abogados de
Trenque Lauquen.
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OPINION
por Carlos Eroles
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Homenaje a medio camino
Con suma atención leímos los dos documentos principales
emitidos por los obispos argentinos luego de su 81ª Asamblea
Plenaria concluida en San Miguel el mes pasado. El que corresponde
a la recordación del 25º aniversario de la muerte de
monseñor Enrique Angelelli confieso que me gustó poco.
Con palabras cuidadosamente elegidas, como si fueran el fruto de
un elaborado y quizás trabajoso consenso, se alude a la muerte
de Monseñor Angelelli, casi olvidando el marco de la dictadura
militar y el terrorismo de Estado, que provocó, en esos días
de agosto de 1976, el asesinato de los curas de Chamical y del laico
Pedernera y -.por qué no decirlo– la muerte más
que dudosa, dolosa, del Obispo. Dicho de otra manera, en la versión
de los hechos que muchos creemos, Monseñor Angelelli “no
encuentra la muerte cumpliendo una delicadísima misión”:
fue asesinado, como un episodio más del terrorismo de Estado.
Curiosamente el texto no hace referencia alguna ni a la dictadura
militar, ni al terrorismo de Estado, ni a las situaciones de injusticia
social que enfrentaba en su comunidad Monseñor Angelelli
y que determinaron tantas víctimas, porque afectaban además
intereses económicos y de poder muy concretos. Fueron todas
ellas muertes determinadas por la aplicación de la “doctrina
de la seguridad nacional”, que nuestros Obispos denunciaron
con energía en “Iglesia y Comunidad Nacional”.
Si el Padre Enrique nos estuviera acompañando probablemente
hubiera exigido un homenaje extendido a todos aquellos sacerdotes,
religiosas, religiosos, laicos y laicas que fueron víctimas
del terrorismo de Estado, de muchos de los cuáles, precisamente
en estos días, se cumplen también 25 años de
su muerte o desaparición. Bueno es recordar, aquellas condiciones
incumplidas, planteadas también en Iglesia y Comunidad Nacional
para “Construir una Patria más fraterna, solidaria y
reconciliada”: Verdad y justicia, pedido de perdón y
sincera voluntad de reparación. Los argentinos víctimas
de desaparición forzada, de violaciones, de torturas, los
niños apropiados, siguen a la espera de esta posibilidad
de reconciliación fruto de la justicia, sin falsedades ni
falacias. Sin ella Monseñor Angelelli, seguirá siendo
un testigo del Evangelio que con su vida y con su muerte enjuicia
tanto la injusticia, como nuestros silencios y vacilaciones. Muy
a pesar suyo será un signo de contradicción “con
un oído en el pueblo y otro en Evangelio.”
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