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Por
Santiago Rodríguez
 El
jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, promulgó
ayer la ley de compre argentino rodeado de representantes de todo el arco
empresarial, sindical y político. “Leopoldo Marechal decía
que de los laberintos se sale por arriba”, se entusiasmó el
secretario de Desarrollo Económico porteño, Eduardo Hecker,
a propósito de semejante convocatoria que constituyó un
respaldo simbólico frente a las presiones de la embajada de Estados
Unidos y de otros países en contra de la norma y sirvió,
además, de marco para el anuncio de otra medida tendiente a reactivar
la producción: la rebaja de hasta un 58 por ciento del impuesto
a los Ingresos Brutos que pagan las pequeñas y medianas empresas
en el distrito. “La ciudad está en condiciones de ser el motor
de la reactivación económica”, destacó Ibarra
y llamó a debatir “un nuevo proyecto de nación”,
así como a “reformular en serio los acuerdos federales que
sostienen la organización política de la Argentina”.
La Ley de Defensa de la Producción y el Trabajo Argentino, así
es en verdad como se denomina, fue aprobada casi por unanimidad por la
Legislatura porteña hace poco más de un mes. La norma establece
básicamente una preferencia para las empresas locales, y en particular
las Pymes, en las compras, contrataciones y concesiones que haga la ciudad.
La ley fue consensuada por los bloques mayoritarios y los artífices
de ese acuerdo fueron, entre otros, el frepasista Ariel Schifrin, el belicista
Enrique Rodríguez y los peronistas Eduardo Valdez y Alberto Fernández.
Ibarra alentó la sanción de la ley y la capitalizó
políticamente: en el acto de promulgación lo acompañó
el titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, quien se deshizo
en elogios hacia el jefe de gobierno porteño por su decisión
de mantener la norma en pie a pesar de los fuertes embates que recibió
del extranjero para vetarla.
Así como la Legislatura sancionó la ley, el jefe de gobierno
tuvo que lidiar con las presiones en contra de la iniciativa. La más
fuerte provino del embajador norteamericano, James Walsh, quien por medio
de una carta le reclamó directamente la “revisión”
de la ley con el argumento de que las empresas de su país se sentían
discriminadas. En su reciente visita a París, Ibarra también
cosechó cuestionamientos similares.
“Con esta ley estamos aprovechando el poder de compra que posee la
ciudad para beneficio de la producción y el trabajo locales; estamos
agregando un nuevo instrumento a nuestra política de apoyo concreto
a las pequeñas empresas, que son las grandes creadoras de fuentes
de trabajo y las promotoras del desarrollo económico”, destacó
Ibarra en el acto.
De Mendiguren no fue el único que lo escuchó y lo aplaudió
al finalizar su discurso: a su lado estuvieron también el líder
de la CGT disidente, Hugo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro; y Gerardo Martínez,
en nombre del secretario general de la CGT oficial, Rodolfo Daer; el presidente
de la Cámara Argentina de la Construcción, Eduardo Baglietto;
hombres de negocios de la talla de Aldo Roggio y Gregorio Chodos; y representantes
de todas las cámaras empresariales del país.
Ibarra también recibió el apoyo de la dirigencia política.
En el acto estuvieron desde el presidente de Diputados, Rafael Pascual;
el titular del bloque de la Alianza en la Cámara baja, Darío
Alessandro; el senador frepasista Pedro Del Piero; representantes de todas
las bancadas de la Legislatura –salvo las de izquierda que no acompañaron
la ley– y hasta el menemista Mario “Pacho” O’Donnell,
quien se acercó especialmente a felicitar al jefe de gobierno.
“Debo confesar que tengo un grado de emoción importante al
ver a todos los sectores de la producción y el trabajo juntos”,
dijo De Mendiguren -el único en hablar, además de Ibarra–
y definió a la ley de compre argentino como una “herramienta
esencial para el desarrollo”. Después, se desvivió
en elogios hacia el jefe de gobierno: dijo que “nos sentimos muybien
cuando defendió este derecho; vimos que se empezaba a entender
la racionalidad de la economía argentina, que las mesas de negociación
no son de concesión” y remató con que “usted y
la Legislatura nos han devuelto la esperanza. Con esta ley se promueve
el empleo y la riqueza y a futuro se hace un país viable que entusiasme
a todos los argentinos”.
Ibarra terminó de darle significado político a semejante
escenario cuando remarcó que la ciudad “puede cumplir una
función clave en la recomposición de la actividad productiva
argentina, críticamente afectada por la recesión y el desempleo”
y señaló que “basta observar el clima emocional colectivo
que se ha generado en torno al conflicto de Aerolíneas Argentinas
para advertir que el debate sobre el país que queremos es la gran
expectativa social latente”. Un debate en el que dijo deben participar
los sectores de la producción y el trabajo, las fuerzas políticas
y en el que se reservó un lugar protagónico, sentado a una
mesa de “las provincias y la nación para reformular en serio
los acuerdos federales que sostienen la organización política
de la Argentina”.
Ahora,
a reglamentar
La
ley de compre nacional es una herramienta que existe en muchos países.
En la Argentina fue, incluso, sancionada a nivel nacional pero no
está vigente porque el Gobierno no la ha reglamentado, un trámite
que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires se comprometieron
a cumplir a la brevedad. En el caso porteño, como en los demás,
lo que establece la norma es un sistema de preferencia para las empresas
nacionales en las compras, contrataciones y concesiones que realice
la comuna. Así, a igual calidad tienen prioridad las micro
y pequeñas empresas con domicilio en la ciudad, incluso si
superan en hasta un 5 por ciento la mejor oferta, y en segundo término
las demás firmas nacionales domiciliadas en el distrito. El
orden de preferencia continúa con las micro y pequeñas
empresas de origen nacional seguidas por las compañías
nacionales. Las empresas extranjeras que produzcan bienes en el país
y las que traigan directamente bienes del exterior quedan como las
últimas dos opciones. La ciudad gasta en compras entre 700
y 800 millones de pesos al año. |
120
mil pymes en la espera
La
rebaja impositiva que Aníbal Ibarra anunció ayer será
efectiva una vez que la Legislatura apruebe la iniciativa que el Ejecutivo
remitirá al término de esta semana. El proyecto prevé
una reducción de Ingresos Brutos para las pequeñas y
medianas empresas del 11 al 58 por ciento según sus niveles
de facturación. La rebaja alcanzará a alrededor de 120
mil pymes, que representan el 50 por ciento de las que existen en
la Ciudad de Buenos Aires y generan más del 30 por ciento del
empleo local. El objetivo del gobierno porteño es promover
la reactivación económica y simplificar el pago de impuestos
a ese grupo de empresas que tienen una facturación inferior
a los 96 pesos anuales. El actual sistema de determinación
del impuesto, basado en la aplicación de una alícuota
sobre la facturación, será reemplazado por una suma
fija según la envergadura de cada empresa. El secretario de
Desarrollo Económico, Eduardo Hecker, destacó que la
idea del gobierno porteño es “poner particular atención
a las políticas económicas locales sin esperar y dejar
todo en manos de la nación”. |
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