Por Victoria Ginzberg

Mónica Brull conoció a Gertrudis Hlaczik “Trudy” en quinto grado de la primaria. Se cambiaron juntas de escuela, militaron en el mismo grupo, se fueron de sus casas al mismo tiempo, casi se quedaron embarazadas a la vez y sus hijos nacieron con doce días de diferencia. Ambas fueron secuestradas durante la dictadura y fueron llevadas al centro clandestino El Olimpo, junto con sus niños. “Trudy era muy atolondrada y me acompañaba a todos lados. Siempre decíamos que como ella era muy distraída para cruzar las calles, lo único que faltaba era que nos pisara un mismo auto y nos enterraran en la misma fosa. Y la verdad que cuando nos encontramos en El Olimpo medio que nos acordamos y no dijimos nada”, cuenta Mónica, que es ciega de nacimiento. Mónica salió en libertad y se reencontró con su hijo, Pablo. Trudy y su esposo, José Poblete, continúan desaparecidos. Su hija Claudia quedó en manos del teniente coronel Ceferino Landa y su mujer, Mercedes Beatriz Moreira, y recuperó su identidad recién el año pasado. El jueves empezará el juicio oral contra los apropiadores. Mónica será una de las 36 testigos que se presentará ante los jueces Guillermo Madueño, Guillermo Gordo y Luis Di Renzi. Claudia será otro.
Mónica hizo la primaria en una escuela privada de origen alemán donde llevaba sus cosas en Braile y avanzaba a la par del resto de los chicos. En la secundaria aprendió a escribir a máquina para entregar los trabajos escritos y algunas pruebas las daba oralmente. En 1975 empezó a militar con un grupo de discapacitados que había formado parte del Frente de Lisiados Peronistas (FLP). Allí conoció a Chiche Guillén, el padre de sus hijos, y a José Poblete, un técnico tornero chileno que había perdido sus piernas en un accidente automovilístico. Su amiga Trudy también se acercó a la organización y se puso de novia con José. “El Frente como tal ya estaba algo enfriado por la propia situación de la época. Mi labor pasaba por trabajar en el Instituto de Rehabilitación en Belgrano, donde teníamos un club en el que organizábamos actividades recreativas y culturales. De alguna manera la idea era llevar el mensaje de ‘autogestión’, como se diría hoy, aunque en esa época pasaba por otro lado”, narra Mónica.
El grupo había logrado que se aprobara una ley que obligaba a las empresas a tomar entre sus empleados a un cuatro por ciento de discapacitados. Pero quienes militaban en el Instituto de Rehabilitación transmitían que “aunque la ley era importante, en la medida en que el discapacitado no fuera protagonista, no se capacitara para el trabajo, no le peleara a la vida, la integración no duraba”. Para los militares se trataba de una iniciativa peligrosa, fue la tercera ley que derogaron después del golpe de Estado.
El 7 de diciembre de 1978 en Cangallo (ahora Perón) y Uriburu, cuando planeaba encontrarse con Trudy, Mónica fue secuestrada. El operativo fue dirigido por “Clavel”, quien después se reveló como el comisario Roberto Antonio Rosa, socio del juez federal Norberto Oyarbide en el negocio de protección de prostíbulos. Trudy, José y Claudia habían desaparecido el 28 de noviembre.
Aunque todavía no se notaba, Mónica estaba embarazada: “Fue lo primero que les dije. Y los que me llevaron a la picana por orden de Julián le avisaron ‘mirá que está embarazada’. Pero Julián dijo que ‘Fulana (no se acuerda el nombre) estaba de seis meses y la aguantó, ésta también la va a aguantar, y además viólenla’, cosa que no hicieron. Lo aclaro porque es otro tipo de delito, que no está amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. Poco después de salir del Olimpo, la mujer perdió su embarazo.
Los primeros tres días de su cautiverio Mónica los pasó en la enfermería porque estaba con Pablo, el hijo de nueves meses que después fue entregadoa sus abuelos. A Trudy le dijeron que iban a hacer lo mismo con Claudia, pero la niña tuvo otro destino.
En El Olimpo, los represores no tuvieron compasión con nadie. “El trato con nosotros por ser discapacitados no era mejor ni por las tapas, pero tampoco creo que fuera peor que el de los demás. En mi caso se ensañaban porque soy judía. Pero el maltrato era moneda corriente. Si era por humillar hacían cola. A Pepe (José) también lo trataban muy mal porque era chileno y en esa época era el conflicto del Beagle”, recuerda Mónica, que actualmente trabaja en una empresa que exporta maní.
Cuando Trudy se enteró de que Mónica se iba del Olimpo, le pidió que averiguara qué había pasado con su hija. Le habían dicho que se la habían dado a la madre, pero después, a través de un llamado telefónico que le permitieron hacer, supo que Claudia nunca había llegado a sus abuelos. “No sé qué creía Trudy. Cuando estás en esos lugares, no sé si es un mecanismo de defensa o no, pero uno se cree cualquier buzón. De hecho alguna gente que murió creía que la iban a llevar a una quinta de recuperación. La verdad, que no sé qué creía. Una se resiste a pensar que la van a matar”, dice Mónica. Gertrudis y José continúan desaparecidos.
El 6 de marzo de este año el juez federal Gabriel Cavallo, que llevó el caso en la etapa de instrucción, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para poder procesar a Julio Simón, conocido como “El Turco Julián” y a Juan Antonio del Cerro, alias “Colores” –que ya estaban detenidos por el robo de la menor– por la desaparición del matrimonio Poblete. “Eso fue muy movilizante. Pero no se me cruzó eso de ‘justo con este caso’, sino más bien ‘qué suerte que lo hizo’. Es que cuando se dictaron las leyes me sentí totalmente desprotegida, porque yo había colaborado mucho en los juicios y acá nunca sabés cuándo y cómo vuelven los cucos”, asegura Mónica. En 1985 la mujer participó en una ronda de presos para reconocer a Colores. Fue en un juzgado: tres personas leyeron un párrafo de algún código judicial y Mónica señaló al represor.
Simón y Del Cerro tendrán su oportunidad de enfrentarse a la Justicia. Pero por ahora, es el turno de los apropiadores directos. “El médico militar Julio César Cáceres Monié me ofreció darme una beba que había sido abandonada. En esa época aparecían muchos bebés abandonados”, afirmó el año pasado el teniente coronel Landa cuando declaró ante Cavallo.
“La sustracción de la menor –y de sus padres– surge del contexto histórico investigado, de los que no resultaban para nada ajeno los imputados, sobre todo en el caso de Landa, que se desempeñaba como militar en actividad en el cargo de teniente del Ejército en el año 1978, profesión desde la cual no podía desconocer los métodos ilícitos empleados para combatir a la subversión y a toda forma de oposición al gobierno ilegítimo que entre los años 1976 y 1983 usurpó el poder”, dijo en su fallo el juez al procesar a Landa y Moreira.

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