Por Alfredo Zaiat

Con el aporte de los especialistas Héctor Giuliano y Javier Llorens, el diputado nacional del PJ, Mario Cafiero, presentó una contundente y polémica evaluación del proceso, resultado y consecuencias del megacanje de deuda. Mientras Domingo Cavallo consideró “un éxito y record mundial” la operación de permuta de títulos públicos, a medida que se empiezan a conocer detalles de esa transacción que condicionará la evolución de la economía durante los próximos años se abren interrogantes acerca de la actuación de sus organizadores. Por caso, aparecieron dudas sobre cómo se establecieron los precios de los viejos bonos a rescatar. Página/12 del jueves pasado reveló dos ejemplos (Brady Par y Discount) de los 45 títulos involucrados, que reflejaron una sobrevaluación de esos papeles con una ganancia extra para los banqueros de 35 millones de dólares.
Conocido el saldo del megacanje, con ofertas presentadas por 32.848 millones de dólares, de las cuales fueron aceptadas 29.477 millones, lo que implicó una distribución de comisiones por 140 millones entre los bancos organizadores, el Documento Cafiero llegó a las siguientes conclusiones:
- El megacanje provocará un fuerte aumento de los intereses de la deuda (más de 3000 millones de dólares por año), con un impacto en el gasto público que obligará a nuevos ajustes, convalidando niveles explosivos de endeudamiento (al 14%de interés anual acumulativo en cinco años la deuda se duplica) y comprometiendo las perspectivas de crecimiento.
- La denuncia de Cavallo sobre la existencia de cárteles financieros (“que se ponen de acuerdo para cobrarle más caro al Estado”), pone en evidencia la falta de transparencia del mercado en que se desenvolvió la megaoperación. Una prueba de ello es la inconsistencia entre lo elevado de la tasa de riesgo país y el valor de rescate alto de los bonos a canjear.
- El Poder Ejecutivo tiene autorización legal solamente para mejorar el monto y los intereses o el monto y el plazo de la deuda (Ley 24.156), de lo contrario la operación de megacanje es nula y sin efecto. Una ley especial del Congreso sería necesaria para convalidarla o bien la operación podría ser cuestionada por gobiernos futuros.
- Los canjes efectuados anteriormente (junio 2000 y febrero 2001) han incumplido la Ley 24.156 de Administración Financiera por haber acortado los plazos y aumentado la tasa. Los organismos de control (AGN y SIGEN) aún no han emitido ninguna opinión técnica que los convalide. Los canjes anteriores deben anularse, sin perjuicio de la responsabilidad personal que les cabe a los funcionarios actuantes y también de la corresponsabilidad de control de los legisladores.
- Debe pensarse que existían alternativas a esa megaoperación, que pasaban por usar el “blindaje” tal como fue concebido, hasta que se reestablecieran condiciones favorables en los mercados financieros. Asimismo es necesario una administración de la deuda más transparente y eficaz, haciendo efectivo el debido control parlamentario republicano.
Cafiero recuerda que en 1992, después del anterior “megacanje del Plan Brady”, el también ministro Cavallo pronosticó que la deuda argentina será en el año 2000 de “53.596 millones de dólares y los servicios por intereses serán menores al 1 por ciento del PBI”. “El pronóstico resultó groseramente errado, hoy como sabemos la deuda y su servicio es casi el triple de lo estimado”, señaló el diputado con sencillez.
Como si fueran pocos los 140 millones de comisión que los bancos organizadores se llevaron por hacer casi nada, Cafiero precisó que en el decreto convocando al canje se reconocieron además gastos en concepto de registración, organización, legales, impresión, traducción, distribución de prospectos y agentes de liquidación y canje por 5,1 millones de dólares. ¿Y la millonaria comisión cobrada en concepto de qué tarea fue?

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