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 El fiscal Carlos Stornelli pidió
ayer el procesamiento y la prisión preventiva del ex jefe del Ejército,
Martín Balza, como “organizador” de la asociación
ilícita que vendió ilegalmente armas a Ecuador y Croacia.
Stornelli asignó al militar un papel clave en la maniobra y destacó
que formó parte de un “acuerdo de voluntades” que hizo
posible su concreción. El pedido del fiscal es poco alentador para
el ex presidente Carlos Menem, en cuyo entorno admiten desde un comienzo
que su suerte está atada a la de quien estuvo casi nueve años
al frente del Ejército durante su mandato.
La figura que Stornelli le imputa a Balza es la misma que aplicó
en el caso del ex ministro de Defensa, Antonio Erman González,
también detenido en el marco de la causa por la venta ilegal de
armas. Se descuenta que muchos de los argumentos que el fiscal expuso
en el pedido que le giró a Urso ya figuran en el borrador del requerimiento
que le hará al juez para que también procese y le dicte
la prisión preventiva a Menem. En el caso del ex presidente, la
figura delictual ya no será la de “organizador”, sino
la de “jefe” de la asociación ilícita que perpetró
el desvío del armamento.
“Lo que parecía en la génesis de la investigación
un aislado caso de incumplimientos de los controles por parte de los funcionarios
encargados de velar por la corrección en las tramitaciones de las
exportaciones de material bélico fue luego develándose como
una modalidad con similares características”, destacó
Stornelli. Así, profundizó la línea que establece
la existencia de una asociación ilícita en contra de la
opinión de los menemistas de que es ridículo aplicar esa
figura penal a un Presidente y sus ministros y colaboradores.
Stornelli no sólo hizo esa apreciación a contramano de la
estrategia menemista, sino que fue todavía más allá:
“Todo –subrayó– valía para el logro de los
fines propuestos: reiteradas maniobras de contrabando, declaraciones aduaneras
engañosas, malversación de efectos del Estado, innúmeras
violaciones de los deberes de funcionario público, una verdadera
catarata de falsedades documentales que abarca desde falsos convenios
o expedientes administrativas, falsedades ideológicas de actas
de verificación de mercadería de incineración de
material explosivo, hasta llegar a la falsedad ideológica de los
decretos presidenciales objeto de la pesquisa.” A juicio del fiscal,
todos esos elementos “hablan a la claras de un quehacer común
y permanente en la comisión de un indeterminado número de
hechos ilícitos que permitió verificar el acuerdo implícito”
de una asociación montada a los fines de vender armas en forma
ilegal.
Balza está detenido desde la semana pasada en la sede del Comando
de Institutos Militares en Campo de Mayo, donde hoy almorzará con
su mujer, sus hijos y uno de sus abogados defensores, Manuel Lozano, con
motivo de su cumpleaños número 67. El pedido de Stornelli
para que le dicten el procesamiento y la prisión preventiva no
hacen más que complicar su situación en la causa.
Stornelli recordó que a lo largo de la investigación se
detectó “un importantísimo movimiento de efectos de
arsenales del Ejército” y asignó a Balza un papel protagónico
en la maniobra. En ese sentido, enfatizó que “existen claros
indicios” de su participación en el ilícito, así
como de quien fuera subjefe de esa fuerza, Raúl Gómez Sabaini.
El juez ya había dictado en su momento el procesamiento de Gómez
Sabaini y Stornelli pidió la ampliación de ese medida en
orden a los delitos de asociación ilícita y falsificación
de documento público.
En contra del ex jefe de esa fuerza expuso también la declaración
del ex titular de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga. “En el
contexto de la concreción de la operatoria realizada al amparo
del decreto del Poder Ejecutivo 103/95, hizo referencia Sarlenga a que
al decidirse a pedir material al Ejército Argentino recibió
un llamado del general Balza, quien le recriminó haber hablado
con el presidente desde que no era ello necesario por tener Fabricaciones
Militares todo el material que precisara siempre que fuera beneficioso
para la fuerza”, reseñó el fiscal.
En el mismo sentido, utilizó Stornelli la declaración del
coronel Hugo Molinari, quien era agregado militar en Perú y aseguró
ante el juez haber informado en su momento de la presencia de armas argentinas
en Ecuador.
Menem tuvo durante sus diez años de mandato una estrecha relación
con Balza, quien en su última declaración ante Urso involucró
en el caso al ex secretario General de la Presidencia, Alberto Kohan,
al asegurar que hace un par de años le propuso imputar el desvío
de las armas a los intermediarios. Si como él mismo y su entorno
consideran su suerte está atada a la de Balza, su futuro no es
de lo mejor.
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