“Estoy haciendo consultas con juristas de mi confianza para que me expliquen el tema de la asociación ilícita”, dijo ayer Raúl Alfonsín, que hasta el momento casi no había hablado sobre la detención de Carlos Menem. La declaración del ex presidente no sólo revela sus dudas sobre los fundamentos jurídicos de la decisión de Jorge Urso. También es una muestra de la inquietud de Alfonsín ante los posibles desequilibrios institucionales que podría haber generado el arresto del riojano. “Ahora está más tranquilo, pero al principio estaba bastante preocupado”, aseguran sus voceros.
Ayer, luego de una reunión de la Internacional Socialista en el Hotel Intercontinental, el jefe del radicalismo fue consultado sobre el arresto del riojano. Cauto, Alfonsín dijo que es “un problema” que quiere “dilucidar” cuidadosamente. “Tiene muchas consecuencias. En este punto hay que esperar hasta tener una idea más acabada”, explicó.
Un par de semanas atrás, apenas se enteró de que Urso había solicitado la indagatoria de Menem, Alfonsín se reunió con el ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Aunque es abogado, el ex presidente quería entender un poco mejor cuáles eran los fundamentos del magistrado de boca de un especialista. Por eso también consultó a Arnoldo Kleiner, el operador judicial más destacado de la UCR.
Los dos juristas coincidieron en que es prematuro arriesgar un análisis definitivo, ya que la situación procesal de Menem –el arresto preventivo- está supeditada a una decisión definitiva del juez. Por eso dijeron que recién podrán realizar una evaluación sólida del caso cuando Urso avance en un medida más de fondo, que seguramente será el procesamiento. En ese momento se conocerán las pruebas y el resto de los fundamentos jurídicos de la decisión.
De todos modos, los juristas aseguraron que, en principio, parece difícil que el magistrado argumente de modo sólido un eventual procesamiento. Según explicaron, para probar el cargo de asociación ilícita es necesario demostrar que Menem y los funcionarios detenidos firmaron los decretos de la venta de armas con el único objetivo de desviarlas de su destino de origen. “Hay que probar que todos sabían desde un primer momento que iban a otro lugar. Más allá de las suposiciones, parece algo difícil de demostrar”, le dijeron a Alfonsín.
Algo de esto reconoció ayer el ex Presidente. “Ahora se harán los estudios que correspondan para ver el grado de culpabilidad que pueda haber, si hay o no hay asociación ilícita”, aseguró, cuidadoso. Y después, ante una consulta de los periodistas, respondió a los dirigentes del PJ -como Eduardo Menem– que atribuyen el arresto de Menem a un persecución política. “Desde un punto de vista humano nadie puede alegrarse por la detención de alguien. Pero no hay persecución política, por lo menos desde el punto de vista del Gobierno. Hay que recordar que por encima de todo aquí hay independencia de los poderes”, explicó el caudillo radical.
Más allá de las cuestiones jurídicas, el asunto también tiene un costado político. Según cuentan en el Comité Nacional de la UCR, Alfonsín se alarmó bastante cuando se enteró de que Menem estaba tras las rejas. “Pensaba que iba a haber una reacción importante del peronismo y que esto traería problemas, que generaría algún tipo de tensión”, comentaba ayer uno de sus asesores. “Pero al final la reacción fue menor a la que esperábamos y ahora está mucho más tranquilo”, concluían cerca de Alfonsín.

PRINCIPAL