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 María
Julia Alsogaray puede ser la próxima. Este jueves el juez Jorge
Urso, el mismo que ordenó la prisión de Carlos Menem, indagará
a la ex polifuncionaria que se encargó de privatizar los teléfonos
y Somisa y terminó ocupando la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente Humano.
Urso tiene en su poder dos causas que involucran a María Julia.
En una es sospechosa del pago de sobreprecios millonarios a proveedores
cuando era interventora de ENTeL. En esa causa los cargos son administración
fraudulenta y malversación de fondos, y María Julia carga
con altas probabilidades de ser procesada. En la misma causa, el fiscal
Carlos Cearras la acusó de liderar una asociación ilícita,
otro delito que la podría llevar directamente a la cárcel.
Este mes, además, la Cámara Federal confirmaría su
procesamiento por enriquecimiento ilícito.
En otra causa, el magistrado también evalúa la responsabilidad
de María Julia en el pago de hasta el 6.000 por ciento de más
en la organización de la Cuarta Conferencia sobre Cambio Climático,
en 1998.
La ex secretaria de Recursos Naturales ya fue acusada por el juez Juan
José Galeano de haber aumentado su patrimonio con maniobras ilegales
en al menos dos millones de dólares mientras ocupó distintos
cargos durante el gobierno de Menem. Y por ese motivo, tiene prohibido
salir del país sin pedir permiso a su señoría. Urso
y Cearras investigan uno de los casos que más podrían comprometerla
y agregarle otro procesamiento: el supuesto sobrepago de unos 100 millones
de dólares a proveedores de la ex ENTeL.
El expediente de la vieja empresa de telecomunicaciones empezó
con la detección, en 1992, de un pago cercano a los 10 millones
de más de la ex ENTeL a la empresa Pecom-Nec que, de hecho, la
firma tuvo que devolver al Estado. El fiscal Cearras pidió hace
ya tres años por primera vez la indagatoria de Alsogaray y, en
su última insistencia ante el juez, sostuvo que había pruebas
para interrogarla como sospechosa de asociación ilícita,
el mismo delito por el que fueron presos Menem, su cuñado Emir
Yoma, el ex ministro Erman González y el ex jefe del Ejército
Martín Balza.
Una de las hipótesis de la fiscalía es que habría
existido un mecanismo por el cual un mismo pagaré su usaba varias
veces para pagar a un mismo proveedor mucho más de lo pactado.
Una parte del dinero extra posiblemente se hayan derivado a coimas destinadas
a los funcionarios, entre ellos los que estaban ligados a la privatización
telefónica. También podía ocurrir que un mismo pagaré
se usara para abonar a distintas empresas. Cearras apoyó su acusación
especialmente en un análisis contable dirigido por el decano del
cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, Alfredo Peralta. Al
analizar el caso de Pecom-Nec, del grupo Perez Companc, los peritos los
peritos señalaron que efectivamente había pagos “sin
causa” hechos por ENTeL en 1991. El propio Peralta declaró
en la causa, y profundizó sus conclusiones al respecto.
La causa sobre la conferencia sobre clima comenzó con una denuncia
de la Oficina Anticorrupción (OA) que señaló al juez
que aunque el costo del evento había sido calculado en un comienzo
en 4.018.807 dólares finalmente costó 12.763.709. Por ejemplo,
por la coordinación del evento se pagaron 300 mil dólares
aunque es un servicio que sin mucho regateo podía costar 4.800,
según estimaron en la OA. El alquiler de mesas y sillas costó
más que comprarlas. El comité organizador estaba presidido
por María Julia y por Santiago Bignoli, el ingeniero a quien ella
le encomendó la remodelación del petit hotel donde vive,
disparador de la pesquisa por enriquecimiento ilícito en su contra.
Urso citó a María Julia a comienzos de marzo y desde ese
entonces la ingeniera afila las garras. Cuando renunció a los servicios
de los abogados Oscar Rabinobich y Roberto Eliosoff, creyó que
podría defenderse sola pero los jueces que tienen causas en su
contra la obligaron a tener un defensor oficial. Le tocó contar
con los servicios de Perla Martínez de Buck, la misma que defiende
en la causa por la venta ilegal de armas al ex titular de Fabricaciones
Militares, Luis Sarlenga, y que tuvo que asistir ante la Justicia al genocida
Alfredo Astiz. A través de su letrada, hace diez días Alsogaray
hizo una presentación espontánea ante el juzgado en la que
intenta demostrar que ella, a pesar de su rol de interventora de ENTeL,
no fue responsable por los sobrepagos a los proveedores. Dice, por ejemplo,
que el síndico de aquel entonces era quien certificaban todos esos
desembolsos, según explicaron a este diario en la Defensoría
General de la Nación.
A simple vista, ese argumento no alcanza para explicar qué hacía
a mediados del año 2000 una parva de pagarés originales
por más de 20 millones de dólares, que había pagado
ENTeL a cinco proveedores, en una caja de seguridad en la sede central
del Banco Nación que sólo tenían autorización
para abrir María Julia y uno de sus colaboradores. Dos nuevos misterios
se abrieron ante el hallazgo para los investigadores: ¿por qué
la caja llevaba cinco años cerrada? y ¿para qué María
Julia tenía esa caja si la ex ENTel tenía dos cajas propias
en su sede de San Martín 320?
Ese descubrimiento accidental de uno de los auditores de ENTel residual
estaba en sintonía con un informe que venía elaborando la
Sindicatura General de la Nación (Sigen) y que fue entregado a
Cearras a comienzos de enero de este año. El fiscal ya estaba investigando
mecanismos de sobrepago similares al del caso de Pecom-Nec pero en relación
con las empresas Siemens, Sade, Pirelli y Telettra. En la caja fuerte
del Nación había pagarés a favor de todas ellas.
En una análisis de varios casos juntos la Sigen, que conduce Rafael
Bielsa, advirtió que entre los papeles de la ex ENTeL, había
6.000 pagarés por un valor estimado 400 millones de dólares
sin ningún tipo de respaldo contable, 17 cheques originales por
90 mil dólares para ENTeL que María Julia había endosado
pero que nunca fueron depositados, pagarés mellizos y una liquidación
de una deuda a favor de Meller S.A por una suma 142 por ciento superior
a la deuda real por un aparente error en el cálculo de intereses,
entre otras cosas.
Si Urso indagará a María Julia por este tipo de manejos
sospechosos, puede encuadrarlos en principio en dos delitos –defraudación
y malversación de fondos– que son excarcelables. De todos
modos, la investigación del fiscal fue más allá y
nada impide que Urso, si cree conveniente, cambien la calificación.
Si la acusaran de comandar una asociación ilícita, iría
presa como algunos de sus ex compañeros de gestión. Pero
tampoco dormirá tranquila si eso no sucede. Si un tribunal oral
la condena por enriquecimiento ilícito y también va a juicio
por esta historia de los super sobrepagos a las empresas amigas quizá
el trámite demore más pero también puede terminar
presa.
LA POLIFUNCIONARIA PREDILECTA DE CARLOS MENEM
Apogeo y decadencia de Alsogaray (h)
Por
Luis Bruschtein
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