Por
E.V.
Una
suerte de multisectorial de la producción será el telón
de fondo para el lanzamiento del compre nacional porteño,
como se denomina a la ley de defensa de la producción y el trabajo
argentino, sancionada días atrás por la Legislatura de la
ciudad. Dirigentes empresarios, sindicales y políticos, del oficialismo
y la oposición, acompañarán hoy al mediodía
al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, en el acto de promulgación
de esa ley. Un simbólico respaldo a una norma que tras algunas
reformas menores logró sortear la fuerte embestida de la
Embajada de los Estados Unidos. Su aplicación, coinciden los sectores
involucrados, significará ampliar la participación de empresas
radicadas en el país en especial, las pymes de la ciudad
en compras y contratos de obras y servicios por un monto de 700 millones
anuales.
El jefe de Gobierno, junto al presidente de la Unión Industrial
Argentina, José Ignacio de Mendiguren, encabezará el acto
de promulgación de la ley, al que también asistirán
los titulares de la CGT rebelde, Hugo Moyano, del CTA, Víctor De
Gennaro y de la Uocra, Gerardo Martínez, y representantes de la
Confederación General Económica, de la Cámara Argentina
de la Construcción y, por supuesto, dirigentes de la Alianza. No
estaba confirmada la presencia del ex gobernador Eduardo Duhalde, quien
días atrás se entrevistó con Ibarra, justamente,
para expresarle su apoyo a la ley de compre nacional.
El apoyo que recibe esta ley nos permite ser optimistas. Demuestra
que hay temas estratégicos que reciben el apoyo transversal de
distintos sectores, más allá de cualquier posición
política, dijo Ibarra a Página/12.
La norma que entrará en vigencia hoy establece una preferencia
en las contrataciones y concesiones efectuadas por organismos públicos
de la ciudad de Buenos Aires para las compañías locales,
en especial, a las micro y pequeñas empresas. El orden de prioridades,
a igual calidad de servicio, es la siguiente:
- Micro y pequeñas empresas con domicilio en la ciudad, incluso
si superan en hasta un 5 por ciento a la mejor oferta.
- Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal en la ciudad.
- Las micro y pequeñas empresas de origen nacional, incluso si
superan en hasta un 5 por ciento a la mejor oferta.
- Las empresas nacionales que produzcan bienes en el país.
- La empresas extranjeras que produzcan bienes en el país.
- Las empresas extranjeras que traigan bienes desde el exterior.
La ley, además, establece que cuando la mejor oferta sea de una
empresa extranjera, la firma nacional mejor ubicada tendrá el derecho
a ganar si puede igualar a la propuesta líder. Esta posibilidad
no será ilimitada: el Ejecutivo establecerá en la reglamentación
dentro de qué porcentaje debe estar la diferencia. Para que una
empresa sea considerada como nacional, el capital accionario mayoritario
debe ser propiedad de asociados radicados en el país.
La ley, sancionada casi por unanimidad en la Legislatura, fue objetada
por el embajador de los Estados Unidos, James Walsh, quien a través
de una carta le reclamó a Ibarra la revisión
de la norma. El diplomático argumentó que las empresas de
su país se sentían discriminadas. Hubo encontronazos en
el gabinete y negociaciones con la oposición. Finalmente, con algunas
reformas que no alteran su espíritu original, la ley fue confirmada.
Se consultó a los distintos sectores y se adoptó la
decisión política de mantenerla, concluyó Ibarra.
Apoyo
empresario y gremial
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Ignacio
De Mendiguren*.
La ley nos parece muy importante. Las compras gubernamentales
son una herramienta de los gobiernos para impulsar el desarrollo
del país. Este tipo de medidas se toma en los principales
países del mundo, como en Estados Unidos. Nos sorprendía
que Argentina, con el alto índice de desempleo que tiene,
no tuviera una ley de este tipo. El gesto de Ibarra es para destacar,
más teniendo en cuenta las presiones que recibió.
No es norma que los argentinos defiendan sus derechos, y espero
que esto sea un signo de un cambio de actitud y de tendencia.
* Presidente
de la UIA.
Víctor
De Gennaro*.
Estamos de acuerdo con todas las medidas que sirvan para
defender el interés nacional, y que puedan resolver los problemas
de la gente. Desde la CTA siempre alentamos este tipo de medidas,
que tienen que formar parte de una alternativa a este modelo basado
en las exportaciones, que sólo representan el 9 por ciento
del PBI. O seguimos beneficiando a los que vienen con los capitales
y después se fugan, o alentamos a la producción nacional.
Toda medida así alienta, pero después hay que tener
la fuerza necesaria para hacerla cumplir.
* Secretario
general de la CTA.
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