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POR PRIMERA VEZ LA CAPITAL ES PERCIBIDA
COMO MAS INSEGURA QUE EL GRAN BUENOS AIRES
Sensación térmica: peligro

La seguridad se volvió una obsesión en Buenos Aires. En un estudio de abril y mayo, el 23 por ciento de los porteños dijo haber sido víctima de un delito. El 37 por ciento tiene temor de que a los hijos les ocurra algo en la escuela. Aumenta la contratación de personal de seguridad y la instalación de cámaras y circuitos cerrados, un fenómeno que ya no es sólo de niveles altos.

Por E.V.

La seguridad se está convirtiendo cada vez más en una obsesión, en especial, para los porteños. Por primera vez, la ciudad de Buenos Aires aparece en las encuestas como un lugar donde la gente se siente más insegura que en el Gran Buenos Aires: ocho de cada diez habitantes de la ciudad cree que puede ser víctima de un delito. El 37 por ciento de la gente con hijos en edad escolar tiene temor de que pueda ocurrirle algo a sus niños cuando están en la escuela. La sensación térmica, según un estudio realizado entre abril y mayo últimos, parece tener relación directa con el crecimiento en los niveles de victimización: el 23 por ciento de los porteños consultados dijo haber sido víctima de un delito durante los últimos seis meses, mientras que el porcentaje de hogares con algún miembro victimizado asciende al 33 por ciento. La cifra es mayor que la registrada en la provincia de Buenos Aires, donde las víctimas de delitos alcanzan el 17 por ciento.
El fenómeno tiene distintas aristas. En las asambleas vecinales que organiza el gobierno porteño, en el marco del programa de prevención del delito, la demanda de presencia policial aumentó del 40 por ciento de los vecinos, en diciembre, al 74 por ciento en marzo. Los vecinos han incrementado las medidas de seguridad en sus viviendas, con la instalación de cámaras de video y la contratación de vigilancia privada. Y aunque no se registra un aumento notorio en la venta de armas para defensa personal, sí ha crecido la demanda de instrucción en polígonos de tiro. Al punto de que en todo el país ya son 270 las instituciones que se dedican a esa actividad (ver aparte).
La encuesta realizada por Graciela Römer y Asociados, sobre un total de 950 entrevistas domiciliarias, arroja como resultado que entre abril y mayo de este año, siete de cada 10 habitantes de la provincia de Buenos Aires cree que es bastante probable llegar a ser víctima de algún delito. La sensación de inseguridad crece, si se toma por separado al Gran Buenos Aires, a un 73 por ciento de los consultados, mientras que en el interior de la provincia alcanza el 56 por ciento.
Lo sorprendente del trabajo es que, por primera vez, la ciudad de Buenos Aires fue percibida por la gente como un lugar más inseguro que el Gran Buenos Aires: el 80 por ciento de los encuestados cree que puede ser víctima de un delito.
¿A qué obedece este cambio? Para Römer, sencillamente, esa cifra se corresponde con el incremento en los niveles de victimización en ese mismo período: en la ciudad de Buenos Aires, el 33 por ciento de la gente respondió que algún miembro de sus familias sufrió un hecho de delincuencia durante los últimos seis meses. En noviembre del año pasado, el delito había involucrado al 24 por ciento de la gente consultada.
Pese a que los porteños consideran más insegura a la ciudad, sus propios hogares son percibidos como más seguros que en el Gran Buenos Aires: en la Capital, el 70 por ciento de la gente se siente segura en su casa, mientras que en el Conurbano, sólo el 54 por ciento de la gente tiene esa percepción.
También los barrios porteños son percibidos por la gente como más seguros que en el Gran Buenos Aires: el 42 por ciento en la ciudad contra el 36 en el Conurbano, mientras que en el interior de la provincia la gente se siente tranquila en un 61 por ciento.
¿No es contradictorio que alguien se sienta inseguro en la ciudad, pero perciba lo contrario en su casa o en el barrio? Para Römer, la explicación está, por un lado, “en las diferencias edilicias, como el mayor número de edificios de departamentos, menos vulnerables que las casas y, por otro, a la presencia de seguridad privada”. “La gente asocia la inseguridad, especialmente, a salir fuera de su ámbito, a un restaurante, por ejemplo”, explicó la consultora. Un 37 por ciento de los entrevistados con hijos en edad escolar, en la ciudad de Buenos Aires, se sienten inseguros respecto de la escuela de sus hijos, cifra con la que se coloca por encima del Gran Buenos Aires (35 por ciento) y del interior de la provincia (23 por ciento).
El fenómeno de la inseguridad va generando cambios en el comportamiento de los porteños. Según Héctor Pirosanto, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, en los últimos tiempos se fueron incrementando las medidas de seguridad en los edificios y la contratación de vigilancia privada creció en un 30 por ciento respecto de hace dos años: “Primero comenzamos a recomendar a los propietarios que eliminen la cerradura que permite abrir con el portero eléctrico. En los dos últimos años, cuando se produjo un incremento de la inseguridad, se empezaron a contratar servicios privados de vigilancia, que al principio cumplían la función de serenos, pero con una imagen reforzada por el uniforme”, explicó Pirosanto.
Según el directivo de la cámara que agrupa a los administradores de consorcios, los edificios de más categoría incorporaron otros mecanismos, como las alarmas, los circuitos cerrados de televisión y una suerte de beeper que el encargado lleva siempre consigo y que le permite dar aviso de cualquier situación de riesgo a la empresa de seguridad. Este tipo de consorcios, además, extendió el servicio de vigilancia a las 24 horas.
“Lo notable –agregó el directivo– es que estos servicios, que antes eran exclusivos de Belgrano, Núñez, Palermo y Barrio Norte, donde más de la mitad de los edificios cuenta con vigilancia privada, ahora se empiezan a contratar en consorcios de clase media.” Son los que, por estar seguros, no se fijan en gastos: contratar un vigilador privado durante nueve horas, por la noche, cuesta entre 1300 y 1600 pesos mensuales.
Otra encuesta realizada por Graciela Römer revela que existen actitudes comunes al conjunto de la población respecto de las personas que tomaron algún tipo de medidas de seguridad: el 31 por ciento de la gente colocó rejas, cerraduras especiales o alarmas en sus hogares; un porcentaje menor (7 por ciento) trata de no dejar la casa sola; otro tanto optó por salir menos o de evitar que su auto quede en la calle. La encuesta incluye 800 casos de Capital y provincia de Buenos Aires.
Al margen de la solución individual, algunos vecinos participan de experiencias colectivas. Son los que intervienen en las asambleas convocadas por la Dirección de Políticas de Seguridad del gobierno porteño, donde ya participaron unos 3000 vecinos. El plan recién se comienza a implementar en ocho de los dieciséis Centros de Gestión y Participación en que se divide la ciudad. “Primero, los vecinos plantean los problemas de su barrio, y luego se buscan alternativas de solución, en conjunto, con la policía”, explica el director de Políticas de Seguridad de la ciudad, Claudio Suárez.
En esas asambleas, la mayor demanda de los vecinos es una mayor presencia policial (68 por ciento), seguidas por mejoras en obras públicas, como más iluminación (17 por ciento) o eliminación de ramas que obstruyen las luminarias (6 por ciento). El 5 por ciento de los reclamos tiene que ver con figuras vinculadas al Código Contravencional, como la prostitución y los ruidos molestos, y el uno por ciento, referidas a habitantes de viviendas usurpadas.
Suárez mostró un ejemplo del resultado de las asambleas en el barrio de Flores: “Se cambió la disposición de las paradas de policías, saturando las zonas más conflictivas, como Bonorino y Directorio, y en Yerbal, junto a la vía. Esta última zona, que pertenecía a la comisaría 50, que está del otro lado de la vía, se pasó a la 38ª. Ahora es más fácil hacer el patrullaje o llegar al lugar si se produce un hecho”.
Las reuniones también sirven para que los vecinos expresen sus críticas al trabajo de la policía. Como relató un comerciante a este diario, que sequejó porque “el comisario le había cobrado los servicios de policía adicional en negro”.

 


 

AUMENTA EL NUMERO DE GENTE QUE VA A LOS POLIGONOS
Los que quieren saber tirar

Aunque, enfrentados a la inseguridad, muchos amenazan con comprarse un arma, en los hechos el número de armas vendidas para uso personal no ha crecido en forma sustancial. Pero la idea está y un número creciente se asoma a los polígonos para aprender a tirar. Eso cuenta Ricardo Torterolo, miembro del directorio de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (Aicacyp), entidad empresarial que nuclea a varias armerías. “Hay una mayor cantidad de gente –señaló Torterolo a Página/12– que se acerca a polígonos de tiro o a armerías para consultar dónde puede aprender a manejar un arma para defensa personal.” En el Club de Tiro Independencia –ubicado en Piedras al 700– reciben cerca de 20 consultas mensuales sobre este tipo de instrucción.
Según datos del Renar, en 1999 había en el país 1.938.462 armas y en el 2000 (el período abarca en realidad hasta marzo de 2001), 2.224.729. Este aumento, sin embargo, incluye la campaña de legalización, es decir que se trata de muchas armas viejas que fueron “blanqueadas”.
Según Torterolo, quienes intentan aprender a usar un arma son en general hombres: “con una edad entre 30 y 60 años, un nivel sociocultural de medio a alto, en general cabeza de familia y propietarios”. Entre quienes compran un arma, se ubican primero los que lo hacen por motivos deportivos y les siguen los que buscan defender su casa. “También están los viajantes, o gente que por su trabajo debe transitar por rutas”.
“Hay que tener en cuenta que una cosa es ser idóneo para manejar un arma, y otra cosa es ser capaz de usarla en una situación en la que está en peligro la vida propia o la de terceros”, consideró el empresario. La “idoneidad” que convierte a un ciudadano en un legítimo usuario de arma debe estar certificada por un instructor de tiro habilitado por el Registro Nacional de Armas (Renar), y para obtenerla se debe cumplir con una serie de requisitos: no tener antecedentes, poseer medios lícitos de vida, tener documento de identidad y domicilio fijo, y presentar un apto físico y otro psicológico. “Durante el entrenamiento, el individuo deberá aprender a manejar el arma sin poner en riesgo su vida o la de terceros”, explicó Torterolo.
Sin embargo, los miembros de Aicacyp le insisten a la gente que no se debe pensar en las armas como en un primer recurso para defenderse de la inseguridad reinante. “Hay una enorme cantidad de mecanismos –alarmas, vigilancia privada, rejas– que son mucho más útiles para la seguridad que un arma en sí. El arma es el último recurso, cuando el resto de los mecanismos ya fueron vulnerados”, dice Torterolo.

Producción: Silvina Seijas.

 


 

ENTREVISTA A MARIANO CIAFARDINI
“El robo con violencia se reducirá
en un 25 o en un 30 por ciento”

El secretario de Política Criminal
anuncia aquí los próximos pasos del
plan de prevención y asegura que lograrán
un fuerte descenso del robo violento en la
ciudad para fin de año.

Situación: La mayor cantidad de robos violentos son cometidos por jóvenes varones de entre 18 y 25 años, con armas cortas, desde media tarde hasta la madrugada.


Por Eduardo Videla

“Para fin de año, en la ciudad de Buenos Aires, va a haber una disminución de entre el 25 y el 30 por ciento del robo con violencia, respecto del año pasado.” La audaz afirmación pertenece al secretario de Política Criminal de la Nación, Mariano Ciafardini, autor del Plan de Prevención del Delito Urbano, el primer programa de este tipo que se aplica desde febrero en algunos barrios porteños y se extenderá en los próximos meses al resto de la ciudad. Ciafardini propone una combinación entre contención social de los sectores vulnerables con una mayor vigilancia policial, “que se puede duplicar con los recursos existentes”. Para que el plan funcione, agrega, “deben eliminarse los nichos de corrupción policial”.
–¿Han detectado un aumento de delitos en este año?
–No tenemos todavía el resultado de lo que esta pasando este año. Sabemos que en el 2000 hubo un pequeño descenso en la ciudad, que no tiene real impacto en la sensación social. Las conclusiones, en todo caso, pueden sacarse de las tendencias generales. Si tomamos las estadísticas policiales y las completamos con las encuestas de victimización, podemos arriesgar la hipótesis de que desde 1989 en adelante empezó a crecer el delito en una forma importante, se triplicó hasta el ‘96, y a partir del ‘97 hay una especie de meseta, alta, que puede tener alguna tendencia al declive en los robos a viviendas o de automotor, pero que tiene aumento en el robo con armas y robo con violencia en general. La mayor cantidad se de delitos de este tipo se da en la calle, cometidas por dos jóvenes varones de entre 18 y 25 años, con armas cortas y que se llevan dinero, desde media tarde hasta la madrugada.
–¿Por qué ocurre este aumento?
–Observamos algún tipo de paralelismo ente la curva de desocupación y el aumento de los delitos contra la propiedad hasta un punto en que la curva de desocupación sigue subiendo y el delito no sube más. En la ciudad de Buenos Aires tenemos algo interesante: la curva de desocupación es bastante paralela a la tasa de homicidios.
–Sin embargo, no puede decirse que los desocupados salgan a cometer delitos. ¿Cómo explica el fenómeno?
–Es evidente que el desocupado no sale a cometer delitos. Pero la agudización de la situación familiar o grupal a partir de que disminuye el ingreso o se transforma en nulo, impacta en los sectores juveniles marginales en mayor medida. No es el desocupado el que sale a cometer delitos, pero el desocupado es padre de una familia. Si los hijos estaban en una situación límite, el despido o la dificultad para encontrar trabajo del padre puede desatar o profundizar una crisis familiar, un abandono del hogar por parte del hijo, sobre todo los adolescentes varones que no tienen el modelo del padre trabajando. Entonces, los sectores juveniles que no tienen trabajo ni escolaridad, estadísticamente, tienen más posibilidades de entrar en una situación de ocio mezclada con fuga a través del alcohol o la droga y con necesidades de conseguir algo mínimo de dinero. Son los sectores más vulnerables.
–¿Esto explica el aumento de delitos?
–No puede explicar la delincuencia organizada en bandas, pero sí el robo tipo, que fue el que subió tanto. La policía habla mucho de que ha cambiado la forma de la delincuencia. Antes eran delincuentes profesionales, a los que la policía tenía registrados, mientras que ahora se ha masificado, en lo que es un fenómeno sociológico, donde hay masas de personas que se involucran en actividades delictivas, aunque no sea sistemáticamente. Pueden cometer un delitos hoy, estar varios meses sin delinquir y después volver a cometer varios en una semana.
–¿Ha cambiado el perfil de los delitos?
–Hay una caída de los delitos menores y un aumento de los cometidos con mayor violencia. Hay una caída del robo de objetos, como autos, pasacasetes, como se dijo en Página/12. Ahora buscan el billete, porque se empobreció el circuito ilegal de los reducidores. Por otro lado, se recurre mucho al delito violento porque hay más recaudo por parte de la ciudadanía en relación con el descuidismo. Al ser más difícil arrebatar o sacar una billetera, tienen que “salir de caño”. Es paradójico: cuanto más nos defendemos, la violencia es mayor.
–A partir de este diagnóstico, ¿cuál es la estrategia para revertir la situación?
–La estrategia que desplegamos tiene dos etapas. Una, de emergencia, de corto plazo, y la otra de largo plazo. En la de emergencia, lo que proponemos es tener un impacto en este tipo de delincuencia desorganizada espontánea. Los caminos más inmediatos están en el refuerzo de la vigilancia y en la contención social. En los lugares de la ciudad de Buenos Aires donde ya se está aplicando, la idea es que la policía vigile más y mejor con los recursos que tiene. Para esto establecimos un sistema de asambleas o consorcios vecinales, donde delegados del gobierno de la ciudad en materia de seguridad reúnen a estos consorcios y analicen la situación en el barrio. Se trabaja sobre delitos cometidos. Los vecinos vuelcan en un mapa de la zona las noticias que tienen sobre hechos cometidos y las modalidades, no para individualizar autores sino para ver si con medidas de reforma urbana y policial podrían evitar ese tipo de hechos. Si hay que cambiar la ronda del patrullero o las paradas de las consignas, o si hay problemas en una comisaría que esté muy desprovista de personal en relación con la problemática del barrio. La necesidad de iluminación o de lomos de burro. Una cantidad de factores que por sí solos no tendrían tanta importancia pero que en conjunto mejoran la situación.
–¿Hay un cambio de comportamiento por parte de los vecinos?
–Sí. Los vecinos participan de la confección del diagnóstico. Hay barrios donde han organizado con redes telefónicas por cuadras, donde los vecinos tienen todos el teléfonos de los que viven en las cuatro cuadras a su alrededor. En el caso de que alguno note algo extraño se llaman entre sí o avisan a la policía. Esto comenzó a aplicarse en Saavedra, con el Plan Alerta, una propuesta de los vecinos, pero se multiplicó en muchos lugares y nosotros en las asambleas lo estamos volviendo a proponer.
–Usted habló de contención social.
–En la zona sur vamos a trabajar con 500 planes Trabajar, con las organizaciones del barrio, las sociedades de fomento, la Iglesia, la cooperadora de la escuela, en los organismos que tengan mayor inserción en el barrio. Les vamos a dar una cantidad de planes para que ellos trabajen con jóvenes varones que no tengan ni trabajo ni escolaridad. Van a tener que hacer algún tipo de trabajo en la comunidad y cumplir con un horario de trabajo, y van a recibir 120 pesos por mes. Además, se organizarán algunas actividades sociales como campeonatos deportivos , fortalecer las murgas y las actividades culturales de cada barrio. Para volver a darles opciones de ingreso a la red social.
–¿En cuánto tiempo se verán los resultados de este plan?
–Ya llevamos realizadas 150 asambleas por las que pasaron unas 3 mil personas y la idea es tener unas 250 más funcionando permanentemente en toda la ciudad. Con esta etapa, pensamos tener un impacto de entre el 25 y el 30 por ciento de disminución del robo con violencia, es decir que si la ciudad en el 2000 tuvo 9,5 un por ciento, a fin de año, para la próxima encuesta de victimización, tendría que tener un 7 por ciento.
–Los planes sociales no resuelven el problema de las personas que vienen a cometer delitos desde la provincia.
–Eso no los vamos a bajar. Vamos a bajar los que se cometen por gente que vive en la ciudad, que creemos que es una importante cantidad porquehay muchos delitos en los que los autores no se desplazan demasiado, por cuestiones económicas, porque tiene que buscar rápidamente refugio. La vigilancia ayuda a disuadir a los que vienen de la provincia. La delincuencia organizada, sea de provincia o de acá tiene un impacto distinto. Por eso no estamos diciendo que el delito va a desaparecer sino que va a bajar en un 30 por ciento. Además, en una segunda etapa vamos a empezar a trabajar con planes contra la violencia en las escuelas, violencia familiar y en el deporte. Y también en la autodepuración de la policía.

 

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