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Por
Washington Uranga
 Un
estudio hecho en nueve provincias por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
de la Iglesia Católica indica que el 66 por ciento de las comunidades
aborígenes no tiene títulos de propiedad de sus tierras,
a lo que se suman irregularidades que no respetan sus derechos legales.
Cuando se otorgan tierras a los aborígenes, se lee en el estudio
del equipo, “generalmente se entregan pequeñas parcelas –a
veces tierras no aptas, áridas– que no permiten la subsistencia”.
A lo que se agrega que en otros casos se entregan tierras fiscales que
ya están ocupadas por otros, “generándose conflictos
entre pobres y transfiriendo el problema a los grupos afectados”.
Como ejemplo, se presenta un hecho ocurrido en 1996 con la Colonia Aborigen
Chaco. El gobierno provincial entregó el título comunitario
de 20 mil hectáreas a 800 familias tobas. Pero 6500 están
ocupadas por veinte pobladores no indígenas que no han sido desalojados.
Si bien la concentración de la propiedad de la tierra es en sí
mismo un problema de orden económico y legal de gran importancia
en el país, pocas veces se toma en cuenta que los aborígenes
argentinos –los guaraníes, tobas, pilagás, mocovíes,
wichies, y otros grupo– se cuentan entre los más afectados
por esta situación. Es que por una parte se les arrebata el derecho
a las tierras que les pertenecieron ancestralmente y, por otra, se los
priva del hábitat cultural en el que pueden desarrollarse y vivir
en armonía con la naturaleza y de acuerdo a sus propias tradiciones.
Lejos de Buenos Aires y de los centros del poder, las novecientas comunidades
aborígenes del país –según los relevamientos
del Instituto Nacional Indigenista– poco tienen que decir y hacer
frente al “lobby” de los grandes grupos económicos que
siguen concentrando la propiedad de la tierra en pocas manos.
Los derechos históricos y hasta constitucionales que alegan los
aborígenes argentinos no pesan frente a la influencia real, los
contactos y el poder económico del pequeño grupo de propietarios
que en conjunto suman más de dos millones de hectáreas.
A lo que deben agregarse casos en los que, según una denuncia del
Equipo, no se respetan normas ambientales básicas. Según
el grupo eclesiástico, el Grupo Eurnekian compró grandes
extensiones de tierra en Presidencia Roca y Pampa del Indio, Chaco, y
El Bellaco, Formosa, pasando a controlar la propiedad en ambas márgenes
del río Bermejo en esa región. “En estas tierras se
llevó adelante un gran desmonte destinado a la explotación
extensiva de las tierras mediante riego artificial, con gran impacto ambiental
en la zona”, dice el informe.
A través de muchos reclamos, luchas y reivindicaciones, las comunidades
aborígenes lograron introducir en la Constitución reformada
en 1994 el reconocimiento de sus derechos como pueblos preexistentes a
la conformación de la propia nación y, mediante ese argumento,
que se les reconozca el derecho a la propiedad de la tierra que habitan
y de aquéllas, aptas y suficientes, para desenvolverse de acuerdo
a sus necesidades materiales y culturales (artículo 75, inc. 17).
Estas mismas prerrogativas se trasladaron a algunas constituciones provinciales.
Sin embargo, los textos no se traducen en acciones prácticas.
Además de los problemas de tierras, existen también dificultades
de tipo cultural respecto de la organización comunitaria de los
aborígenes. La mayoría de los grupos no aspira a títulos
individuales sino que piden la propiedad única e indivisa de toda
la comunidad, “para mantener su cohesión social y el ecosistema
y los recursos naturales”. Según señala el equipo,
“los gobiernos (provinciales) entregan pequeñas parcelas creando
conflictos y divisiones en el seno de las comunidades”.
Un ejemplo es lo que viene ocurriendo en Salta con la asociación
Laka Honat, que nuclea a 35 comunidades de distintos pueblos indígenas
que solicitaron un título único e indiviso de las tierras,
fundamentando su pedido en “las condiciones de extrema fragilidad
ambiental que presenta elChaco salteño”. El estudio señala
que a pesar de esta solicitud y del aval científico del proyecto
de distribución de tierras elaborado por la Universidad de Salta,
el gobierno provincial llevó adelante un proceso de mensura y subdivisión
de las tierras, otorgando en los primeros meses de este año pequeñas
parcelas a pobladores criollos y aborígenes, lo que generó
divisiones y conflictos.
El documento del equipo denuncia también la dilación en
la que incurren diversos organismos del Estado para cumplir los acuerdos
que garantizan los derechos aborígenes y la dilapidación
de recursos en estudios que no redundan en beneficio de las comunidades.
En base al informe, los obispos católicos argentinos, a través
de la Asamblea Episcopal, acaban de pedir “al gobierno nacional y
a los gobiernos provinciales (...) acelerar la transferencia o devolución
de las tierras que los pueblos aborígenes reclaman legítimamente”.
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